El reto regulatorio de TikTok

TikTok reúne varias características únicas: genera confrontación geopolítica entre Oriente y Occidente, representa un desafío nunca antes visto para el regulador, disparó la adicción a redes sociales de los menores de edad de todo el mundo, implica la disposición de un volumen colosal de datos para una empresa (solo el año pasado se descargó más de 750 millones de veces) y, como quedó demostrado en Colombia por el caso de pedofilia, atrae el interés de buenos y malos para acceder especialmente a los jóvenes de la Generación Z (1994 al 2000).

El perfil público de TikTok se elevó la semana pasada, en todas las generaciones, por cuenta de la jurásica decisión de Trump de prohibir TikTok en su país por la posibilidad, según él, de que el Gobierno chino la utilice con fines de espionaje y por el riesgo que supone para la privacidad de los estadounidenses. Ve la aplicación como una amenaza contra la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos.

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Dice estar amparado por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que le permite forzar la venta de la aplicación, bloquear su uso o congelar sus activos en el país. Sin embargo, este no es el primer ni único conflicto geopolítico de TikTok. India, en junio pasado, incluyó a la red social entre las 59 aplicaciones de origen chino que fueron bloqueadas en ese país, alegando también que su uso podría ser perjudicial para la soberanía y la seguridad de la Nación.

No cabe duda de que las medidas adoptadas por los gobiernos de Estados Unidos e India desconocen derechos fundamentales sociales y económicos de sus ciudadanos. Sin embargo, tampoco es conveniente la nociva desregulación en la que operan las redes sociales y particularmente TikTok en casi todos los países del mundo.

Los gobiernos, más allá de medidas de protección de la seguridad nacional, deberían regular el impacto en la salud mental y en el desarrollo integral de las nuevas generaciones. Las redes sociales, destacándose TikTok, tienden a convertirse más en un importante problema de salud pública, que en uno de seguridad nacional. No es menor el hecho, divulgado por The Wall Street Journal, de que los tiktokers, entre 13 años y 20 años, destinan 52 minutos diarios a lo que parece ser una adicción.

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Los defensores de la libertad en las redes sociales en Colombia buscan amparo en nuestro ordenamiento jurídico para rechazar cualquier medida regulatoria. Invocan la garantía a toda persona de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la no censura. Los límites más claros, pero a todas luces insuficientes, los estableció la Corte Constitucional al garantizar el derecho a la libertad de expresión en redes sociales teniendo como excepciones inquebrantables la pornografía infantil, la instigación pública y directa al genocidio, propaganda de la guerra y apología del odio, la violencia y el delito.

Adicionalmente, la Corte ha dicho que existe una situación de indefensión cuando se realizan publicaciones que afectan la honra o buen nombre de las personas a través de las distintas redes sociales sobre las que el afectado no tiene la posibilidad de reaccionar o defenderse. Es claro, entonces, que nuestro legislador se ha preocupado por los riesgos asociados a la interacción entre ciudadanos, pero descuidando totalmente la relación entre la empresa de la aplicación y el ciudadano. 

Ni la ley ni la jurisprudencia han abordado los principales riesgos que se derivan de las decisiones de las empresas que están detrás de aplicaciones como TikTok, dentro de los que sobresalen el acceso y control de información de menores de edad; la evidente ausencia de autorregulación de las mismas para restringir juegos o actividades que pongan en riesgo la integridad humana, como es el caso de los retos TikTok que amenazan la salud física y mental (por ejemplo, vacuumchallenge); la desbocada libertad de desarrolladores para involucrar inconsultamente a los usuarios de las redes con juegos, contenidos interactivos, concursos y actividades casi impuestas a menores de edad, y las invasivas campañas de publicidad que no disciernen edades, educación, cultura ni nada, a la hora de tomarse la pantalla.

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El debate sobre TikTok en Colombia y en el mundo coincide con el éxito del documental El dilema social de Netflix. O quizás no sea coincidencia. Es arrollador descubrir que fundadores y expresidentes de exitosas empresas mundiales de tecnología y de plataformas digitales reconocen el perjuicio que las redes sociales tienen y tendrán en el desarrollo de nuestra sociedad.

“A medida que crecen las big tech, crece la depresión y la adicción”, “si no pagas por el producto, tú eres el producto”, “todos somos ratas de laboratorio”, “se necesita un nuevo modelo de negocio e intervención de los gobiernos” y “la sostenibilidad de nuestra sociedad está en juego porque las redes nos llevan a autodepredarnos, a autoatacarnos” son algunas de las conclusiones literales. La conclusión está a la vista: redes sí, pero reguladas de verdad. No nos comamos el cuento de que es un problema exclusivo de padres y educadores. El regulador tiene que hacer su trabajo. O iremos rumbo al colapso social.