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Opinión

  • | 2019/07/16 00:01

    Conclusiones de la Visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Colombia

    El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más allá de extender por un año más la verificación de los acuerdos, podría ayudar al país y al mundo en la condena de delitos de lesa humanidad, como los cometidos en el Amazonas colombiano.

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La reciente visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a nuestro país fue un hecho positivo, que muestra el compromiso de este organismo internacional con la paz en Colombia. En medio de una agenda relámpago, los 15 miembros del Consejo tuvieron en sus tres días de visita reuniones en Bogotá, así como una visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Caldono (Cauca), donde tuvieron la oportunidad de oír a comunidades indígenas y reinsertados.

El presidente del Consejo de Seguridad y embajador del Perú, Gustavo Meza-Cuadra, manifestó que “Los miembros del Consejo se llevan una visión compartida de que el proceso de paz es un objetivo que todos en Colombia, en este momento, comparten como un objetivo muy importante. Pero también sabemos que hay desafíos y los hemos visto, escuchado, entre otros el tema de algunos asesinatos de líderes sociales”.

Este último punto, el asesinato de líderes sociales se convierte en el gran lunar de la visita. De acuerdo con un informe publicado recientemente, 702 líderes sociales y 135 excombatientes han sido asesinados luego de la firma de los acuerdos. Este informe también afirma que de estos, 499 víctimas han sido líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y comunales. 

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La causa principal del asesinato de estos líderes es el conflicto de tierras. El 71,08 % de los asesinatos corresponderían a personas que defendían sus territorios, así como la protección de los recursos naturales. Muchas de estas muertes estarían relacionadas con la proliferación de los cultivos de coca. La protección del ambiente es un tema determinante; la mayoría de los líderes asesinados son ambientalistas, personas cuya única ambición es evitar la deforestación, la protección de la fauna y la flora, así como de la biodiversidad propia de sus tierras.

El caso más emblemático es el de Francia Márquez, conocida mundialmente por ser la ganadora del Premio Nobel ambiental (así se le conoce al premio Goldman, el cual ganó). Gracias a la acción audaz de las autoridades, así como del equipo de protección que el Gobierno nacional le asignó, su asesinato pudo evitarse, dejando en todo caso claro que los tentáculos de los carteles de Sinaloa y de Jalisco estarían detrás de este y en general, de los asesinatos de todos los líderes sociales. Esta denuncia pública ya la había hecho en el pasado el defensor del Pueblo de Colombia, argumentando además que esto sería consecuencia de su oposición continua a los cultivos ilícitos y a la minería ilegal.

Colombia es el tercer país del mundo más peligroso para líderes ambientales, luego de Brasil y Filipinas, de acuerdo con la ONG Global Witness.

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El narcotráfico como delito de lesa humanidad

El acuerdo de paz se cimentó sobre la base de que todos aquellos delitos considerados de lesa humanidad no serían amnistiables. El narcotráfico se calificó como un delito político conexo, razón por la cual se permitió la amnistía, entre otros de Jesús Santrich.

De acuerdo con la Corte Penal Internacional (CPI), en un fallo histórico emitido en el 2016, la deforestación de los bosques, y en general la destrucción ambiental son y serán considerados delitos de lesa humanidad. El despojo de tierras, así como el acaparamiento de las mismas también. De manera específica, la CPI podría tomar medidas en cualquiera de los 139 países que se han adherido al Estatuto de Roma, cuando el delito se comete en alguno de estos países, o si el Consejo de Seguridad de la ONU hace alguna referencia a un caso en concreto. Estos crímenes deberían haber tenido lugar luego de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, es decir, luego del 1 de julio de 2002.

El presidente Santos en declaraciones dadas a la prensa española en Madrid, el año pasado, reconoció su responsabilidad directa en el aumento de los cultivos ilícitos. Esa herencia nefasta la recibió el actual gobierno, con las consecuencias que todos conocemos.

La deforestación, el acaparamiento de tierras, y en general los delitos cometidos contra el ambiente, tal como lo mencioné anteriormente, son considerados por la Corte Penal Internacional, delitos de lesa humanidad, razón por la cual deberán ser condenados como tales. En ese orden de ideas, la libertad de Jesús Santrich jamás debió darse, lo cual ha desestabilizado de manera importante nuestra institucionalidad, así como el acuerdo de paz.

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Ruego entonces desde esta tribuna, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que los delitos ambientales cometidos luego de la entrada en vigor del Acuerdo de Roma, sean condenados, particularmente en un país como Colombia, donde la selva y los bosques tropicales del Amazonas, considerado como el pulmón del mundo, han sido y continúan siendo continuamente devastados, como consecuencia del narcotráfico. Actos como estos atentan contra toda la raza humana, las generaciones actuales y las que están por venir.

Condenas ejemplares como la que ha debido recibir el señor Santrich faltan, para así evitar el asesinato y atentados contra líderes sociales como Francia Márquez, nuestra premio nobel ambiental. Creo que en esta materia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría darnos una mano y con eso ayudar no solamente al país, sino al mundo entero, pues actuaciones criminales en contra de la naturaleza, lo cual ha derivado en el asesinato de líderes ambientales deben ser duramente castigadas.

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