Acciones contra Nicaragua estarían listas en 4 meses

La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar, se reunió con el director de la firma internacional de abogados Volterra Fietta, Robert Volterra, en París, Francia.

En la reunión participaron el embajador de Colombia en Francia, Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra, y el abogado internacionalista Juan Daniel Jaramillo, quien será el enlace del grupo de abogados colombianos que asesoran al Gobierno con la firma británica.

La canciller y el abogado Volterra hicieron un repaso preliminar de los aspectos fundamentales del proceso y elaboraron un proyecto de agenda para desarrollar puntos que se consideraron esenciales.

El abogado Volterra expresó que se trata de la primera oportunidad en que la administración del presidente Juan Manuel Santos puede dar orientación estratégica a la disputa, que fue diseñada y dirigida por los anteriores gobiernos en los últimos 12 años.

“La sentencia de la Corte Internacional de Justicia marca el final del proceso pero Colombia tiene disponibles, además de los recursos de interpretación y revisión, un conjunto de opciones que vamos a estudiar y proyectar para asegurar los derechos de los sanandresanos, la seguridad de esta área del Caribe y la permanencia de la estructura ecológica que se ha formado allí durante milenios”.

El jurista, catalogado por firmas evaluadoras especializadas como uno de los más experimentados abogados internacionalistas del mundo y de mejor récord de casos ganados, manifestó así mismo que se ha acordado un término de cuatro meses.

En ese tiempo se dedicarán a las instancias internas de análisis y consultas de naturaleza técnica en la que participarán los abogados colombianos Rafael Nieto Navia, Juan Daniel Jaramillo, Carlos Gustavo Arrieta, Manuel José Cepeda, Luis Ricardo Paredes y Joaquín Polo, así como expertos internacionales en otras áreas requeridas.

La firma de abogados Volterra Fietta, con sede en Londres, ha sido contratada por el Gobierno Nacional con el fin de estructurar la estrategia jurídica que adoptará Colombia tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que emitió el pasado mes de noviembre, en el caso sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia y mares adyacentes.