La revolución de las Concesiones 4G nos toca a todos

Luego de un lamentable rezago en la realización de inversiones en este rubro, el cual coloca a Colombia dentro de los países con peor infraestructura vial a nivel mundial, el Gobierno ahora hace sus mejores esfuerzos para asegurar un marco jurídico que permita el financiamiento privado de dichas obras, dado que las concesiones ya adjudicadas de la llamada "Primera Ola" han enfrentado dificultades regulatorias para lograr su cierre financiero.

En cuanto a la participación del financiamiento privado, las proyecciones hechas por ANIF a finales del año anterior estimaban que del total de inversiones para Concesiones 4G, al menos un 30% debería ser financiado por la banca nacional, un 26% por banca del exterior y un 14% a través de Fondos de Capital Privado en esquemas de endeudamiento, exigiendo un marco legal que permita a los actores interesados intervenir en tales proyectos.

Para el efecto, ya en abril del año anterior el Gobierno había ajustado los cupos de los que pueden disponer los bancos para el efecto, permitiéndoles colocar créditos por un mayor valor de su patrimonio que antes para financiar Concesiones 4G, siempre que se trate de operaciones en la modalidad de asociaciones público privadas (“APP”). Debe anotarse que las APP resultan favorables en la medida que permiten la distribución de riesgos financieros entre los particulares y el Estado, de modo que los proyectos se autofinancien por un plazo no mayor a 30 años y durante los cuales los financiadores disponen de garantías propias del flujo de caja derivado por ejemplo del cobro de peajes, de tal manera que no deban emplearse sólo recursos públicos para la construcción y el mantenimiento. De otro lado, en caso de incumplimiento del contrato por el contratista, los financiadores pueden asumir directamente la ejecución del contrato, asegurando la fuente de pago de sus créditos.

Según manifestaron los bancos la semana anterior en la convención bancaria, están dispuestos a entrar en el negocio y están preparándose para hacerlo, teniendo en cuenta tanto los riesgos propios de otorgar una gran cantidad de recursos en crédito, como los de ingeniería, ambientales y manejo de comunidades que implican la construcción de nuevas obras en Colombia. Este salto implicará para los bancos una nueva mentalidad de respaldo a largo plazo que hoy sin duda alguna no es la que promueve el negocio bancario.

Precisamente por una cuestión de plazo, el Gobierno había invitado a los administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías para que intervinieran en el financiamiento de las Concesiones 4G, dado el interés de estos fondos de asegurar rentabilidades a largo plazo que coinciden con los plazos de vigencia de tales concesiones. Para ello desde el año anterior las Administradoras de Fondos de Pensiones Obligatorias (AFP) fueron autorizados para invertir mayores porcentajes de sus activos en Fondos de Capital Privado (FCP) y que canalicen las inversiones en proyectos de infraestructura en la modalidad de APP, lo que asegura señor lector, que el ahorro para sus pensiones sea un motor del desarrollo nacional.

Bajo el esquema planteado para las Concesiones 4G, se espera que las AFP inviertan en FCP que, a su vez, inviertan o bien directamente como accionistas en las concesionarias, o les faciliten recursos en préstamos a través de bonos para la realización de las obras, contando con la garantía de los peajes que se generen. Actualmente las principales AFP son entidades vinculadas a los grandes grupos financieros del país, que además de bancos cuentan también con promotores de proyectos de infraestructura, fue necesario permitir a las AFP invertir en FCP vinculados a proyectos de infraestructura en la modalidad de APP promovidos por compañías de su mismo grupo.

Dicha autorización fue impartida la semana anterior luego de la convención bancaria, y seguramente tuvo en cuenta el caso particular de Corficolombiana como brazo de inversiones en infraestructura del Grupo Aval y la existencia de una AFP en el mismo Grupo. Es una seria apuesta para promover la infraestructura, la cual deberá balancear el interés de los pensionados con el de los grupos financieros, aunque es lógico pensar que esta autorización no quita la responsabilidad que les corresponde a las AFP por decisiones negligentes o que falten a sus deberes con los ahorradores.

Así las cosas, los ahorros del público están llamados a servir de motor del desarrollo vial de Colombia, lo cual sin duda alguna es necesario y se convierte en una mejor alternativa que esperar mayores impuestos para que sea el Gobierno quien financie tales proyectos. Todo sea por el desarrollo (¡¡salvo más impuestos para los carruseles!!).