Ranking de abogados: ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el sector legal?

Aunque el mercado legal se enfrenta permanentemente a transformaciones, ajustes, tensiones y riesgos en los distintos sectores y en la política pública, pocas veces ha estado en un escenario tan volátil, convulsionado y cambiante.

Desde el punto de vista económico, tras la pandemia vinieron dos años de crecimientos históricos que marcaron la recuperación de la economía, pero no llegaron solos.

Estuvieron acompañados de altas inflaciones, aumento de tasas de interés y un dólar que se movía como si estuviera en una montaña rusa.

La situación coincidió con la llegada del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Así, los cambios propuestos por Gustavo Petro le han añadido un componente de incertidumbre política a la economía.

El denominado ‘gobierno del cambio’ ha planteado profundas reformas sociales, transformaciones estructurales en la salud, las pensiones y el mercado laboral; cambios tributarios y otros anuncios como, por ejemplo, la decisión de no hacer más contratos de exploración petrolera o la de retomar las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Estos y otros hechos agitaron los mercados y generaron incertidumbre.

Y este año llegó la etapa de desaceleración de la economía, no solo en Colombia sino también en el mundo. En el segundo trimestre de este año, el crecimiento estuvo muy cercano a cero y encendió las alarmas del aparato productivo, al tiempo que se discuten las reformas en el Congreso y el Gobierno, con su batería legal, avanza en cambios, a través de regulaciones y decretos, en sectores como el agrícola, el minero-energético y el ambiental. Y en medio de un entorno polarizado y tenso.

Para las firmas de abogados este tsunami de hechos ha generado desafíos gigantescos para la prestación de sus servicios y han tenido que ajustarse a un contexto casi inédito, demostrando la tradicional resiliencia del sector de servicios legales, que se adapta a los ciclos de la economía y, en este caso, también de la política.

Como advierte Martín Acero, socio director de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) a nivel regional, la volatilidad es un fenómeno mundial y tal vez lo más parecido a la actual coyuntura del país fue hacia finales de los años 90, cuando coincidieron escándalos políticos con recesión económica y descertificación de Colombia por parte del Gobierno de Estados Unidos. “Para empresarios e inversionistas se trata de oportunidades. Son épocas para decisiones de negocios”, dice.

¿Cómo moverse en esta coyuntura? Jaime Herrera, socio de Posse Herrera Ruiz, dice que los asesores legales enfrentan retos en la forma de atender las situaciones de los clientes, cómo manejar los riesgos que enfrentan y acompañarlos para encontrar soluciones.

Si bien algunas prácticas se han resentido, otras se han dinamizado. Por ejemplo, en algún momento del último año, un área como la de fusiones y adquisiciones se desaceleró ante la incertidumbre de los anuncios del Gobierno, del movimiento del dólar y del impacto de las altas tasas de interés para la financiación. Sin embargo, ha vuelto a agarrar tracción no solo con inversionistas más enfocados al riesgo, sino también porque quienes tienen el capital están activando las movidas. Otras áreas como infraestructura, minería, petróleo y gas han estado a la expectativa, a la espera de definiciones del Gobierno, como la hoja de ruta de la transición energética.

Entre tanto, prácticas como litigios, temas ambientales, de ciberseguridad y de compliance, así como las que atienden reformas, en el campo laboral o de la salud; o incluso a la espera de las decisiones de la Corte Constitucional en materia tributaria, han tenido un particular movimiento.

“Temas como los macroeconómicos y financieros han hecho que hayamos tenido que ser muy creativos en la mejor forma de diseñar las estructuras que sirven a nuestros clientes y a las transacciones en las cuales participamos”, explica Carlos Fradique-Méndez, socio director de Brigard Urrutia.

En el mercado legal, la naturaleza contracíclica de algunas prácticas genera una mezcla de los servicios ofrecidos que les permiten a las firmas ajustarse en la dinámica.

“Debido precisamente a este nuevo panorama, hay una demanda por parte de los clientes en general de, tal vez, un tipo de trabajo diferente: cómo enfrentarse a las reformas, a la incertidumbre que se está generando por los diferentes anuncios para tratar de proyectar qué va a pasar con la actividad económica en el futuro, por lo menos en estos próximos tres años”, advierte Mauricio Piñeros, managing partner de Gómez Pinzón.

