Opinión

  • | 2018/04/19 00:01

    Sobre el proceso de repartir la torta

    El presupuesto general de la nación desempeña un papel tan importante en la economía pública como el que tiene el mecanismo de precios en el mercado.

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Esta semana tuvimos dos noticias importantes sobre las finanzas públicas del país. La primera fue el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para el año 2019 preparado por el Ministerio de Hacienda y la otra fue la publicación del informe final de la Comisión del Gasto e Inversión Pública.

El país habló del primer tema porque según las leyes que contienen el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la discusión de este inicia la primera semana de abril cuando el Ejecutivo remite la propuesta para la vigencia del siguiente año. En cuanto a la segunda noticia, dicha Comisión fue creada de acuerdo a un artículo de la reforma tributaria de 2016 y mediante el decreto 320 de febrero de 2017 que le dio diez meses a los comisionados para entregar un diagnóstico y propuestas para mejorar el gasto y la inversión pública.

El anteproyecto del presupuesto 2019 nos deja la noticia que será un monto cercano a los $300 billones. Número que se estima teniendo en cuenta que para funcionamiento las peticiones bordean los $190 billones, a lo que se le debe sumar la deuda que se propone sea de $65 billones y suponiendo una inversión similar a la de este año, es decir, cerca de $41 billones. Seguro habrá disminuciones entre este anteproyecto y el finalmente aprobado, especialmente en los últimos dos rubros, tal como ha sido históricamente.

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Son más profundas las ideas que deja la Comisión del Gasto y la Inversión Pública que, vale la pena señalar, estuvo conformada por un grupo independiente y ad honorem de académicos, experimentados tomadores de decisiones - ex DNP, ex Minhacienda, ex BanRep, entre otros- y contó con la secretaría técnica de Fedesarrollo. El informe de los comisionados en sus diez capítulos toca diversos temas para promover mejores prácticas en el gasto y la inversión pública, particularmente haciendo énfasis en caminos que permitan hacer un uso más eficiente y efectivo de los recursos públicos.

En uno de sus capítulos, el documento de  la Comisión puso sobre la mesa un diagnóstico y algunas recomendaciones sobre cómo mejorar los próximos presupuestos generales de la nación. No el del 2019 porque el informe, por alguna razón, salió después del anteproyecto del presupuesto.  

El diagnóstico de los comisionados encuentra dos tipos de limitaciones en el proceso presupuestal, institucionales y de gestión. En el primer grupo identifica : i) fragmentación en el proceso, más específicamente entre funcionamiento e inversión y reglas diferenciadas como es el caso de los recursos de regalías; ii) inflexibilidad a través de compromisos constitucionales y preasignaciones como las de las vigencias futuras y; iii) poca maniobra en el gasto por parte del gobierno debido a compromisos legales, participación del Congreso y fallos judiciales con impacto fiscal. Por el otro lado, en los problemas de gestión señala los siguientes:  iv) carencia de un sistema de clasificadores presupuestales más eficaces y modernos que permita entre otras cosas hacer presupuestos por programas y; v) Una  excesiva normatividad procedimental en detrimento de la transparencia del proceso.

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Aunque el documento contiene once propuestas para enfrentar esas problemáticas del proceso presupuestal, mencionaré tres que son transversales a cada uno de los problemas y que nos llevarían a las prácticas internacionales.

Primero, migrar a una integración del presupuesto de inversión nacional y regional sin importar las fuentes de los recursos (regalías, participaciones u otros), esta propuesta es particularmente interesante por la inevitable discusión sobre descentralización que requiere. Una segunda propuesta es la de implementar un esquema de presupuesto por programas, el cual requeriría avances en los sistemas de información y llevaría a mayor transparencia. Por último los que requieren cambios institucionales, unificar el proceso presupuestal de funcionamiento e inversión en una sola entidad, es decir, decidir sobre funciones que actualmente se dividen Minhacienda y DNP, y crear un consejo fiscal consultivo, independiente del Gobierno que cuantifique el impacto fiscal de los proyectos de ley.

El presupuesto general de la nación desempeña un papel tan importante en la economía pública como el que tiene el mecanismo de precios en el mercado, señala el exministro Juan Camilo Restrepo en su libro de Hacienda Pública. El informe de la Comisión del Gasto e Inversión Pública tiene un amplio diagnóstico y propuestas sobre diversos asuntos de las finanzas públicas del país, pero es particularmente valioso el capítulo sobre el proceso presupuestal, que si bien ha tenido avances en muchas reformas, aún tiene margen para mejorarse. Sobre todo en una época en que los sistemas de información y la tecnología pueden aportar mucho para aumentar la eficiencia y transparencia del manejo del presupuesto.

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