Los gobernadores de Córdoba y Antioquia buscan desarrollar proyectos conjuntos de alto potencial. | Foto: iStock

REGIONES

Paisas y cordobeses se unen para estrenar Ley de Regiones

Los gobernadores de estos departamentos acaban de firmar un acuerdo de voluntades para crear una Región Administrativa de Planificación (RAP), una figura clave en el ordenamiento territorial del país.

7 de abril de 2019

Después de 28 años de expedida la actual Constitución, los departamentos colombianos se han animado por fin a estrenar una figura que en la práctica les permitirá hacer alianzas para sacarle jugo a sus recursos económicos, adelantar proyectos más grandes e incluso potenciarlos en los mercados internacionales.

Se trata de las RAP (Regiones Administrativas de Planificación) que permite a esas entidades territoriales generar clústeres para hacer proyectos de mayor envergadura a través del mejor aprovechamiento de proyectos en sectores como el turismo, la agroindustria o los servicios.

Los gobernadores de Antioquia y Córdoba, Luis Pérez Gutiérrez y Sandra Devia Ruiz, acaban de firmar, con la asesoría técnica de la Federación Nacional de Departamentos, un acuerdo de voluntades para crear su propia RAP, en un proceso que, si las previsiones no fallan, recibirán en breve el visto bueno de sus asambleas y de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado.

Le puede interesar: ¿En qué consiste la autonomía de regiones aprobada por el Congreso?

La iniciativa de paisas y cordobeses representa una alianza de dos economías que tienen perspectivas de crecimiento superiores al 3 por ciento. Antioquia, con un emporio industrial que le da gran dinamismo al PIB nacional, y Córdoba, un departamento con 1’736.170 habitantes, cuya economía mueve cerca de 14,1 billones de pesos al año y tiene vocación minera además de agroindustrial.

La creación de la RAP será facilitada por la nueva Ley de Regiones, aprobada por el Congreso de la República y a próxima a recibir sanción presidencial. La Ley desarrolla el artículo el 306 de la Constitución, que permite a los departamentos constituirse en Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y también el 307 los autoriza para avanzar en el futuro hacia un estadio de desarrollo superior en su vida administrativa mediante la figura de la constitución de Regiones Entidad Territorial (RET). “Los dos departamentos comparten el mismo sueño de progreso, bienestar, solidaridad y equidad”, dijo Carlos Camargo Asssis, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.

Ya otros departamentos han hecho avances en la misma dirección. Caldas, Risaralda y Quindío integran la RAP del Eje Cafetero y hoy trabajan, por ejemplo, en la construcción de la Plataforma Logística, el reconocimiento por parte de la Unesco del Ecoparque del Nevado del Ruiz.

Le recomendamos:Los 5 departamentos que se unen para impulsar la región central


La Plataforma moverá inicialmente cerca del 40 por ciento de la carga interregional y de comercio internacional desde y hacia la región. Simultáneamente, el Eje Cafetero le apuesta a la recuperación de la banca del ferrocarril Cartago-Manizales y al macroproyecto turístico del Nevado del Ruiz.

Del grado de desarrollo que alcancen las RAP dependerá el apoyo que reciban del Gobierno Nacional. Ya hay compromisos específicos. Por ejemplo, El Ministerio del Transporte hará un aporte de 3.000 millones de pesos para que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, se encargue del diseño de la Plataforma Logística del Eje Cafetero, una obra que tendrá como sede el municipio de La Virginia, en Risaralda, y que beneficiará además a los departamentos de Caldas, Quindío y Antioquia. Los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía proyectan sumar fortalezas para el fomento del ecoturismo sostenible.

Las RAP podrán también formular y presentar proyectos en el Sistema General de Regalías e incluso actuar como secretarías técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), donde se decide su aprobación. Ese papel será desempeñado sin menoscabo alguno de la autoridad y autonomía de gobernadores y alcaldes.

El Gobierno podrá asignarles recursos del Presupuesto General de la Nación, con una sola condición: solo podrán utilizarlos en proyectos de inversión, pero no en gastos de funcionamiento.