Fracking: revelan el informe de la comisión de expertos. Hay sorpresas

Se acaba de publicar el informe con las principales conclusiones y recomendaciones de la Comisión independiente que estudió el tema de la exploración de Yacimientos No Convencionales en Colombia y la técnica de fracking.

Si bien mediante esta técnica las reservas estimadas de hidrocarburos podrían duplicarse o triplicarse, con los consecuentes beneficios sobre las finanzas públicas y el crecimiento del país, hay comunidades que se oponen a su desarrollo ante los posibles impactos sociales y ambientales.

Por esto, la Comisión Interdisciplinaria recomendó por consenso que previo a tomar la determinación de hacer o no fracking con propósitos comerciales en Colombia se debería realizar uno o varios proyectos piloto integrales de investigación (PPII).

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El objetivo sería construir confianza durante la ejecución de los pilotos entre las comunidades locales, las instituciones públicas y las empresas. Esto es, “tramitar la licencia social para la explotación comercial” y mejorar el nivel de conocimiento que hay sobre esta técnica en el país para disminuir y manejar los riesgos ambientales. Además, la comisión su sugiere fortalecer la institucionalidad.

“De manera previa, durante y después de la ejecución de los proyectos, debe mantenerse un nivel de información completo y pedagógico con las comunidades sobre todas las actividades, riesgos y efectos relacionados con los proyectos”, se afirma en el informe que aclara que todas las actividades relacionadas con los piloto deben tener el carácter de experimental, controlado, transparente, con verificación y seguimiento independiente y participación comunitaria.

Para la consecución de estos objetivos, los proyectos pilotos deben cumplir tres etapas. La revisión de las condiciones previas durante la etapa 1, las acciones concomitantes de la etapa 2 y una etapa 3 de tránsito hacia la posible explotación comercial.

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La primera etapa busca atender las condiciones que hoy causan la carencia de la licencia social para el uso del fracking y construir confianza con las comunidades sobre los términos y condiciones de la ejecución de los pilotos.

Esto significa la obligación de divulgar toda la información relacionada con la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, iniciando por aquella información asociada con la zona de influencia donde se piensa avanzar con los proyectos pilotos, así como identificar las necesidades de desarrollo de capacidades institucionales para hacer seguimiento técnico y normativa a los proyectos, incluyendo la formación y capacitación de las comunidades locales y regionales.

Es más, se deberá acordar con estas cuáles serán los mecanismos de participación y veeduría ciudadana, el establecimiento de las línea base que incluya aspectos de salud, economía, ecosistemas, hidrogeología, sismicidad y uso de recursos naturales y, finalmente, el manejo de los riesgos de salud para minimizar sus posibles efectos.

En esta primera etapa será clave hablar con los posibles operadores de los proyectos pilotos para seleccionar la tecnología de mínimo impacto.

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Durante la etapa de ejecución de los proyectos (etapa 2) y pensando en la posible etapa de producción, la comisión plantea la necesidad de avanzar en un fortalecimiento institucional tanto a nivel nacional como local.

Lo primero significa, el fortalecimiento de entidades como ANLA, ANH, SGC, IDEAM, IAvH, CAR, INS e ICANH, mientras que lo segundo significa desarrollar las instituciones locales y regionales responsables de liderar los proyectos y la ejecución de los recursos públicos en las zonas de influencia, con presupuestos participativos e indicadores claros de desarrollo local.

Una vez realizados los proyectos pilotos deben ser analizados los resultados de la etapa de investigación integral y, observando el principio de precaución, definir si el país está listo para avanzar con la producción comercial (etapa 3). Esta se debería iniciar donde la evaluación costo-beneficio realizada de manera integral genere un balance positivo y donde, según la información recopilada, los riesgos sean manejables. 

Según la comisión, cumplir con los requisitos necesarios para avanzar a la exploración y explotación con fines comerciales requerirá un mínimo de dos años para generar y fortalecer la capacidad institucional, generar la información de base, identificar y compensar los pasivos ambientales por los yacimientos convencionales en el área de influencia, y gestionar la licencia social para la explotación.

Para definir el paso de la exploración a la explotación, un requisito adicional es adelantar un análisis costo-beneficio que incluya no solo los costos y beneficios sectoriales, sino también aquellos considerados como externalidades.

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Es su momento será necesario revisar experiencias internacionales, las medidas adoptadas y las lecciones útiles para Colombia, pues esta tecnología y su forma de evaluación evolucionan y se actualizan constantemente, tanto en términos técnicos, como políticos y económicos.

La comisión interdisciplinaria conformada zoólogos, ingenieros civiles, mecánicos y de petróleo, geólogos, filósofos, abogados, economistas y médicos, no solo evaluó los asuntos macroeconómicos, ambientales, técnicos, sociales, institucionales e internacionales sobre la industria de los hidrocarburos sino que escuchó las preocupaciones de las comunidades de los territorios que tienen proyectos de exploración y de grupos de interés que se oponen al desarrollo de fracking en el país.

Consulte el texto de la Comisión de Expertos

La Comisión Interdisciplinaria Independiente confía en que el cumplimiento de las condiciones planteadas contribuirá en buena medida a satisfacer los requerimientos de la Contraloría General de la República, referidos a la necesidad de aplicar el principio de precaución a las actividades de fracking en Colombia.