La apuesta del financiamiento

El gobierno sigue gastando y pretende obtener nuevos recursos para financiarse. Lograr aprobar un presupuesto generoso, y buscar la venta de activos, nuevos impuestos y deuda para poder llevarlo a cabo es la estrategia que hemos visto los colombianos desde julio y las cosas ya no están funcionando como en el pasado. La caída de las privatizaciones, el creciente rechazo a la reforma tributaria y las dificultades para un mayor endeudamiento están preparando el terreno para un cambio de estrategia.

Se cayeron las privatizaciones: ¿y ahora?



Las autoridades, en su acuerdo con el FMI, habían previsto un ambicioso programa de privatizaciones de entidades en manos de la nación, que allegaba recursos por casi US$2.000 millones este año, esto es, por casi 2,3 puntos del PIB. Y aunque no estaba explícitamente en los acuerdos con el Fondo, se había previsto que a las finanzas del Distrito entrarían recursos por cerca de $1,4 billones por la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB.



Este programa se ha ido derrumbando en los últimos meses. La venta de ISA, cuya racionalidad económica no es evidente, ha sido pospuesta. EPM logró bloquear en forma indefinida la venta de Isagen (ver artículo página 44). La venta de la ETB abortó la semana anterior (ver artículo página 32). Y ahora todas las expectativas están puestas en la venta de Carbocol que, aunque tiene un gran número de demandantes (5), está en dificultades ante los ataques de la guerrilla y de los organismos de control. Además de la pérdida de la reputación del gobierno, el aborto de las privatizaciones deja un hueco fiscal considerable. El Ministerio de Hacienda había previsto, en su programa financiero de julio, ingresos fiscales por $1,5 billones por este concepto para el año 2000, y operaciones convenidas por $700.000 millones con la ETB (inversiones temporales de los recursos en TES), que ahora no tendrá. Habría sido sensato responder a la caída del financiamiento con un recorte de los planes de gasto público y haber producido una eliminación de apropiaciones como lo hizo Bogotá. Pero el Gobierno no ha dado señales en esa dirección. Se ha sabido que el Ministerio de Hacienda piensa llenar estos huecos con recursos de la bonanza petrolera y con la colocación de nuevo endeudamiento externo.



Con el auge en el precio del crudo y la liberación interna del precio de la gasolina, que sigue en pie, los excedentes no previstos que Ecopetrol transferirá a las finanzas del gobierno nacional sobrepasan con creces el $1 billón. Y puesto que los bonos garantizados por el Banco Mundial tomarán no menos de 6 meses para ser aprobados y colocados en el mercado, el faltante sería cubierto por un préstamo sindicado por hasta US$300 millones que ha comenzado a gestionarse en el mercado europeo. Con estos recursos, no son previsibles grandes movimientos en el dólar.



Así pues, la bonanza petrolera que hoy vivimos terminará por evitarle al gobierno un serio problema de financiamiento. Como Hacienda espera que estas privatizaciones se lleven a cabo en cualquier caso el año siguiente, cuando también entrará en pleno la nueva reforma tributaria, no está previendo problemas grandes de financiamiento para el año 2001.



¿Y la reforma tributaria?



Para poder ampliar el gasto público, el gobierno presentó un ambicioso proyecto de reforma tributaria que pretende recaudar $3,5 billones para el año 2001, casi dos puntos del PIB. En las últimas semanas, el país político y empresarial se ha concentrado en examinar el proyecto del ministro Santos. Las reacciones iniciales anticipan serias dificultades.



Los miembros del Congreso han analizado los efectos de la propuesta sobre la equidad. Todo parece indicar que, vista globalmente, la reforma es ligeramente regresiva. Aunque la reducción de la porción exenta de los salarios, las pensiones y de los ahorros pensionales afecta con más fuerza a los grupos medio y alto, la ampliación de la base del IVA a 105 nuevos productos afecta más que proporcionalmente a las clases populares. Y aunque la eliminación de exenciones sectoriales es equitativa, la reducción de las exenciones por donaciones, que van usualmente a beneficencia, afecta a los pobres.



Los efectos de la reforma tributaria sobre el crecimiento económico apenas están comenzando a atraer la atención del país. Y es que el efecto más adverso de la propuesta de reforma proviene de su impacto sobre las finanzas empresariales, el ahorro y la inversión.



