El mercado de los licores en Colombia se debate en medio del contrabando y la falta competitividad: ACODIL

Así lo advirtió el más reciente informe de la Asociación Colombiana de Importadores de Licores (ACODIL), encargado a la firma de consultoría EConcept, en el que además señala que “las distorsiones” del mercado local “no solo restringen su tamaño, sino que inducen a comportamientos ilegales”.

Las reglas actuales de juego, según ACODIL, han fomentado un espíritu proteccionista al interior de algunos departamentos, que han frenado la libre competencia de los licores importados o de otras regiones bajo la premisa de favorecer al producto local.

El informe señala que esta “mala interpretación del monopolio” de los licores en Colombia (la potestad que tienen los departamentos de controlar el mercado), ha dado pie al contrabando y adulteración de aquellos productos que no llegan por vías legales a esos territorios.

Durante la presentación del estudio en Bogotá, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y líder de la investigación, Mauricio Santa María, declaró que el argumento político de prohibir el acceso de los productos a determinadas zonas para cuidar la industria local se queda sin fundamento.

“De las 18 licoreras nacionales que habían en 1991, solo quedan 5”, precisó el funcionario, quien considera que el monopolio del alcohol ha dejado de ser un negocio rentable para esos territorios, y más bien se ha convertido en una fuente de corrupción para la política.

 

ACODIL calcula que entre 2007 y 2013 esta actividad solo ha participado con el 0,8% de los ingresos totales a los departamentos, lo cual desvirtúa la postura proteccionista y motiva una reflexión con respecto a un cambio en el marco normativo que permita una mayor participación de actores.

Sin embargo, esa entidad hace la distinción con la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), una dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda de ese departamento que registró una utilidad operacional de $232.000 millones en 2013, un monto superior al que registraron sus equivalentes en Cundinamarca ($12.500 millones) y Cauca ($4.900 millones). 

Cifras de esa entidad revelan que el 95% de los licores que se consumen en Colombia son de origen nacional, mientras que el 5% son importados. En total se recaudan $1.4 billones en impuestos para la educación y la salud por cuenta de esta industria, que a su vez deja de recibir $370.000 millones al año por culpa del mercado negro.

El negocio ilegal abarca entre el 13 y el 30% del mercado total, lo que representa unos US$1.040 millones, sostiene ACODIL, y detalla que el 46% de esos licores son falsificados, el 37% de contrabando, el 6% son bebidas artesanales ilegales y el 11% restante adulteradas. 

Uno de los análisis más interesantes que plantea esa organización es que entre 1990 y 2010 el consumo anual de alcohol en Colombia fue de 5,3 litros por persona, una cifra muy cercana al promedio mundial 6,02. Sin embargo, al excluir el consumo de cerveza -el producto con mayor participación en el mercado – “Colombia se ubica en uno de los grupos de países con menor consumo de alcohol per cápita”. 

 

Con un porcentaje de consumo de entre 1,2 y 2,5 litros por persona al año, el nivel del país incluso es comparado con naciones musulmanas que tienen restricciones para el consumo de bebidas embriagantes.

La propuesta de esta entidad es que un organismo de control como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) “vigile, sancione e impulse un mercado de licores competitivo” en todos los departamentos del país que, de acuerdo a su posición, deben conservar el derecho de invertir los recursos del impuesto al consumo en inversión social. 

Aunque una de sus peticiones más importantes pasa por el tema del recaudo, ya que supuestamente los tragos importados se están viendo afectados por la norma que establece que los de más de 35° de alcohol deben pagar $487 por grado, mientras que los de menor cantidad solo $297.

  

En ese sentido recomienda “unificar” la tarifa para que los colombianos puedan “tomar decisiones de consumo basadas en la calidad del producto y no en el precio distorsionado por impuestos”. Con ello, según ACODIL, se estarían cumpliendo los requisitos del sector para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los acuerdos comerciales ya firmados con Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea.