Asociación de sistemas de salud latinoamericanos critica “intervenciones forzosas” de Sanitas y Nueva EPS; da espaldarazo a Acemi

La Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud, Alami, con sede en Brasil, se pronunció este martes sobre la crisis de la salud que vive Colombia, agudizada tras el hundimiento de la reforma al sector propuesta por el presidente Gustavo Petro y la intervención de las dos EPS más grandes del país la semana pasada: Sanitas y Nueva EPS, que reúnen a más de 17 millones de afiliados.

A través de un comunicado, Cristian Mazza, presidente de Alami, expresó su preocupación “por la situación por la que atraviesa el sistema de salud en Colombia y le envió un mensaje al Gobierno nacional: “Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades nacionales colombianas para afianzar el trabajo entre todos los agentes, promover el diálogo constructivo y participativo y observar el debido proceso en todas sus actuaciones, en defensa de los más de 50 millones de colombianos afiliados a las EPS de Colombia”, se lee en el comunicado.

Alami, organización latinoamericana de la cual hacen parte Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, agrega además que esa organización está preocupada por los hechos que son noticia en materia de salud en el país. “Expresamos nuestra preocupación por los recientes acontecimientos en el sistema de salud colombiano y la intervención de dos de las más grandes empresas promotoras de salud (EPS), Sanitas Eps y Nueva Eps, agremiadas y afiliadas a Acemi en Colombia”

Este mismo martes Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, se pronunció frente al anuncio de la Fiscalía de investigar a 18 EPS del país por supuestamente haber desviado recursos entregados a través de la Unidad de pago por capitación (UPC) y los llamados presupuestos máximos. Lo anterior, según un informe preliminar de la Contraloría: “Esto se está utilizando en el marco de un debate político y estamos poniendo la salud de los colombianos en medio de un debate político”, dijo.

Un documento del órgano de control reveló que más de 9 billones de pesos destinados a la UPC y los presupuestos máximos se habrían desviado en actividades, bienes y servicios que no tienen nada que ver con la atención del servicio de salud a los pacientes. La situación es más grave debido a que esto se habría presentado durante los años 2020 y 2021, época en la que la pandemia del coronavirus desató una gran crisis en la salud.

Por medio de un comunicado Acemi había expresado que “en aras de garantizar el correcto y transparente uso de los recursos de la salud de los colombianos, son bienvenidas todas las actuaciones de los órganos de control con el respeto al debido proceso y al derecho a la contradicción que tienen los vigilados”, expresó el gremio a través de una carta de varios puntos que hizo pública.

De acuerdo con la entidad, pese a que el informe de la Contraloría detalla un presunto incumplimiento de los indicadores financieros de las EPS, específicamente en materia de reservas técnicas, patrimonio y margen de solvencia, el gremio de las entidades promotoras de salud, tres días después de su presentación, remitieron a la Contraloría sus observaciones y solicitaron la revisión de la metodología empleada en dicho análisis. El objetivo, dijeron, era asegurar “la consistencia en la evaluación que se realiza a las EPS por parte de las entidades de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud y la Contraloría”.

“La Contraloría ofreció un escenario de mesa técnica para la revisión de la metodología utilizada por el sistema general de seguridad social en salud para determinar los saldos de cartera de proveedores en la prestación de los servicios de salud y el cálculo de la reserva técnica”. Dicho espacio tendrá lugar el próximo jueves 11 de abril y es de la mayor relevancia para todos en aras de la transparencia y la claridad en las cifras del sector”, puntualizó Acemi.

Ante la polémica desatada por el informe, la Contraloría aclaró que lo que se ha publicado hasta el momento corresponde a un informe preliminar, el cual se encuentra en etapa de traslado de observaciones a las distintas EPS involucradas, para que estas puedan responder a los cuestionamientos y observaciones que allí se hacen.