| Foto: Cortesía Arteaga y Asociados

Opinión

El motor de la recuperación

La cooperación entre todos los actores es el gran reto que enfrentaremos en los próximos años y será clave para lograr una recuperación sostenible.

Jaime Arteaga, presidente de Jaime Arteaga & Asociados
17 de julio de 2021

El 2020 puso a prueba a toda la humanidad. Con la pandemia, el cierre de las economías ha tenido un impacto que aún es difícil de estimar, y, para nuestro país, recuperarse de las secuelas de este fenómeno tomará tiempo: con un aumento de casi 7 puntos, la línea de pobreza en Colombia llegó al 42 por ciento, un retroceso de casi diez años en la política social; la inconformidad social se tradujo en protestas, que en muchos casos derivaron en actos vandálicos y bloqueos que afectaron aún más el aparato productivo del país.

Hoy el índice de inversión social privada nos deja ver que las empresas han dado un paso adelante frente a la adversidad y han demostrado nuevamente su compromiso con Colombia. A pesar de que las empresas participantes registraron una caída del 15 por ciento en sus ingresos, aumentaron en 24 por ciento sus inversiones sociales voluntarias, que, para el año 2020, llegaron a más de 2,8 billones de pesos: el equivalente a lo que el Gobierno transfirió para el pago del programa Ingreso Solidario, que benefició a más de 3 millones de familias en 2020, en el que los sectores que más aportaron fueron el financiero y el minero-energético, que aportaron 63 por ciento de estas inversiones voluntarias.

Como era de esperarse, este año la inversión social privada se enfocó en actividades de ayuda humanitaria y salud, y en personas en situación de pobreza, y niños, niñas, adolescentes y jóvenes. No menos significativa es la inversión en medioambiente de estas compañías, que para 2020 reportaron más de 1,8 billones de pesos (2,5 veces el presupuesto del Gobierno nacional para medioambiente) y que distribuyeron así: 245.000 millones de pesos en inversión voluntaria para la protección del medioambiente; 1,3 billones en inversión obligatoria, y 210.000 millones, en compensaciones.

También hubo un incremento significativo de la inversión en los municipios más afectados por el conflicto, denominados PDET, pasando de 152.000 millones de pesos en 2019 a 449.000 millones en 2020.

Durante estos cinco años del índice, hemos sido testigos del creciente interés del sector privado por mejorar la gestión de la inversión social privada. Es por esto que cada año tenemos la oportunidad de contar con más compañías participando en el índice de inversión social privada: en esta edición, contamos con 138 de las empresas más grandes de Colombia, que emplean a casi medio millón de colombianos y cuyos ingresos combinados equivalen al 17 por ciento del PIB nacional.

Hoy casi todas las compañías cuentan con políticas o estrategias de acción social para dirigir su contribución a la comunidad y han avanzado en la administración de estos recursos. Este año, el 85 por ciento de estas grandes empresas tienen reportes anuales de sostenibilidad, y el 90 por ciento se acoge a los objetivos de desarrollo sostenible. Cada vez más compañías reportan según el estándar GRI (en 2020 lo hicieron el 59 por ciento de las participantes), y se adhieren al Pacto Global (43 por ciento).

También han avanzado significativamente en materia de proveeduría responsable: por ejemplo, el 80 por ciento tiene políticas expresas de compras y procedimientos que incorporen principios de responsabilidad social corporativa.

Siendo tan grandes los montos, es un motivo de satisfacción ver que cada día más empresas evalúan el impacto alcanzado por los proyectos sociales: mientras que en 2017 solo el 37 por ciento reportaba alguna forma de evaluación de su inversión social, este año el 71 por ciento ya cuenta con herramientas de evaluación.

La inversión social privada también ha mejorado en términos de su focalización. Por ejemplo, mientras que en 2017 solo el 29 por ciento de los recursos se priorizaban en poblaciones rurales, hoy más del 42 por ciento de la inversión social privada se dirige a estas poblaciones. Asimismo, cada año se registra una mayor participación de las mujeres profesionales en estas compañías: mientras que en 2018 apenas el 35 por ciento de los profesionales contratados directamente por las empresas eran mujeres, en 2021 fueron el 43 por ciento, acercándonos a la paridad entre los profesionales. También hay un amplio margen de mejora en los sectores de tecnología y telecomunicaciones, construcción y minero-energético.

Pero enfrentar los retos que impone la recuperación sostenible no será posible sin la cooperación entre todos los actores: desafortunadamente, en esta área, que hemos llamado sinapsis, aún hay camino por recorrer para lograr expandir las alianzas entre empresas y terceros (Gobiernos, privados y cooperación) para desarrollar sus proyectos o iniciativas sociales.

Al igual que los años anteriores, mientras que el 43 por ciento de las compañías implementan proyectos en alianza con otros privados, apenas el 20 por ciento lo hace en alianza con entidades del sector público, y únicamente el 9 por ciento implementa su inversión social privada en alianza con la cooperación internacional.

Este, el de la cooperación, es el gran reto que enfrentaremos en los próximos años, porque como dijo Lyndon Johnson, quien asumió la presidencia de Estados Unidos tras el trágico homicidio de John F. Kennedy, “No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos”.