| 4/22/2019 12:01:00 AM

La encrucijada del Gobierno: ¿política económica o economía política?

El gobierno Duque enfrenta un clima político enredado, como prueba la discusión del Plan de Desarrollo. ¿Qué tanto la economía política va a enredar la política económica?

Los días que precedieron el inicio de la Semana Santa fueron muy agitados para el Gobierno, en materia económica y política. Luego de sacar adelante en el último minuto la discusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el Congreso, tuvo que desactivar la bomba social de casi un mes de bloqueo en el suroccidente del país por la minga indígena. Al mismo tiempo debió avanzar en regular la chatarrización de vehículos para aliviar las tensiones con los camioneros y prevenir un paro que afectaría profundamente la economía nacional.

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Pero no solo hizo esas movidas: el Gobierno también empezó a concretar los anuncios en torno a dos grandes reformas en lo social y económico: la pensional y la de regalías, que tendrán que pasar por el Congreso. Entre tanto, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, iniciaba en Washington reuniones con las calificadoras de riesgo para analizar la sostenibilidad fiscal del país, tras la flexibilización de la regla fiscal.

El país tiene que fortalecer su sector minero y petrolero. El fracking es una de las vías.

En medio del agite de esta agenda, las señales de la economía han logrado estabilizar una senda de recuperación. A tal punto que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial han mantenido por encima de 3% el crecimiento de la economía colombiana para este año. Mientras tanto, las proyecciones en el planeta muestran una desaceleración por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y la baja producción en Europa, entre otros factores.

Sin embargo, las tensiones en el país no ceden. Esto ha puesto el foco en las reformas que el Gobierno necesita sacar adelante para garantizar la sostenibilidad fiscal, el crecimiento económico y el desarrollo de los sectores minero y petrolero. Todo ello en medio de una realidad política adversa en el Congreso.

El nuevo episodio llegó con la derrota en la Cámara de las objeciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Pero ya antes enfrentó dificultades para avanzar en la discusión del PND en el Congreso, que estuvo a punto de hundirse por la falta de apoyo político. Y con la ley de financiamiento, que le representó solo la mitad de los ingresos previstos.

Ahora anuncia las reformas pensional y de regalías y se ve venir la del Sistema General de Participaciones (SGP). Y aparecen inquietudes en torno al margen de maniobra política del Gobierno, pues decidió lanzar a la opinión pública el mensaje de que no usaría la mermelada para sacar adelante los proyectos y que se espera mantener el gabinete durante 4 años.

Esto pone el debate en una cuestión sensible: la manera como la economía política afecta la política económica.

Más allá de un juego de palabras, estos conceptos representan la realidad frente a las necesidades del Gobierno para sacar adelante las reformas en un escenario tan complejo. Además, cualquier decisión va a ser clave para las elecciones de octubre próximo. ¿Cuál es el escenario?

El panorama

En el corto plazo, las cifras muestran que Colombia está en proceso de recuperación. Inclusive, los más pesimistas creen que este año el aparato productivo va a crecer cerca de 3%.

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Sin embargo, esto no alcanza para dar el salto que necesita y convertirse en una economía más dinámica y productiva. Las amenazas del mediano y largo plazo son muchas. Tal situación exige de reformas como la pensional, la de regalías, una laboral y hasta la de justicia, entre otras. Todas ellas tienen que pasar por el Congreso.

Sin embargo, aquí aparece la variable política, pues el Gobierno está en una posición muy complicada. La opinión le reconoce el interés por cambiar la forma de hacer política y de relacionarse con el Legislativo y las fuerzas políticas. Pero equiparó la ‘mermelada’ con la representación política en el Gobierno. Eso ha limitado su margen de acción y la posibilidad de generar una alianza más amplia para mover estas iniciativas.

Esa maniobrabilidad política viene también acompañada de una situación económica tensa. Si bien para el ministro Carrasquilla el tema fiscal plantea apenas “un problemita”, el ajuste es muy exigente. Cumplir la regla fiscal, aún después de la flexibilización; ajustarse a los recursos que le dio la pasada reforma tributaria y no contemplar en el futuro cercano otra hacen que el panorama se complique aún más.

Hoy están congelados cerca de $10 billones como parte del apretón que representó no sacar adelante la ley de financiamiento completa, y eso significará recorte de programas y un ajuste en las iniciativas de los diferentes ministerios. Además, para el año entrante el Gobierno tiene prevista una profunda reforma al Estado que cerrará y fusionará entidades, gracias a las facultades que entregará el Plan de Desarrollo al presidente Duque.

El Gobierno no le meterá la mano a la edad de pensión. Ese será un ajuste incompleto.

Esto implica meterse con la inversión pública y apretarla, cuando ha sido en los últimos años uno de los motores clave para el crecimiento de la economía. Apenas el año pasado, el gasto público representó casi la tercera parte del crecimiento.

“Si en aras de recortar la inversión y de cumplir las metas tiene que congelar, aplazar o cancelar programas fundamentales, bajar algunos subsidios, sacar gente de algunos programas o dejar por fuera de sus empleos a muchos funcionarios públicos, ese será un caballo de batalla de la izquierda de cara a las elecciones de 2022. Harán campaña sobre esa nueva realidad”, le dijo a Dinero un experto que pidió no ser citado.

