Implicados en caso Interbolsa aceptan cargos

Ante el Juzgado 78 Penal de Bogotá, con función de control de garantías, Ortíz y Jaramillo aceptaron los delitos durante la audiencia de imputación de cargos por el desfalco a la corredora de bolsa Interbolsa.

Durante la misma diligencia judicial el primer gerente de la firma Rentafolio Bursátil Financiero Ricardo Emilio Martínez se allanó a los delitos de captación masiva de dinero y no reintegro de los recursos, mientras que no aceptaron cargos Natalia Zúñiga y Claudia Patricia Aristizábal, directora administrativa de la Sociedad Valores Incorporados y gerente de Andian Capital Markets. (Lea también: Semana Libros reconstruye el caso Interbolsa)

La delegada fiscal Alexandra Ladino, afirmó que el 80% del mercado de valores a cargo de Interbolsa se tramitó de forma irregular al punto que hoy se han hecho cerca de 1.027 reclamaciones que ascienden a $191.893'000 000, un poco menos de US$64.4 millones.

“Una verdadera empresa criminal de cuello blanco en la que resultaron damnificadas cientos de personas naturales y jurídicas quienes hacen sus reclamaciones para recuperar su dinero el cual iban a parar a más de 8 empresas de Colombia, Islas Vírgenes o Curazao sin autorización de la Superintendencia Financiera”, sostuvo Ladino.

La delegada del ente acusador les atribuyó, los delitos de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores, administración desleal, concierto para delinquir, estafa y captación masiva y habitual de dinero y no reintegro.

Agregó que se negociaba el dinero en mercados secundarios o se realizaba la compra venta de acciones entre los mismos accionistas sin autorización de la Superintendencia Financiera, lo que constituye el delito de captación masiva de dinero, expresamente contemplado en el código penal.

Frente al procesado Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, deudor de empresas relacionadas con el Fondo Premium quien no se ha hecho presente en las audiencias preliminares, su defensa afirmó que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía y que asistirá a las audiencias de imputación de cargos mediante comunicación virtual o satelital, para lo cual tramitarán los permisos ante las autoridades competentes.

“Estamos verificando alguna información que nos ha suministrado la defensa y posteriormente tomaremos alguna decisión importante frente a esta persona, todo esto con un juez de control de garantías para adoptar una posición a seguir como institución”, concluyó el fiscal delegado en este proceso Carlos Alfredo Rodríguez Daza.

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