Calidad de la construcción en manos de las alcaldías

Después de dos días de reuniones, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, culminaron la primera socialización del proyecto de ley, con el cual se busca establecer la obligación de adquirir un seguro por parte de los constructores de vivienda nueva y ajustar algunas medidas para incrementar la seguridad de las edificaciones.

“Para nosotros es muy importante esta socialización con las alcaldías, pues es en ellos que recae la responsabilidad de ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras con el fin de asegurar el cumplimiento de la licencia de urbanismo o de construcción y de las demás normas y especificaciones técnicas. Además, es de resaltar la activa participación de las alcaldías durante la exposición que se hizo del proyecto de ley que en las próximas semanas será puesto a consideración del Congreso de la República.”, afirmó el Viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera Castaño.

El encuentro fue bien recibido y evaluado por el Alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo, y los nueve delegados de Riohacha, Montería, Medellín, Cali, Manizales, Bogotá, Tunja, Pasto y Sincelejo que asistieron y se mostraron de acuerdo con las propuestas planteadas.

“Es necesario proteger y garantizar al consumidor final, que en la mayoría de casos en Colombia, las familias se esfuerzan durante mucho tiempo para poder adquirir su vivienda, la cual debe contar con las garantías necesarias. Consideramos positivo este ejercicio y fundamental para estructurar una buena ley”, manifestó Alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo.  

“Agradecemos también la participación del Presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, la Directora Ejecutiva de Camacol, Sandra Forero y los representantes de Findeter, quienes jugarán un papel indispensable en todo este proceso”, concluyó el Viceministro de Vivienda.

Entre las medidas que se pondrán a consideración del Congreso de la República y que fueron discutidas durante el encuentro están:

1. Exigencia de pólizas obligatorias para proyectos de vivienda nueva: tanto el constructor como el enajenador estarán obligados a adquirir un seguro que cubra a los propietarios y a los terceros que se vean afectados en el evento en que la edificación perezca o amenace ruina como consecuencia de las deficiencias en: construcción, suelo, materiales, o diseños.

Esta medida aplicará para la construcción de vivienda nueva que se deba someter al régimen de propiedad horizontal o cuando se trate de quince (15) o más unidades habitacionales, y no cobijará a las personas naturales que construyan una vivienda para su uso propio.

El valor asegurado de la póliza será igual al valor comercial del inmueble, el cual se ajustará anualmente de conformidad con el Índice de Valoración Predial certificado por el DANE. El seguro tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la expedición de la certificación técnica de ocupación. 

En cuanto al impacto que tendrá el seguro obligatorio de estabilidad de obra en las cuotas del crédito de vivienda de interés social VIS y no VIS, se estima que sea marginal para los escenarios planteados. En la VIS el impacto estaría entre $1.434 y $2.868 y en la no VIS entre $4.229 y $12.685.

El impacto marginal de la implementación del seguro obligatorio de estabilidad de obra en el país, no generará un efecto adverso al dinamismo del sector de la construcción, que tiene como elementos catalizadores entre otros: la tasa de interés de los créditos de vivienda, un único pago al momento de su expedición, costos de expedición y favorables en el manejo de economías de escala y de reaseguro. 

2. Supervisión técnica de proyectos: se propondrá la eliminación de todas las excepciones que permitan que los municipios o curadores autoricen a los constructores para que ellos mismos controlen la ejecución de las obras. 

La supervisión será independiente, externa y reportará directamente a la compañía aseguradora, lo cual dará mayor exigencia en la supervisión de la obra, que entre otras funciones controlará la construcción, la bitácora de obra, control de materiales, control sobre planes de diseño, etc. Esto definitivamente eliminará el yo con yo en este tipo de procesos.

Los profesionales que realicen labores de revisión de estudios y supervisión técnica estarán sujetos un régimen de incompatibilidades, es decir, los supervisores no podrán ser socios, los predios no pueden pertenecerle a parientes hasta en el 4 grado de consanguinidad  o segundo de afinidad y no podrán tener  relación contractual o intereses comerciales de cualquier naturaleza en el proyecto específico y quien incumpla las medidas será sancionado por los Consejos Profesionales de Arquitectura e Ingeniería.

Dentro de este punto se propondrá de un registro único nacional de profesionales acreditados para adelantar labores de diseño, revisión o supervisión.

3. Certificación técnica de ocupación: será un documento expedido, bajo la gravedad de juramento, por el supervisor técnico independiente de cada proyecto, en el cual hará constar que la  obra cumplió con todas las especificaciones técnicas y de diseño y puede ser habitable.

Esta disposición una vez avalada se anexará a las actas de supervisión y deberá protocolizarse mediante escritura pública que se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del predio. Para los titulares de licencias de construcción y constructores que permitan la ocupación de las edificaciones sin este requisito  serán objeto de multas sucesivas mensuales de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. El proyecto de ley prevé incompatibilidades e inhabilidades para los curadores urbanos y además serán vigilados a través de la Superintendencia de Notariado y Registro. De allí que se creará una Superintendencia Delegada para el control de curadores urbanos. 

Adicionalmente se establecerá un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para ser designado curador urbano y para el ejercicio de la función. Corresponderá a la Superintendencia de Notariado y Registro, adelantar el concurso de méritos para la designación de curadores urbanos.

Proyectos Vipa

Un total de 88 proyectos habitacionales, en 19 departamentos del país, fueron presentados por entes territoriales y firmas constructoras privadas, en el marco de las convocatorias públicas y privadas del programa de Vivienda para Ahorradores, Vipa.
 
Los proyectos presentados se discriminan así: 4 en Antioquia, que se desarrollarían en los municipios de Apartadó, Bello, Marinilla y Sonsón, bajo el esquema privado; mientras que bajo el esquema público se desarrollarían los 84 restantes en los departamentos de Boyacá (6), Antioquia (15), Caldas (1), Casanare (4), Cauca (6), Chocó (1), Córdoba (1), Cundinamarca (4), La Guajira (1), Huila (4), Magdalena (2), Meta (1), Nariño (2), Norte de Santander (5), Quindío (4), Risaralda (8), Santander (5), Tolima (2) y Valle del Cauca (12).
 
“Los 88 proyectos presentados en esta convocatoria, que calificamos como exitosa, continuarán ahora el proceso de evaluación respectivo. Quiero recordarles que Findeter es la entidad encargada de evaluar las propuestas; si los proyectos cumplen con los requisitos y no sobrepasan el número de cupos destinados por departamento serán seleccionados automáticamente, pero si los cupos se exceden serán sometidos a sorteo. Esta selección se realizará el próximo 16 de abril”, dijo el Ministro.
 
El titular de la cartera de Vivienda anunció que para los constructores privados, interesados en presentar propuestas de proyectos del programa de Vivienda para Ahorradores, Vipa, en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Santander, Tolima, Arauca y Nariño, aún pueden hacerlo, pues esta convocatoria privada se cierra solo hasta el próximo lunes 17 de marzo.
 
También manifestó que el próximo 19 de marzo se hará la primera adjudicación de proyectos presentados bajo el esquema público por el departamento del Cesar (son 8 proyectos preseleccionados que ya están en proceso de evaluación).
 
El programa de vivienda para ahorradores, VIPA, está dirigido a 86.000 hogares colombianos cuyos ingresos mensuales están entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes.