Apuesta por IS4GEN

Finalmente el Gobierno vendió un porcentaje sustancial de su participación en Isagén, contra el criterio de conocedores del sector energético que alegaban su inconveniencia por ser un activo estratégico, rentable, un modelo de gestión técnica y ética en una entidad pública; y para algunos sectores políticos, por no ser claro el destino final de los recursos de la venta.

El proceso no deja de ser crónica de una muerte anunciada y se cierra para abrir ahora debates jurídicos sobre si la valoración fue adecuada, si se causó daño al patrimonio público, si podía venderse en un proceso en el cual no intervino sino un oferente y si ello afectará la validez de la transacción. Dados los alcances demostrados por algunos de los políticos opositores al proceso, no darán espera para solicitar la intervención de la Contraloría, continuar las acciones legales que velan por los derechos colectivos que consideran involucrados y buscar responsabilidades políticas.

Lo cierto es que la valoración no fue hecha por el Gobierno sino por terceros independientes, con reconocida competencia en valoración de activos, cuya opinión solo sería discutible o cuestionable si hubieran incurrido en errores graves en el método empleado, por ejemplo, si no hubieran tenido en cuenta información esencial para efectuar su valoración, o si hubieran obrado de mala fe, de lo cual no se ha alegado nada hasta ahora.

En cuanto al precio, no conozco a ningún vendedor que sienta haber recibido lo suficiente. Son las reglas del mercado las que definen si el precio fue o no justo. En este caso, el proceso inició con múltiples oferentes y luego de su reanudación quedó solo uno interesado al precio finalmente fijado como base por el Gobierno, lo que indica que se colocó este precio que no debió ser irreal por lo bajo.

Esta venta ha generado las mismas discusiones sobre su conveniencia que otras de activos públicos, frente a las cuales el examen de si son o no convenientes solo depende de qué se haga con los recursos recibidos.

El impacto para el público no se mira en la calidad del servicio que prestan tales empresas, pues en el caso de servicios públicos en el que teóricamente puede intervenir cualquier particular en un marco de libre competencia, las actividades siguen sometidas a las mismas regulaciones que cuando fueran públicas, siendo responsabilidad de los organismos reguladores y de vigilancia asegurar la prestación de tales servicios.

Lo que sí cambia, es que siendo de gestión y riesgo privados, tales empresas dejan de ser vulnerables financieramente al riesgo de politización y despilfarro, como cuando empresas de acueducto terminan prestando servicios de aseo o contratando centenares de supernumerarios innecesarios, lo que sí afecta su capacidad para prestar el servicio público.

Como tal, es demagogia alegar que la venta de una empresa pública prive a los ciudadanos del servicio, o de su “agua” en el caso de Isagén, como indicaba el ex alcalde Petro, que sí se dedicó a regalarla.

Una nación realmente pierde o gana es cuando los recursos de las ventas de empresas públicas se pierden entre los sifones de la corrupción o en el gasto público populista, como ocurrió en las décadas de los ochenta y noventa en algunos países latinoamericanos.

Para algunos, el Gobierno Nacional ha incurrido en gasto populista, pues ahí están las casas gratis y las familias en acción, justificando una gran desconfianza sobre el futuro de los recursos que se reciban y cómo afectarán la designación del próximo presidente.

Dejando de lado el tema político, no puede negarse que al Gobierno le tocó un momento difícil para adoptar la decisión sobre Isagén en la actual coyuntura económica, la cual de paso ha afectado sustancialmente la capacidad para asegurar el financiamiento de los proyectos de las denominadas concesiones de cuarta generación o 4G.

Pero frente a la opción de abstenerse de efectuar la venta para satisfacer a la oposición y algunos sectores de la opinión pública, o hacerla y emplear los recursos para impulsar la mínima infraestructura vial requerida para superar la pobre competitividad del país, no hay duda de qué resulta más responsable.

Al final lo que queda es que los ojos del país puedan tener visibilidad sobre el destino final de los recursos de la venta, que no debe ser otro que el de crear nueva infraestructura, impidiendo que se utilicen para reemplazar ingresos ordinarios y se pierda sí un activo que representa el ahorro de varias generaciones.