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Opinión

  • | 2020/06/01 10:44

    Para luchar contra la pobreza se requiere cambiar la política

    La covid-19 en Colombia puso en evidencia un Estado débil, que ha permitido una concentración exagerada de la riqueza y que, al mismo tiempo, gestiona paliativos para los más pobres, a través de subsidios paupérrimos que aumentan la brecha entre ricos y pobres.

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La pandemia de la covid-19 reveló las condiciones de vida en las que subsisten la mayoría de las familias de Colombia como resultado de una economía informal, cercana al cincuenta por ciento, y con baja protección social; también puso en evidencia un Estado débil, que ha permitido una concentración exagerada de la riqueza y que, al mismo tiempo, gestiona paliativos para los más pobres, a través de subsidios paupérrimos, cuyo resultado es un aumento exagerado de las diferencias entre ricos y pobres.

Además de los problemas con la distribución de la riqueza, la inequidad se acentuó, porque la nuevas marcas de la pobreza señalan que más de cuatro millones de niños y adolescentes, de la educación básica y media, no gozan del derecho a la educación, al tener que asistir a escuelas públicas mal construidas y peor dotadas, sin computadores y sin conexión a internet; tampoco los muchachos de los colegios públicos cuentan con estos bienes en sus casas, hoy imprescindibles para acceder a la información básica que permite el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento.

Sin embargo, durante los últimos veinte años, la ideología neoliberal de la extrema derecha ha logrado que parezca normal que los gobiernos propongan acciones para fortalecer la concentración del ingreso, a partir de una especial protección a los ricos, que se evidencia en obligar a los Estados a bajar impuestos o a crear exenciones tributarias, tarifas diferenciales, descuentos y un sinnúmero de beneficios tributarios que, en el caso de Colombia, le generan a los recursos de la nación una pérdida cercana a los ochenta billones de pesos anuales (INCP, 2019).

El cuento neoliberal es muy sencillo: entre menos intervención del Estado en la economía, mejor. En este sentido, si bajamos impuestos a los propietarios de las empresas y del capital, ellos estarán dispuestos a invertir y a consumir más, lo que sería igual a más crecimiento económico, más empleo y más riqueza social.

El cuento es bueno, pero agreguemos a este otra de sus tesis: es mejor que la plata esté en manos del sector privado sostienen quienes así piensan—, porque la relación costo/beneficio es mayor gracias a la racionalidad y competitividad del capitalismo. ¡Qué tal que esa platica la administrara el Estado (ineficiencia, corrupción, burocracia, sindicatos, paros y otros)! Conclusión: Estado, baje o no cobre impuestos, usted es mal administrador, afecta la demanda y la economía no crece.

Como diría el profesor Luis Jorge Garay, con este credo están dadas todas las condiciones para subordinar lo público a los intereses privados, que es lo que ocurre cada vez que hay reformas tributarias o de cualquier otro tipo, de manera especial en países con gobiernos más proclives a los ricos.

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Piketty, a nivel internacional, y Luis Jorge Garay, en Colombia, han llamado la atención sobre la necesidad de conocer y saber cómo funcionan quienes logran concentrar la riqueza: por ejemplo, en discriminar no en el 10% de los más ricos, sino en observar qué pasa con el 1% más rico o con el 2% más rico. Es importante saber, entre otras cosas, ¿cuál es su participación en el ingreso y la riqueza total del país? ¿Cuántos impuestos pagan? ¿De dónde proceden sus ingresos (laborales, ganancias u otros)? ¿Qué tipo de ventajas les dan las exenciones tributarias? Y no es porque ellos sean ilegales, sino porque con su extraordinaria riqueza pueden estar horadando los cimientos de una sociedad más democrática, más justa y con mejores derechos humanos, que son principios básicos para que el capitalismo funcione. La sociedad tiene que preguntarse por qué la tarifa efectiva de impuestos que pagan las empresas es del 1,9%, mientras que la tarifa nominal es del 31,4%, como sostiene Garay. 

En cambio, por el lado de los pobres, la evidencia señala que esta discusión sí es muy importante. Gran pregunta: ¿cómo determinar la distribución de los recursos del Estado a los más pobres? En este tema existen especialistas, asesores, consejeros, dependencias de los gobiernos nacionales y territoriales. Cada uno tiene la fórmula, no para acabar la pobreza, sino para atenuarla y hacer que la sociedad funcione, a pesar del número de pobres, de la inequidad y de la desesperanza con la que viven millones de personas.

En pleno proceso de fortalecimiento de la ideología neoliberal, en el mundo y en Colombia, llegó la actual crisis, producida por los efectos de la covid-19. Los pobres no tienen cómo vivir. Los ricos han logrado concentrar el ingreso y la riqueza, mientras un porcentaje de la población, cercana al cincuenta por ciento, no cuenta con sistemas de protección social. Estos dos extremos subsisten sin mayores problemas. Entre otras cosas porque, en el interior de la sociedad, aún se vende el sueño de mejorar la calidad de vida, la meritocracia para ascender y el progreso tecnológico para ser más iguales.

Oxfam sostiene que “en América Latina y el Caribe, el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. El número de milmillonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000. En grave contraste, la pobreza extrema está aumentando. En 2019, 66 millones de personas, es decir, un 10,7% de la población vivía en extrema pobreza, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)”. En EE. UU., el uno por ciento de los hogares supera la riqueza combinada del ochenta por ciento.

En la historia de la humanidad, las crisis han originado grandes reformas para proteger los derechos sociales y para el fortalecimiento del Estado, para lograr los necesarios equilibrios entre un "sálvese quien pueda y como pueda", frente a la necesidad de intervenir para garantizar bienestar y desarrollo humano integral a las personas, y, aunque algunos sectores neoliberales no lo reconocen, también, equilibrio macroeconómico, estabilidad y crecimiento. En este sentido, apoyo e invito a reflexionar sobre las bondades del Proyecto de Ley de Renta Básica de Emergencia, que el senador Iván Marulanda y otros han presentado al Congreso de la República. Esta puede ser una oportunidad para cambiar la lucha contra la pobreza.

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