La Procuraduría le apuesta a la juventud para construir un mejor país

La historia de nuestro país ha demostrado cómo la juventud tiene un papel preponderante en las más ambiciosas transformaciones sociales. Su ímpetu y confianza en un mejor futuro ha llevado a cambios importantes en el sistema educativo, en el acceso al empleo de esta población y, por supuesto, ha generado reformas constitucionales y normativas de gran envergadura, como nuestra actual Constitución Política, que data de 1991.

Treinta años después, la chispa juvenil se vuelve a encender con nuevas demandas sociales, producto de la acumulación de diversos factores: algunos derivados de la pandemia y de la inestabilidad global que ella trajo consigo, y otros, que corresponden a males anquilosados, como la corrupción, la exclusión, la falta de equidad de género y las polarizaciones, que se han entronizado y siguen desafiando la capacidad de respuesta del Estado.

Los jóvenes colombianos están padeciendo el rigor del súbito cambio de las reglas del juego en sus vidas. Para los estudiantes, en sus procesos académicos limitados por el distanciamiento social y exigentes por la necesidad de contar con elementos tecnológicos y de conexión; para los trabajadores, porque sus posibilidades de crecimiento y ahorro desde sus emprendimientos, en muchos casos, se contrajo, máxime si su actividad laboral es informal; y para los desempleados, porque sus opciones de conseguir trabajo se redujeron drásticamente. Mención especial merece la situación de las mujeres jóvenes, quienes en esta pandemia tuvieron que ver de frente la dureza del rostro de la exclusión o de la violencia intrafamiliar en sus expresiones más oscuras e indeseables.

Pero no todo ha sido funesto. En la cara brillante del sol, encontramos jóvenes que convirtieron la crudeza del padecimiento en una oportunidad para emprender, apoyados por la versatilidad de las redes sociales. Creatividad, trabajo en equipo y desarrollo de sus habilidades les han permitido posicionarse para convertirse en exitosos empresarios y en ejemplo de resiliencia.

En uno y otro caso se ha demostrado que es imperativo adoptar nuevos enfoques para visibilizar más las necesidades de este grupo poblacional y dejar de señalar a los jóvenes como el futuro, en una expresión que excluye sus realidades presentes.

Para ello se requieren políticas públicas claras, acciones concretas y adecuadas soluciones que articulen esfuerzos interinstitucionales con un norte de eficacia y transparencia. Se trata de que, en definitiva, lo que se haga por los jóvenes se refleje en soluciones, que los eventos sean el medio y no el fin, que se fortalezcan los procesos participativos y los jóvenes contribuyan con la calidad de la democracia en nuestro país.

Es importante generar espacios y condiciones para que esta población se incorpore activamente en las discusiones de la esfera pública y evitar que, por ejemplo, sea instrumentalizada por sectores interesados en generar violencia. Garantizar la participación democrática nos permite amplificar las voces de la juventud, de tal forma que podamos generar consensos en el marco del Estado de derecho y plantear soluciones desde las instituciones que sostienen nuestro ordenamiento jurídico.

Las elecciones a Consejos Municipales y Locales de Juventud que se celebrarán el próximo 5 de diciembre constituyen una oportunidad en esa dirección. Estamos ante la materialización de un paradigma, que ubica a nuestro país a la vanguardia en dinámicas democráticas y que abre la puerta para que las nuevas generaciones, representadas en jóvenes de 14 a 28 años, participen en el fortalecimiento del Estado social de derecho y en el desarrollo de la sociedad colombiana. Frente a ello, la Procuraduría General de la Nación integró a los funcionarios jóvenes a la arquitectura institucional para la vigilancia electoral, mediante la creación del Equipo de Trabajo Juvenil, y abriendo convocatoria para que los egresados de las Facultades de Derecho realicen su Judicatura en nuestra entidad, en tareas de la Unidad de Vigilancia Electoral. Ellos se capacitarán en teoría y práctica para ser guardianes de este y de los demás procesos electorales que se realizarán en 2022.

Pero la tarea no para allí. Una vez elegidos los consejeros de juventud, será necesario que las autoridades competentes y destinatarias de sus solicitudes las tramiten con eficiencia y prontitud. Que tomen a los jóvenes en serio. Las expectativas que ha generado este proceso eleccionario no pueden engrosar la lista de frustraciones. La Procuraduría General de la Nación desplegará sus facultades de prevención e intervención para evitarlo y, de llegar a ser necesario, las facultades sancionatorias para contrarrestarlo. La juventud no es futuro, es un activo presente en la construcción de un Estado fuerte y estable.