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| 6/14/2019 12:03:00 AM

El preocupante boom de incapacidades médicas para los trabajadores colombianos

Las incapacidades laborales están disparadas y el tema ya preocupa a los aseguradores y al gobierno nacional. El año pasado Adres giró $720.000 millones por ese concepto.

De un tiempo para acá, tanto las aseguradoras, las empresas, como el propio gobierno nacional han expresado una preocupación adicional a los temas laborales. Al evidente aumento del desempleo y la informalidad, que no cede, se suma el inusitado incremento en el número de incapacidades laborales que impactan la productividad.

De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, entre 2009 y 2017 el sistema ha expedido alrededor de 2.700.000 incapacidades laborales.

Solo en 2017, las incapacidades ascendieron a 400.000 en promedio, el doble de los casos de 2009. El 78% de las incidencias se presentaron en hombres y el 22% en mujeres. Lo anterior, impulsado por la participación de los hombres en el Sistema de Seguridad Social, que supera el 60%.

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Las estadísticas indican que por edad, 35% de las incapacidades corresponden al rango de 20 a 29 años, 30% entre 30 y 39 años y 20% entre 40 y 49 años.

Colombia, según datos de Fasecolda, el gremio de los aseguradores, y la cartera de Trabajo, perdió en 2016 más de 26 millones de días laborales por incapacidad. Y el año pasado esas situaciones le costaron al sistema unos $200.000 millones.

El asunto tiene mucho estudio y literatura. Incluso algunos analistas consultados no dudan en manifestar que está sobrediagnosticado y que hay de hacer algo antes de que alcance proporciones alarmantes. Los datos indican que la Administradora de los Recursos al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) giró a las EPS por ese concepto unos $720.000 millones entre enero y noviembre de 2018.

Hay que reconocer que muchos empleados se enferman por exceso de trabajo, porque su salud se debilita o porque una enfermedad les limita la capacidad laboral. Pero representantes de empresas, aseguradoras y Gobierno están atentos a los posibles fraudes cometidos por trabajadores que abusan y se ausentan hasta 6 veces en el mes.

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El tema también pasa por la aparición de médicos, abogados y otros especialistas que venden incapacidades por $100.000 a $300.000. Por ejemplo, la Fiscalía informó en abril de 2018 la captura de varios profesionales de la salud en el desarrollo de la “Operación Frenocomio”. Los implicados usaban documentos falsos para favorecer a los clientes que pretendían adelantar su pensión con diagnósticos de incapacidad mental. Con este sistema, lograron pensionarse cerca de 400 personas desde 2011.

No hay que satanizar

Sin embargo, no se puede echar a todos los trabajadores en el mismo costal. Para Iván Jaramillo Jassir, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, estos análisis perjudican al trabajador y lo ponen en una situación de debilidad manifiesta ante la incapacidad. “En Colombia opera el fuero por salud, previsto para personas con incapacidad. Pero esa protección reforzada per se no es mala, se ha ‘satanizado‘ el tema pero no por eso las empresas deben desconfiar del trabajador”, indicó.

Y señala que, por el contrario, las empresas suelen despedir a los trabajadores tan pronto se enteran que sufren una enfermedad. Recientemente un tribunal europeo condenó a una empresa a reintegrar a una empleada despedida tras recibir un diagnóstico de cáncer. Para Jaramillo la Justicia tiene la tarea urgente de corregir por medio de una jurisprudencia la frecuente vulneración de trabajadores despedidos por su mala salud. Porque se ha puesto de moda querer invertir la presunción de buena fe del trabajador que está enfermo y queda incapacitado.

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Se trata, en suma, de un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Por un lado, las altas incapacidades están bajando la productividad, que aumentan curiosamente en épocas de torneos tipo Copa América. Pero, por el otro, los empleadores están castigando a quienes sí se enferman. ¡Juego limpio, por favor señores!.

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