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Por eso los economistas y los políticos pocas veces coinciden en sus lecturas. Esta situación puede explicar en gran parte la posición del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez frente a las propuestas poco populares, pero realistas del actual Gobierno. En efecto, no estuvo de acuerdo con el IVA a la canasta familiar; ha puesto condiciones a la pensional sin dar el impopular debate de la edad; ha hablado duro frente a rebajar los subsidios eléctricos e impulsó un aumento en el salario mínimo fuera de lo habitual. Todo parece indicar que no quiere llegar a las elecciones de 2022 con una izquierda fortalecida en su discurso, justamente por el programa de disciplina fiscal del Gobierno, un caballito de batalla bastante efectivo para el auditorio. Sin duda, hay en juego un debate político muy duro e intenso hacia delante que necesariamente pasa por lo fiscal.

Para la mayoría de los economistas las propuestas de Carrasquilla son razonables y representan el camino a seguir: el IVA a la canasta familiar, con devolución a los más pobres; bajar los subsidios eléctricos y subir las edades de pensión.

No obstante, de nuevo resulta políticamente incorrecto proponer ajustes al gasto y a las inversiones públicas. Por eso pocos políticos le copian estas ideas, incluyendo a los representantes del partido de Gobierno.

La mayor parte de los ajustes debe pasar por el Congreso.

Además, si hay tensiones para bajar los gastos, también las hay en los esfuerzos por aumentar los ingresos, en especial cuando el ministro Carrasquilla ha advertido que no habrá una nueva reforma tributaria. Por un lado, las ventas de activos públicos, a pesar de su conveniencia en muchos casos, son impopulares. Todavía está fresco el recuerdo del traumático proceso de venta de Isagen para fortalecer a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y apalancar el crecimiento de la infraestructura.

Y, por otro lado, el objetivo de hacer más eficiente a la Dian es necesario y urgente. Pero representa serias dificultades a la hora de mover y transformar esa estructura y ponerla a funcionar bien.

Las discusiones

Después de la aprobación de la Ley de Financiamiento, el Plan Nacional de Desarrollo ha planteado uno de los principales escollos del Gobierno. De acuerdo con algunos analistas, en vista de que la relación con el Gobierno no pasa por la ‘mermelada’, algunos congresistas y partidos políticos han decidido incorporar en los proyectos sus iniciativas frente a las regiones. Una cifra resume gran parte de esta situación: el Gobierno llevó al Congreso 183 artículos y ellos incorporaron en la discusión inicial más de 121 artículos.

El Gobierno en el Legislativo se ha desgastado y por eso vale la pena plantear cómo moverá las otras reformas.

Según el ministro Carrasquilla, la más importante es la pensional, que él llama de protección a la vejez. Para el Gobierno la discusión no debe concentrarse en el 25% de mayores de 60 años que tiene acceso a la pensión, sino en el 75% que no tiene acceso a ella. El Gobierno ha anunciado el interés de aumentar la cobertura, bajar los subsidios en las pensiones y ha dicho que no va a tocar el aumento en las edades, como prometió en campaña.

Pero tales ajustes sin modificar la edad de jubilación y el monto de los aportes, parecen solo paños de agua tibia.

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Y, frente a la necesidad de ampliar la cobertura para el sistema de protección a la vejez en su gran mayoría de bajos recursos, iría directo contra el presupuesto nacional.

“Si pasar una reforma tributaria en el Congreso es difícil, pasar una pensional es diez veces más complicado”, le dijo a Dinero un experto.

En el tema de regalías, la reforma anterior, como mencionó el entonces ministro Juan Carlos Echeverry, buscaba repartir en toda la tostada la mermelada de los recursos. Lo bueno es que permitió que la riqueza llegara a todos los colombianos. Un informe del Departamento Nacional de Planeación advierte que en la última década las regalías explican 20% de la reducción de la pobreza en Colombia. Pero quedó muy desbalanceada y a los municipios y departamentos productores no les llega lo suficiente. Por otra parte, existen problemas de ejecución de esos recursos, pues hay más de $12 billones no ejecutados, un absurdo ante la cantidad de necesidades de las regiones.

Pero en el tema estructural, Colombia hoy tiene reservas para unos 6 años en materia de petróleo y gas. Si no hay nuevos descubrimientos y no aumentan las reservas en menos de una década podríamos olvidarnos de los recursos que generan las regalías. Pero impulsar el desarrollo del fracking tiene también un enorme negativo político. De hecho, en el Congreso hay varios proyectos de ley para establecer una moratoria de esta actividad en el país.

Volver, en materia de regalías, a los escenarios del pasado en el Congreso representará un pulso muy grande entre las regiones productoras y las que no lo son. Estas últimas que lograron acceder a recursos no querrán perderlos y las primeras van a querer aumentarlos.

En el Congreso de la República la cosa no va a estar fácil. Solo un ejemplo: por poco se hunde el Plan de Desarrollo en primer debate.

Hace apenas pocas semanas el comité de la regla fiscal le permitió al Gobierno flexibilizarla para atender la presión sobre la economía por la migración de venezolanos. Pero algunos –en voz baja– ya empiezan a considerar un aumento en esa flexibilización de la regla, una opción que los economistas más ortodoxos ni siquiera consideran.

Así las cosas, el Gobierno parece tener en su agenda solo temas económicos políticamente incorrectos, que le podrían causar muchos problemas de popularidad. Si no los aborda con prontitud y eficacia, estará abriéndole las puertas a un choque más drástico en los próximos años. Ahí está el dilema.

EDICIÓN 562

PORTADA

¿Qué va a hacer Carrasquilla después de la regla fiscal?

Las últimas semanas han sido bastante agitadas desde la perspectiva empresarial y económica. El comité consultivo de la regla fiscal decidió conceder un margen de maniobra al Gobierno en materia de gasto y endeudamiento, al flexibilizar algunos puntos el nivel de déficit fiscal permitido para 2019 y 2020.

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