Contrabando, otro virus de contagio

A comienzos de año, durante un encuentro de Secretarios de Hacienda y jefes de Rentas de los 32 departamentos, el experto Alexander Wittich, gerente de Integridad Marcaria de Coltabaco, presentó una cifra acompañada por una sentencia sobrecogedora: “Los mercados mundiales están contaminados con 600.000 millones de cigarrillos ilegales, suficientes para rodear la tierra diez veces”.

La realidad de ese mercado ilegal le da la razón y sus efectos representan otro de los factores que, unidos a la pandemia del coronavirus, golpean con inclemencia las rentas regionales. Un estudio preparado por la firma Invamer reporta que, al cierre de 2019, el tráfico con cigarrillos pasó del 25% al 30%. Con ese repunte, las pérdidas para los departamentos entre 2017 y 2019 son superiores a $1 billón.

Esos recursos los echan de menos nuestras entidades territoriales en momentos tan críticos como el que estamos viviendo cuando sus finanzas hacen agua y dependen, en amplia medida, de las oportunas medidas de contingencias adoptadas por el Gobierno Nacional.

El crecimiento del contrabando, cuyos efectos se enervan con el impacto de la pandemia, contrastan dramáticamente con los resultados de las acciones conjuntas desarrolladas ese mismo año por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y los departamentos que condujeron a la aprehensión de 25 millones de cajetillas de cigarrillos ilegales, un 70% más que en 2018.

No podemos permitir que los resultados se desvirtúen. Por el contrario, ha llegado la hora de redoblar esfuerzos entre todos los actores relacionados con el problema, incluida la Fiscalía General de la República que está haciendo valer las normas punitivas aprobados por el legislativo para combatir al flagelo.

Es preciso reconocer el compromiso y la coordinación de la Dian y la Polfa en la lucha anticontrabando. En 2019 fueron desarticuladas cuatro estructuras de contrabando, 52 personas fueron capturadas, y se realizó extinción de dominio a 3 bienes y a 368 vehículos.

No hay términos medios: debemos desarticular las organizaciones dedicadas al comercio ilícito de cigarrillos que tanto daño le causan a las finanzas públicas, sin ignorar que se trata también de un problema de salud pública. La realidad palmaria nos indica que el número de personas fumadoras de cigarrillos ilícitos creció del 18% al 22%, entre 2018 y 2019. Es necesario entonces librar una nueva fase de esta lucha combatiendo también el consumo.

Los estudios documentados muestran que, mientras una cajetilla legal de cigarrillos tiene un precio promedio de $5.951, una ilegal solo llegaba en 2019 a $3.344. 

De acuerdo con el estudio de Invamer, el fenómeno predomina en las zonas rurales, con un impacto del 47%. Sin embargo, las tiendas de barrio continúan siendo el lugar predilecto para el comercio ilícito, con 77%. 

Visto por estratos, el panorama muestra que en el 1 y el 2 se concentra el 37% del consumo de marcas ilegales. Los departamentos más afectados son Magdalena, con un 90%; La Guajira, con el 89%; Cesar, con el 79%; Norte de Santander, con el 78%; Atlántico, con un 52%, y Antioquia con un 33%.

Los bajos precios que los promotores de esta industria criminal se dan el lujo de mantener constituyen uno de los principales obstáculos para las campañas para frenar el contrabando.

El entorno se hace complejo. De acuerdo con investigaciones de la Polfa, el narcotráfico se está pagando con contrabando y esa dinámica criminal conexa entre ambos es particularmente grave y genera desafíos adicionales que obligan a que todos trabajemos de manera articulada para enfrentar un flagelo que, como el coronavirus, no reconoce fronteras.

* Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos