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Aurelio Suárez Montoya. Columna Semana

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Primero de Mayo de 2023: mínimo salario con ínfima pensión

Son los fríos cálculos neoliberales del exministro Ocampo: menos recursos públicos para la seguridad social, que verá disminuir este agregado del sistema.

Aurelio Suárez Montoya
29 de abril de 2023

Quienes ponen semáforo verde a la reforma laboral, pero amarillo o rojo a la pensional omiten que la economía del trabajo enseña que lo segundo depende de lo primero y, en el caso de las propuestas por Petro, lo es más. El artículo 70 de la laboral, al eximir al Gobierno y a la patronal de subir los salarios a los trabajadores con más de dos mínimos, refuerza la tendencia de hacer del mínimo vigente, el salario promedio. Es la línea de la oferta gubernamental en la presente negociación con los empleados estatales, que desecha la propuesta de las centrales sindicales de aumentar sus remuneraciones en el IPC más 5 por ciento.

Guarda correlación con el sistema de cuatro pilares, iniciativa del Banco Mundial en 1994 y que ahora Petro propone para el régimen de pensiones. Aunque se adecúa a las condiciones de cada país, el factor común es separar “la transferencia de ingresos de la de redistribución de los planes de pensiones, cada pilar tiene objetivo diferente”. (https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557759689/ch03.xml).

¿Qué implica esa premisa? Que, así como en la Ley 100 cada grupo va por su cuenta y riesgo, deja expirando, ni más ni menos, el principio de SOLIDARIDAD. Este fue la clave de los regímenes de jubilación desde épocas de Bismarck: los jóvenes protegen a los mayores, y los salarios altos, a los bajos.

El primer pilar es el “solidario”, que pretende sacar desde 2025 de la extrema pobreza a 2,5 millones de adultos de 65 años sin pensión (no 57 en mujeres, ni 62 en hombres), con un auxilio de $223.000 mensuales (de 2023), la mitad de lo prometido, a cargo del presupuesto y a costo de 6,5 billones de pesos al año. Óbolo de 1,65 dólar al día.

El segundo pilar, el “semicontributivo”, cubre a quienes o no cumplieron los requisitos para pensionarse o pagan en los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) o ambos. Se les acumula lo pagado para un ingreso vitalicio, otra vez a partir de los 65 años, que lo convierte casi en auxilio funerario. ¿Pensión ínfima?

El tercero es el de reparto obligatorio con un componente de gestión pública, financiado a través de cotizaciones sobre tres salarios mínimos, con prestación definida, del mínimo o del 65 por ciento para los de dos o tres, que equivaldría hoy a $1.510.000 y $2.260.000, y, en caso de muerte, legaría a los sobrevivientes solo 80 por ciento. Al proyectarse como autosostenible, dejarán de trasladarse de a poco los 14 o 15 billones anuales a Colpensiones.

Los eventuales excedentes irían a un fondo público para cumplirles a futuras generaciones. Ojalá alcance y no corra ni para el tren eléctrico elevado Buenaventura-Barranquilla ni para hacer un banco, como anunció Jaime Dussán. ¡Plop!

Será obligatoria, para quienes excedan de tres salarios mínimos, la cotización adicional a las AFP, que, para alcanzar otro mínimo de complemento, debería sumar 400 millones de pesos de hoy. Las AFP pierden flujo de dinero con el trasteo masivo hacia Colpensiones, donde se sube de 1.150 a 1.300 semanas el requisito para sus exafiliados, pero controlarán los ahorros hasta la jubilación y conservan a la cúpula de los cotizantes. ¿Tendrán menos ingreso, pero menor egreso? Resta mencionar el ahorro voluntario al que acudirían personas que hagan una reserva adicional en mecanismos del sistema financiero permitidos en la ley.

Tras la piel de oveja de la reforma aparecen las orejas de lobo “fiscal” que reduciría “en 7 % del PIB el valor del déficit del pilar contributivo del sistema”; que no iría a Colpensiones, y que “en valor presente neto a 2070 de los déficits se podría reducir de 67,5 % (sin reforma), a 55,2 % del PIB”.

Son los fríos cálculos neoliberales del exministro Ocampo: menos recursos públicos para la seguridad social, que verá disminuir este agregado del sistema, incorporado a partir de 1942 con la reforma Beveridge en Inglaterra. Esto explica el entusiasta aval del FMI, del BID y del Banco Mundial.

Los pilares de jubilación rigen, en unos más o en otros menos, en los países bálticos, en Albania, Georgia, República Checa, Kazajistán, Hungría, Letonia y Polonia (A. Schiff, ídem), varios con salario mínimo similar al de Colombia (ver mapa). Se asemeja al de Alemania, donde “la pensión pública no es suficiente para una vida cómoda en la vejez” (https://pensionfriend.de/en/public-pension-germany.ap), o a Irlanda, que entrega una de medio salario mínimo, cualquiera sea la base del aporte.

En últimas, la reforma pensional petrista mantiene los regímenes especiales, pero les alzará las mesadas a ritmo del IPC, a la baja; eleva la edad a los grupos débiles y con un piso social cicatero; tutela a las AFP; deteriora la solidaridad social e intergeneracional y se guía por el neoliberalismo fiscal del FMI. Extraña forma de decirles a las masas: ¡Viva el Primero de Mayo!

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