Con el triunfo del presidente Gustavo Petro, el sector legal también se enfrenta a cambios profundos. “Colombia votó por unas ideas y en esa medida es lógico esperar cambios en torno a ellas. Creo que sería inocente pensar que uno vota por un cambio para que todo siga igual. Claramente habrá unos cambios y eso es relevante. Lo importante, al menos desde la perspectiva de los prestadores de servicios legales, es que esos cambios de alguna manera se hagan teniendo la conciencia de que el sector privado toma decisiones de inversión en función de la manera como se planteen”, explica Alejandro Mesa, socio director de Baker McKenzie Bogotá.

Desde el ejercicio del derecho, los desafíos se amplían. Para Camilo Martínez, socio director de DLA Piper Martínez Beltrán, son retos que hay que ver desde la óptica positiva. “No deja de ser interesante estar en una situación desde el punto de vista jurídico como la que estamos viendo. Poder acompañar a los clientes en esas dificultades, en esas inquietudes, en esas oportunidades que también surgen; sin duda alguna, nos ponen en una posición de privilegio, porque los abogados nos hemos convertido, en esta coyuntura, en unos protagonistas.

Debemos tener la capacidad de identificar esas oportunidades y anticiparnos a ellas”, agrega.

Frente al tema de seguridad jurídica, hay consenso en que el cumplimiento de las reglas, la institucionalidad y la división de poderes garantizan los pesos y contrapesos necesarios y suficientes en estas discusiones legales.

Sin embargo, es necesario entender que los empresarios e inversionistas toman decisiones hacia el futuro con las normas de hoy y la regulación existente. Si hay cambios, habrá riesgos inevitables y los actores de la economía tendrán dificultades para tomar esas determinaciones porque no tienen claridad de qué es lo que va a existir en el corto, mediano y largo plazo en cuanto a la regulación, y allí el sector legal tiene un papel fundamental que cumplir.

La coyuntura económica y los movimientos y las decisiones políticas no son las únicas variables que debe enfrentar el sector de servicios legales. Al igual que otras industrias, tiene que ajustar su operación y adecuarse a cambios y transformaciones laborales y tecnológicas.

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un verdadero hito para el desarrollo empresarial, y el sector legal no es ajeno a ello. “Las firmas debemos estar al frente de esta revolución. Tenemos que entender que esto sí va a cambiar la manera como trabajamos, debemos estar muy bien preparados, haciendo las inversiones necesarias para poderlo lograr”, dice Mesa.

Como coinciden varios expertos, la IA puede ser el complemento a las habilidades de un abogado, pero no está capacitada para remplazarlo, no solo desde el punto de vista de creatividad, sino desde la capacidad de adaptar las herramientas legales a las necesidades de los clientes.

Para Herrera, la digitalización sí es una herramienta muy importante que permite ser más eficientes, más asertivos, prestar un servicio más rápido y seguramente a un menor costo para los clientes. “Pero no toda herramienta de inteligencia artificial es adecuada para la prestación de servicios legales porque la mayoría de lo que nosotros hacemos es un proceso de raciocinio. La inteligencia artificial puede recoger muchísima de esa información, pero el caso concreto debe ser siempre analizado por una persona, por una mente racional que pueda ayudar, y debe ser utilizada con cautela para que no se violen ni la confidencialidad ni los derechos de autor”.

A su vez, Fradique-Méndez es consciente del impacto que tiene la inteligencia artificial en materia de la prestación de servicios jurídicos. “Es enorme. Un porcentaje importante de lo que hacemos hoy día se puede hacer más rápido, mejor y con una confiabilidad incluso superior a la que se hace de la forma tradicional. No obstante, hay una gran parte de criterio, de conocimiento profundo, de relacionamiento con las personas que hacen que el aporte de los abogados siga siendo importante”, agrega.

Para Acero, su opinión es que Chat GPT va a ser lo mismo que el Word o el Excel de hoy. “Lo van a licenciar y todo el mundo lo va a tener —dice—. Es un elemento esencial. Si usted no lo tiene, sí está en una desventaja, pero tenerlo no significa necesariamente tener una ventaja. ¿Cuál es la diferencia? Cómo lo usa, cuáles son las fuentes de información con las cuales pone a funcionar esos buscadores, esos procesadores de información. Y cuál es la gente que pone a analizar la información. Ese es el verdadero diferenciador”.

