¿La volatilidad del dólar dependerá de la incertidumbre país?

El alza del dólar al acercarse a $3.500 produjo diferentes interpretaciones y predicciones sobre las razones de su volatilidad y su futuro.

Aunque se destacaron mucho los efectos que sufriríamos o podríamos sufrir internamente, no se hizo énfasis en la comparación con los movimientos que pudieron tener otras monedas. El hecho es que la nuestra ha tenido más fluctuaciones y de mayor calado que casi todas. En Latinoamérica solo países en crisis política como Argentina y, obviamente Venezuela, se desvalorizaron más y en términos mundiales el paralelo fue Turquía.

Parte de los cambios coinciden con circunstancias internacionales como la guerra comercial declarada por Trump contra China y los vaivenes alrededor de esto; y tal vez la mayor inestabilidad de nuestro peso se puede explicar por la excesiva dependencia de los precios del petróleo, que a su turno es el primer afectado por los movimientos geopolíticos.

Pero esos son los factores de incidencia normal. Lo curioso es el poco efecto que sobre la cotización del dólar produce la incertidumbre que vivimos. Y lo inquietante es la forma en que ciertos elementos particulares a nuestro país puedan tener en cualquier momento sobre el valor de la divisa.

Se puede entender lo poco que se movió por el temor de una nueva guerra con las declaraciones de Iván Márquez, ya que su retorno a las armas era dado por descontado, y poco futuro se le da a esa aventura.

Pero el nuevo escenario político que se plantea –especialmente por el expresidente Uribe y sus huestes– sí supone un elemento de inquietud. La

reacción ante lo planteado por el guerrillero hace que la pretensión de acabar con la JEP –o ‘volver trizas los Acuerdos’– deja de ser un objetivo tácito y pasa a ser explícito y declarado como propuesta.

Como repercusión en las relaciones (o más bien confrontaciones) con el gobierno de Maduro, este en la práctica volvió explícito su apoyo a la subversión contra nuestro gobierno. Con ambos declarando el propósito de tumbar el gobierno vecino, existe de facto es una declaratoria de guerra que con cualquier incidente puede pasar a las armas (con la activación del Tiar cada vez nos acercamos más).

La incertidumbre en la situación económica no es menor. El que hasta el último momento no se sepa la suerte del presupuesto de la Nación solo puede dar inseguridad a lo que llaman ‘los mercados’.

Y el que a las malas se apruebe en forma incompleta por no tener totalmente definida la fuente de los recursos plantea no solo un problema de manejo financiero sino hasta cierto punto dudas jurídicas; ¿la obligación legal no es que se presente y se apruebe un presupuesto equilibrado y no con vacíos a llenar discrecionalmente por el Ejecutivo?

Es previsible la aparición de varias demandas. Pero varias demandas tienen ya lo que supone ser solo un complemento, como es la famosa ‘Ley de Financiación’.

Como se sabía que las amnistías las tumbaba la Corte Constitucional, se le disfrazó con el nombre de ‘impuesto’; y como la creación de nuevos impuestos requeriría de un Acto Legislativo, se le disfrazó como el ajuste que permite la Ley al presupuesto; esto a pesar de que el presupuesto aún no existía y que este se encuentre hoy algo en entredicho.

Y ahora, ante la alta probabilidad de que se declare su inconstitucionalidad, se acude a la estrategia de postergar el respectivo fallo hasta después de conseguir el recaudo, aún a sabiendas de que lo que se hace es consolidar la inseguridad jurídica ahora en el campo económico.