Con licencia para delinquir | Corrupción en Arauca: un gobernador era “eleno nato”

José Vicente Lozano Fernández, gobernador entre 1995 y 1997, fue condenado a 90 meses de prisión en 2010 por la Corte Suprema de Justicia por el delito de rebelión. El reo llegó a la gobernación con la ayuda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y como gobernador destinó fondos públicos a ese movimiento subversivo.

La investigación la realizó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que se ocupó del frente Domingo Laín Sáenz, del ELN, que operaba en Arauca. La condena se basa en los testimonios de exguerrilleros que declararon que Lozano Fernández fue miembro activo del ELN. Los dineros de los contratos de la gobernación eran entregados al comandante alias Pablo, declaró un reinsertado. “Parte de estos dineros se emplean para compra de armamento, munición, explosivos, uniformes y demás material de guerra que es utilizado en los diferentes atentados terroristas”, agregó. El reo, durante la campaña a la gobernación, se reunía con el comandante alias el Chino en Pueblo Nuevo y con el comandante alias Alonso, declaró otro desmovilizado. Otro testigo, que también perteneció al ELN, señaló: “Todo el mundo tiene conocimiento que los gobernadores que han sido electos popularmente son miembros activos del grupo guerrillero, ya que las f.a.r.c. no han podido llegar a ocupar dicho cargo, pues son menos fuertes políticamente que el e.l.n. Los gobernadores a los cuales hago referencia son: Alfredo Colmenares Chía, ya fallecido; Vicente Lozano; Gustavo Castellanos Beltrán y Federico Gallardo”. Según otro exguerrillero, Lozano Fernández fue “comandante eleno nato”. Señaló la Corte Suprema de Justicia: “Lo que prueban los testimonios es entonces que LOZANO FERNÁNDEZ regentó los cargos de alcalde, diputado y gobernador, y en todos ellos aparentó obediencia a la Constitución Política y a la ley colombianas, no obstante su condición de afecto al grupo ilegal, por suerte que la conducta oficial del exfuncionario tuvo por finalidad exclusiva la de promover económica e ideológicamente al grupo guerrillero”.

Además, en 2016 la Corte Suprema de Justicia condenó a Lozano Fernández a nueve años de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El procesado firmó varios contratos de obras públicas que favorecieron al ELN. Según el fallo, se demostró la “retribución del mandatario por medio de la adjudicación de contratos en acatamiento del interés del grupo guerrillero”.

José Vicente Lozano Fernández, nacido en Yumbo en 1956, hizo estudios de Derecho.

Julio Enrique Acosta Bernal, gobernador entre 2004 y 2007, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2017 a 80 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y como coautor de peculado. También fue condenado a pagar una multa de 884 millones de pesos. La sentencia se dictó en relación con la construcción del parque ecoturístico Los Libertadores, en Tame, que costó 3.900 millones de pesos. Se demostró que al inicio del proceso de selección del contratista “la gobernación no contaba con los estudios, diseños y planos terminados, es decir, el proyecto no estaba definido técnica ni presupuestalmente, vulnerando los principios de planeación, economía, legalidad, transparencia, selección objetiva y responsabilidad”, según el fallo. Además, las obras del parque, como vivero, senderos, heladería, estaban en terrenos inundables.

El ganadero Julio Enrique Acosta Bernal nació en 1953 en Puerto Rondón (Arauca).

Álvaro Londoño Aristizábal, gobernador entre 1995 y 1997, fue condenado en 2016 por la Corte Suprema de Justicia a 14 años y tres meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Firmó un contrato por 27 millones de pesos para construir una cancha múltiple y graderías en un corregimiento. No hubo estudios previos, planos de la construcción, no se indicaron las especificaciones de la obra, y la cancha no se construyó. El contrato “significó el medio propicio y protervo para lograr la apropiación de recursos del erario a favor de terceros”, según la sentencia. Al contratista se le pagó el anticipo de 12 millones de pesos.

En 2001, Londoño Aristizábal fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a siete años de prisión por peculado por apropiación a favor de terceros. Ordenó abrir certificados de depósito a término por 600 millones de pesos en una cooperativa que no estaba autorizada para realizar operaciones de crédito, la Cooperativa Multiactiva de los Llanos, Corandina. Poco después de consignado el dinero, la cooperativa ordenó giros a una sociedad de Pablo Enrique Ramírez Barrero, a la cual le prestaron 1.800 millones de pesos. Ramírez y otra persona “demostraron tener pendiente una transacción por 40.000.000 de dólares, pero como al parecer dicha negociación no se les dio, dichos señores demoraron el pago”, según el gerente de la cooperativa. Corandina fue luego intervenida y después liquidada por no tener autorización para actividades financieras y por haber entrado en cesación de pagos. Los fondos del Vichada no fueron devueltos al departamento. La cooperativa, que quedó debiendo 18.000 millones de pesos, captaba dinero de entidades oficiales y lo prestaba a personas naturales o jurídicas con garantía personal, según el liquidador. “El incriminado se apropió de los recursos que administraba en razón a sus funciones, con el ánimo de beneficiar a Corandina”, según el fallo. El dinero del peculado estaba destinado a la interconexión eléctrica de Puerto Carreño y al mejoramiento del acueducto de Santa Rosalía.

Álvaro Londoño Aristizábal, licenciado en Educación, nació en Armenia en 1956 y falleció en 2020.

Aurelio Castro Parra, gobernador encargado en 2003, fue condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia en 2021 a 78 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El exfuncionario, que era secretario de Salud, firmó un contrato por 417 millones de pesos para prestar servicios de salud en tres de los cuatro municipios del Vichada: La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo. El contrato se firmó por el doble de la propuesta presentada. No se hicieron estudios previos, las ofertas de los otros dos oferentes eran falsas y el contratista fue escogido sin acreditar experiencia. “Queda demostrado que el acusado diseñó un plan cuya finalidad era la apropiación del erario a favor del contratista, gestado desde el diseño del proyecto y consolidado en la celebración del contrato por el doble de su valor real”, según el fallo. Por indemnización y multa, el reo fue condenado a pagar 500 millones de pesos.

Aurelio Castro Parra, abogado, nació en Ibagué en 1961.