¿Distrito le juega sucio a la contratación?

Un nuevo pronunciamiento realizó la Contraloría de Bogotá a la Administración Distrital sobre la necesidad de que se estructure la licitación pública para el servicio domiciliario de aseo en la ciudad, el cual se ha venido manejando desde el 2011 bajo la vía de Urgencia Manifiesta.

Este llamado se hizo no sólo porque la prórroga de algunos contratos de operación vence el próximo mes de diciembre, sino por el riesgo que existe que un esquema que en principio era transitorio se convierta en permanente.

Según el Ente de Control, hay desconocimiento por parte de la Administración Distrital de la naturaleza jurídica de la figura de la Urgencia Manifiesta, pues se ha declarado en tres oportunidades y se han ordenado sucesivas prórrogas de los plazos de ejecución de los contratos de operación, cuando sólo se debe utilizar en situaciones imprevisibles de crisis y en ninguna circunstancia puede convertirse en una regla general.

De acuerdo con la Contralora Auxiliar (E.F.), Ligia Inés Botero, se han puesto en evidencia graves fallas de planeación e improvisación en la puesta en marcha del Programa Basura Cero, pues no resulta coherente que el Gobierno Distrital haya abocado a la ciudad a adoptar un nuevo esquema transitorio de aseo, expidiendo el Decreto 564 de 2012, pretendiendo que fuera operado por empresas del Distrito, y siete días después expidiera una resolución declarando por tercera vez la Urgencia Manifiesta.

Según conoció el Organismo de Control Fiscal, la Alcaldía Mayor de Bogotá presentó una demanda ante el Consejo de Estado con el propósito de declarar la nulidad de un aparte de la Resolución CRA 151 de 2001 que dispone:

"Excepciones al deber de usar licitación pública o procedimientos regulados que estimulen la concurrencia de oferentes. No será obligatorio utilizar licitación pública o los otros procedimientos regulados en los siguientes casos: (...) c) Por razón de las circunstancias en las que ha de celebrarse el contrato. Si hay Urgencia Manifiesta; pero los contratos en que se invoque esta causal no pueden celebrarse a plazos superiores  a seis (6) meses."

En este sentido, no se entiende por qué sólo hasta el 28 de agosto pasado se formuló dicha demanda máxime cuando la Administración con antelación había prorrogado los contratos de operación, cuyo plazo de ejecución superó el término previsto por la mencionada Resolución CRA, en tres meses más, y ahora pretende que el Alto Tribunal suspenda y/o anule dicho  acto administrativo y así continuar por el camino de las prórrogas indefinidas amparado en el  artículo 2º del Decreto Distrital 564 de 2012 que dice:

"(...) La transitoriedad del esquema adoptado en el presente decreto se extiende hasta la fecha en la cual se adjudiquen, mediante licitación pública, contratos de concesión del servicio público de aseo según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 142 de 1994."

El criterio de la Contraloría de Bogotá de que la llamada transitoriedad del esquema del servicio de aseo ahora resultó ser permanente, se corrobora en el hecho de que ha transcurrido aproximadamente un año, sin que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) adelante la estructuración de la licitación pública de los contratos de operación del servicio, proceso que exige contar con la aprobación por parte de la CRA de los estudios de verificación de motivos para la concesión de Áreas de Servicio Exclusivo (ASEs), lo que no ha sido así, pues en cuanto a este tema se evidenció lo siguiente:

-Solicitud formulada el 30 de julio de 2012: la CRA señaló que no se dio cumplimiento a los requerimientos formulados por la Corte Constitucional.

-Solicitud formulada el 19 de noviembre de 2012: la UAESP presentó nuevo estudio de verificación, actuación que también concluyó sin éxito ante la CRA.

-Comunicación del 7 de mayo de 2013: la UAESP le comunica a la CRA su decisión de replantear el estudio de verificación presentado, argumentando que "(...) actualmente no se cuenta con la metodología tarifaría (...)".

De acuerdo con Botero, resulta desconcertante la recurrente omisión de la UAESP en el tema referido, aduciendo que no se podía dar cumplimiento a los requerimientos relacionados con el nuevo marco tarifario, porque la CRA contaría con la misma hasta noviembre de la presente anualidad; no obstante, afirmó el jefe del Ente de Control, que examinado el texto de la respuesta de la CRA se determinó que allí se indican con precisión las acciones que debe emprender la UAESP en el marco tarifario actualmente regulado, con la exposición de la metodología aplicable a "corto y a largo plazo".

La Contraloría de Bogotá espera que se surtan las acciones necesarias para la estructuración del proceso licitatorio y no se continúe con un esquema que en principio sería transitorio.