Por su parte, Piñeros considera que no hay que ver la tecnología como un enemigo que va a reemplazar el trabajo de los abogados. “Lo va a hacer muchísimo más eficiente y eso va a redundar en beneficio de los clientes —advierte—. La firma particularmente está orientada a aprender la mayor cantidad de tecnología posible que nos permita estandarizar, automatizar y hacer mucho más eficiente el trabajo para los clientes. Estamos permanentemente a la búsqueda de nueva tecnología, de nuevas soluciones, de nuevas alternativas”.

Martínez coincide en que la inteligencia artificial no va a reemplazar al abogado, sino que le tiene que servir, “porque la capacidad de la inteligencia artificial de equivocarse es absoluta. La IA sirve para apoyar el trabajo del abogado de manera tal que tengamos o que estemos en una mejor posición para ofrecerles servicios a nuestros clientes de una manera más eficiente en unos tiempos muy apretados, que es lo que exige hoy el mundo y, sobre todo, de una mayor calidad y con unos costos que sean lo más razonables”, concluye.

Y un reto no menor está relacionado con la materia prima clave para el desarrollo legal: el talento. Las nuevas generaciones de abogados.

En general, las organizaciones hoy enfrentan retos significativos para atraer el talento y retenerlo. Los estímulos de los nuevos profesionales no son los mismos de hace décadas, buscan un mayor equilibrio entre lo personal y lo laboral, espacios para capacitarse y escenarios de desarrollo profesional.

Las firmas de abogados tienen una dificultad mayor porque históricamente se han encasillado como organizaciones muy tradicionales. Ahora, con características independientes, buscan seducir al talento, con horarios más flexibles, mejores compensaciones, proyectos retadores que les permitan visibilizarse en las organizaciones y más espacio personal.

Sin embargo, hay tensiones. Como explica Herrera, “hay crisis universitaria. Cada vez hay menos admisiones en las universidades, hay menos talento que está saliendo y tenemos un problema: hoy competimos por el talento no solamente entre los distintos prestadores de servicios legales en el país, sino con los extranjeros. Mucho abogado joven tiene por objetivo salir del país”, explica.

La dinámica del sector legal muestra también una profunda actividad en materia de negocios. En el ranking de Dinero, toman un mayor protagonismo las áreas legales de las grandes consultoras, como KPMG Law, que, por ingresos, compiten con las firmas tradicionales.

Además, firmas internacionales que llevan pocos años en el mercado despuntan, como el caso de las españolas Cuatrecasas y Ecija. Y, también, empiezan a consolidarse movimientos en firmas locales. Un ejemplo de ello es la firma Chapman Wilches, especialista en la práctica de derecho laboral y empresarial, la cual formalizó la adquisición de la mayoría accionaria de la firma PilonietAlvarez, también focalizada en derecho laboral y ubicada en Bucaramanga, Santander, constituyendo un nuevo grupo legal en derecho laboral.

La Cámara de Servicios Legales de la Andi realizó un estudio que permite tomar el pulso al sector y dimensionar su alcance. Según el análisis, este sector tuvo ingresos operativos en 2022 por 3,7 billones de pesos. Para ese año, los ingresos de las empresas que le reportaron cifras a la Superintendencia de Sociedades y a las cámaras de comercio crecieron 20 por ciento, incluidas las nuevas empresas creadas en el último año. En las compañías de servicios legales de mayor tamaño, el crecimiento fue del 15 por ciento. En 2022, las firmas de servicios integrales representaron el 50 por ciento del mercado, con un aumento en su facturación del 22 por ciento, mientras las firmas de servicios especializados representaron el 26 por ciento, con un crecimiento del 23 por ciento.

En cuanto al tema laboral, el estudio sostiene que, en 2022, la informalidad bajó 8 puntos. “El número de cotizantes a la Pila fue de 77.375, un 23 por ciento más que en 2021″, señala. Así mismo, indica que las compras públicas de servicios legales registradas en el Secop crecieron 17 por ciento en cuantía.

El sector legal está hoy en medio de una coyuntura compleja, pero interesante y retadora. Convertirse en aliados de sus clientes y apalancar el crecimiento, en medio de la volatilidad y la incertidumbre, es su agenda prioritaria.