El gobierno insiste en prolongar la tasa impositiva para las sociedades más alta del mundo. Como lo presentan los cuadros de la exposición de motivos, la tasa promedio en el mundo es de 32%, la de los tigres asiáticos del 28% y la de América Latina de 28,5%, promedios que no ocultan las tasas del 15% que hoy presentan nuestros competidores Brasil y Chile (ver gráfica). La propuesta de reducir al 32% la tasa si las empresas ahorran el 100% de sus ganancias durante tres años es inocua, y no evita que en el mundo en desarrollo apenas Irán o Rumania mantengan condiciones menos atractivas para las empresas. Ante el riesgo país, los inversionistas colombianos no merecen más, sino menos impuestos que otras economías emergentes.



Además de querer prolongar una tasa impositiva que borra la competitividad empresarial, el proyecto ataca el ahorro privado y también bloquea la movilización de activos. Al reducir el incentivo al ahorro voluntario (cuya porción exenta reduce del 30 al 20%), el ahorro privado no tiene por qué aumentar. Al pretender aumentar la renta presuntiva sobre el patrimonio (del 5 al 6%), cuando las empresas no están dando utilidades, el patrimonio empresarial se está trasladando directamente a las arcas públicas. Un IVA del 15% sobre las transacciones de bienes inmuebles genera una reducción en el valor de la propiedad raíz en el peor momento del sector.



El bloqueo a la inversión y a la movilización de activos llega en un momento inoportuno para la actividad económica, pues la inversión continuaba en el segundo trimestre, según el DANE, en uno de los peores momentos de su historia. Cuando las fuentes de ahorro externo (ver gráfica) se han deteriorado y la inversión pública resulta difícil de financiar, es esencial un ambiente tributario e institucional generoso para la inversión y el ahorro privados. Lo contrario solo sería posible en un ambiente de sólida recuperación económica, la cual parece no ser verdad. El crecimiento del segundo trimestre ya fue cercano a cero.



¿Y entonces?



Aunque las autoridades fiscales podrían sortear en el corto plazo la caída de los ingresos de la privatización con la bonanza petrolera, les quedará más difícil sostener el tren de gasto público con su propuesta tributaria. Una reforma tributaria fiscalista y anticrecimiento como la presentada por el gobierno para gastar más en medio de una pésima situación financiera para las familias y las empresas no solo es mala economía, sino también mala política. En una consulta informal con varios de los senadores más influyentes, durante la cual se les pidió evaluar las probabilidades de aprobación de los diferentes componentes de la reforma, Dinero encontró un ambiente poco favorable a la propuesta del gobierno. Los mayores impuestos a los salarios o el IVA a las transacciones de inmuebles tienen pocas posibilidades políticas. Si le va bien, el gobierno podría sacar la reforma, sobre la base de que el 2 ó 3 x 1.000 le produzca ingresos de apenas la mitad de lo previsto, y nunca para generar el gasto adicional previsto por el gobierno. Así las cosas, y después de este primer intento por obtener financiamiento a toda costa para mantener el tren de gasto, ha llegado el momento para que el Ministro Santos introduzca cambios de fondo en su estrategia macroeconómica. Sería esencial que la reforma tributaria buscara activamente la inversión y el ahorro privados, y la movilización de activos. Más que para financiar nuevo gasto, debería alinear los incentivos empresariales hacia el crecimiento económico. Como lo ha propuesto la Contraloría, sería deseable una baja de la tarifa impositiva de las empresas al 25%, o alternativamente una reducción de impuestos a los ingresos destinados a capitalizar empresas o al ahorro institucional.



Pero, sobre todo, el Ministro de Hacienda debería replantear el uso de su escaso tiempo. Santos podría dedicarse a una reforma a fondo del gasto. Debe tomar la iniciativa en materia de seguridad social. Antes que las nuevas autoridades locales se opongan, debe acelerar la reforma de las transferencias a los entes territoriales. Antes de que los emisionistas ganen más fuerza política, debe plantear una política seria y explícita sobre la deuda pública. Y, ante todo, debe presentar una nueva ley de responsabilidad fiscal que, estableciendo reglas creíbles de comportamiento del gasto total en los próximos 10 años, recupere la credibilidad nacional. En este cambio de tercio, Santos podría jugarse su paso a la historia.