8 cosas que tal vez no sabía del caso Ruta del Sol 2

Luego del laudo arbitral divulgado el pasado 6 de agosto en el que se establece un pago a la sociedad concesionaria Ruta del Sol de $211.273 millones, muy lejano de los $1,4 billones que adeuda el concesionario a los 7 entes financieros, se conocen algunos puntos que pueden dar una señal de para dónde va el sector en el corto y mediano plazo. 

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Aunque con el laudo se esperaba que se despejara el asunto de la incertidumbre en el sector, el monto no dejó nada contento a los bancos locales, unos de los financiadores de todo el programa vial 4G.

1. Según un abogado cercano al sector financiero, los bancos del país no van a salir a decir explícitamente que le cierran las puertas a las obras y contratos de infraestructura. Sin embargo, van a sacar de sus prioridades de financiación este tipo de proyectos y podrían llegar, de querer continuar, a establecer más trabas (vía requisitos o garantías) e incluso incremento en las tasas de interés para evitar más inconvenientes. El ambiente en el sector financiero colombiano en este momento es adverso a este tipo de créditos, debido- en buena parte- al fallo del Tribunal de Arbitramento y, en general, por todo el caso Odebrecht.

2. El laudo que salió hace unos días inició en 2015 inducido por diferencias contractuales entre las partes, Concesionario y ANI, y no por el caso de corrupción de Odebrecht. Es por eso que los bancos no hacían parte del proceso desde un comienzo, pues era un tema entre el Estado y el consorcio. Luego vino el escándalo con la constructora brasileña que precipitó otro proceso ante el Tribunal. Los dos procesos se fusionaron luego y terminaron con el polémico laudo de hace unos días.

3. A juicio de algunos abogados, el Tribunal de Arbitramento cometió algunos errores como, la afirmación de su Presidente en cuanto considerar que la Ley con la cual se reconocen los pagos a terceros de buena fe (art. 20 de la ley 1882) “estaba mal hecha”. Una calificación que podría tener consecuencias en procesos futuros debido a que podría originar nuevas demandas contra el Estado.

4. Precisamente, algunos de los involucrados en el proceso ya están redactando el recurso de anulación ante el Consejo de Estado. “Sin embargo, creo que no va a pasar nada porque es muy difícil probar que el Tribunal se equivocó con los pagos que ordenó a los bancos”, anticipó un abogado.

5. Es por todo ello que se piensa, desde ya, en acudir a la figura constitucional de la tutela, amparándose en el derecho al debido proceso. Sin embargo, estamos hablando de un largo camino de al menos dos años en los estrados judiciales debido a que debe pasar por los despachos iniciales de juez del circuito, tribunal superior, consejo superior de la judicatura y luego Corte Constitucional.

6. Es necesario ver cuál va a ser la reacción y decisión del Gobierno Nacional frente a este caso en donde los bancos salieron inconformes con el monto justo en el momento que el mismo Ejecutivo intentaba reactivar los cierres financieros afectados por el mismo caso de corrupción de Odebrecht. 

7. Desde ya se escuchan voces que piden estatizar las concesiones viales, tal y como lo está proponiendo el Estado francés por estos días. Aunque no hay dinero suficiente en el presupuesto para financiar un plan de obras tan ambicioso y billonario, existe la posibilidad que el Estado entre como garante de las deudas para construir las obras. Claro, se trataría de un nuevo modelo de concesiones que cambia por completo el actual y en donde se haría necesario un proceso de renegociación con los actuales concesionarios. 

8. También se anticipan algunas movidas en el mercado secundario de concesiones. Sumado al tema Odebrecht está la variable del dólar caro. Esas situaciones podrían precipitar la venta de algunas participaciones - en algunos casos a menor precio de lo esperado- para diluir más el riesgo de construcción y lograr capital y equity fresco para las obras. Sin embargo, todo es un círculo vicioso debido a que los nuevos accionistas lo pensarán dos veces antes de entrar al programa. De ahí la importancia de un pronunciamiento efectivo e inteligente del Gobierno frente a este lío.

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También queda claro que el laudo no resolvió el problema sino que, por el contrario, este continúa y serán las altas Cortes; Consejo de Estado y Corte Constitucional, quienes tengan la última palabra. Esto por supuesto, sin contar las decisiones de los arbitramentos internacionales iniciadas a petición de Odebrecht en contra de Colombia.