Lavado de activos y política económica

En declaraciones publicadas en Portafolio la semana anterior, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se refería a un informe del año 2014 sobre la dimensión económica del lavado de activos, en el cual se citan algunos estudios del año 2010 donde se indica que “los ingresos totales provenientes de la venta de cocaína en Colombia durante al año 2008 fueron aproximadamente 13,6 billones de pesos (2,3% del PIB nacional) con un valor mínimo de 9,4 billones de pesos (1,6% de PIB) y un valor máximo de 18 billones de pesos (3% del PIB)". 

Dos reflexiones, la primera sobre política criminal. Desde la perspectiva legal, existe hoy una calificación universal del narcotráfico como delito, de la misma manera que del lavado de activos como medio para legalizar los recursos de allí derivados. Existe sin embargo, un amplio margen en cada jurisdicción para el manejo de la administración de justicia respecto de tales delitos, que refleja ordinariamente sus propias conclusiones sobre el inmenso negocio que representa y el grado de amenaza que pueda suponer a sus intereses.  

Los Estados Unidos, por ejemplo, han sido consistentes a lo largo de los años en considerarlo como un enemigo para su seguridad nacional, habiendo invertido cuantiosos recursos para extinguirlo. La realidad, no obstante, ha demostrado que son más eficientes sus esfuerzos cuando se dirigen contra los grandes mayoristas y de allí el interés de obstaculizar sus actividades criminales por cualquier medio, incluyendo acuerdos con la justicia. 

Aunque confidenciales, la prensa da cuenta de algunos acuerdos como el de Vicente Zambada, considerado el segundo en la estructura del Cartel de Sinaloa, capturado por la policía mejicana y extraditado a los Estados Unidos, respecto de quien la revista The New Yorker señala que en su acuerdo con la justicia de ese país se le concedió no ser procesado dada su confesión e interés de colaborar con la justicia, incluyendo su acuerdo en entregar activos por valor de 1.370 millones de Dólares. 

Arreglos similares se habrían producido con imputados por lavado de activos, de la misma manera que en Colombia es claro que capos locales buscan acuerdos similares a través de la DEA, pues prefieren ser juzgados en los Estados Unidos que someterse a la justicia colombiana. 

Así, puede observarse que la política criminal del país consumidor más grande del mundo podría haberse hecho más pragmática y en tal medida doblegada su interés de penalizar ejemplarmente al de presionar selectivos acuerdos con la justicia dirigidos a acabar con el negocio, de paso tomando cuantiosos activos derivados del mismo.

Una segunda reflexión surge de la afirmación de la UIAF de que el lavado supone un gravoso impuesto sobre la población que no participa en la empresa criminal, en la medida que implica un enorme costo gubernamental dirigido a corregir fallas del mercado como la disminución de la tasa de cambio real, o la desaparición de empresas afectadas por la competencia desleal de aquellas financiadas con recursos ilícitos.

En una economía limitada en recursos como la colombiana, cualquier bonanza tiene un efecto general que puede ser o no perjudicial dependiendo de su direccionamiento, como vimos en el caso del correcto manejo de la bonanza cafetera de los años 70 y el deficiente dado a la bonanza petrolera en los últimos años. La del narcotráfico lleva más de treinta años afectando la economía y es difícil establecer si efectivamente ha implicado un tributo para la sociedad o un colchón frente a las anteriores crisis económicas mundiales, pues no ha hecho parte de la política económica del país a pesar de su enorme influencia. 

Lo cierto es que a nadie le pasa hoy por la cabeza legalizar el narcotráfico unilateralmente o que vayan a dejar de entrar recursos por ese delito al país, pero el mensaje que dejan algunas cortes americanas debe hacernos reflexionar sobre si la estrategia de la penalización ejemplar es más eficiente a la del sometimiento, ya practicada en Colombia en la década de los noventa solo que sin contraprestación alguna a favor de la sociedad. 

A riesgo de ser reiterativo, la negociación con las FARC exige la revisión detenida del tema pues no es posible seguir negando la realidad sin buscar controlar el impacto económico que representan los recursos del narcotráfico.