Uber: de la crisis a una oportunidad

Nunca desaproveches una crisis grave, te da la oportunidad de hacer las cosas que no podrías hacer en otro momento. La frase, acuñada en 2009 por Rahm Emanuel, el exjefe de gabinete de Obama, pudiera aplicarse al contencioso derivado del reciente fallo de la SIC que ordenó suspender a la plataforma Uber.

El conflicto generado a partir de la demanda presentada en el 2016 por Cotech es de grandes proporciones, pues involucra a 250.000 taxis, 88.000 socios conductores de Uber, unas 500.000 familias que derivan su sustento de la industria y no menos de 8 millones de usuarios. El Gobierno y El Congreso no pueden entonces eludir la responsabilidad de actualizar las reglas del transporte público en Colombia, no obstante que el debate comienza a estar plagado de distorsiones y mitificaciones que en nada contribuyen a encontrar soluciones.

En primer lugar, a pesar de que hemos sido defensores e impulsores de todas las iniciativas de modernización del sector TIC, del desarrollo de plataformas tecnológicas y de la economía colaborativa, la decisión en contra de Uber no puede ser calificada como un mensaje negativo a la inversión extranjera, ni una violación al principio de neutralidad de la red, ni al Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, razón con la que amenazó Uber para demandar a Colombia.

En segundo lugar, hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó en diciembre de 2017 que Uber es una empresa de transporte en lugar de un servicio tecnológico, argumento con el que ha sido suspendida en varios países y ha debido ajustarse a los requerimientos de otros. Uber debe entonces entender que no puede ser reacia cumplir con las leyes colombianas que nivele las cargas y obligaciones a todos los prestadores del servicio.

La pelota está en el campo del gobierno y el Congreso, pues cualquier solución debe apuntar en la modernización de la regulación de cada sector económico al mismo ritmo que lo hace el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de esta manera lograr la transformación digital, que para el servicio público de transporte individual de pasajeros pasa por flexibilizar las normas actuales que son muy restrictivas de la competencia y de la libertad de prestación de servicios, cambios como:

Primero, eliminar la limitación del número de taxis a través de cupos que ha generado una prestación ineficiente del servicio público de transporte individual de pasajeros, y pasar de un régimen de exclusividad a un régimen de habilitación general, con requisitos a vehículos y conductores que garanticen una prestación eficiente, segura y a precios razonables.

Segundo, debe permitirse la utilización de vehículos particulares para la prestación del servicio público de transporte individual de pasajeros, por la relevancia económica de estos vehículos y su grado de infrautilización, los beneficios adicionales que se les podría extraer son enormes.

Tercero, sin importar quién preste el servicio, movilizar personas como actividad económica debe conservar el carácter de servicio público, por ser una actividad esencial para la vida en sociedad; prestarse bajo la responsabilidad de una empresa debidamente constituida y habilitada que garantice una prestación eficiente, la seguridad social y cualificación del conductor, los requisitos de los vehículos, y los seguros de responsabilidad civil.

De esta forma, se estaría comenzando a resolver un problema de gran calado social, económico y político que se agrava en un país con tal altas tasas de desempleo.