El crecimiento potencial del PIB colombiano está alrededor del 5%, esto quiere decir que la economía colombiana puede expandirse a esa tasa de manera constante sin generar riesgos inflacionarios, en ese nivel de crecimiento la política monetaria del Banco de la República debería ser neutral, es decir, tener una tasa de interés que no estimule la economía pero tampoco la frene, siempre y cuando la inflación esté controlada. No obstante, algunos estudios argumentan que con un eventual fin del conflicto, el crecimiento potencial del PIB deberá aumentar entre el 1% y 1,5% permanentemente, entonces la economía podría expandirse al 6% sin riesgos de recalentamiento.

Sin duda eso es una buena noticia para el país en general, mayor crecimiento debe ayudar a reducir la tasa de desempleo, mejorar la recaudación y ayudar a pasar el umbral de economía emergente a economía desarrollada para lo que se necesita, de acuerdo con la teoría económica, un ciclo prolongado de crecimiento por encima de esa tasa entre otras acciones, como el mejoramiento de la institucionalidad y la reducción de la desigualdad.

Pero las grandes preguntas son ¿cómo lograr mayor crecimiento luego de la firma de los acuerdos de paz sin presionar las finanzas públicas, ahora que la principal fuente de ingresos de la Nación se ha resentido por la contracción de los precios del petróleo? ¿Cómo serán financiadas las inversiones que obligatoriamente tendrá que hacer el Estado para garantizar su presencia institucional en los territorios antes dominados por la insurgencia? ¿De donde vendrá la generación de empleos que se necesita para incorporar a la vida civil a quienes abandonen las armas para garantizar su plena incorporación a la vida civil?

Ya hay respuestas parciales a los anteriores interrogantes, Colombia y la comunidad internacional han suscrito varios acuerdos para la financiación de los compromisos adquiridos en La Habana. El más significativo ha sido hasta el momento la reformulación de lo que fue el Plan Colombia para convertirlo en Paz Colombia que entregará US$450 millones. También hay compromisos similares, aunque de menores recursos, con la Unión Europea y Alemania en particular. Por otro lado, para financiar las inversiones en los territorios, los recursos municipales y departamentales son otra fuente de financiamiento alterna a las arcas nacionales, por ejemplo, en el fondo de reservas de regalías de las regiones hay más de $6 billones que pueden ser empleados en proyectos de orden departamental y municipal con los cuales pueden ser financiados bienes públicos necesarios en esas regiones.

Entonces la generación de empleo para absorber a los excombatientes seguramente llegará desde la demanda por empleos en la construcción de la infraestructura que se requiere para llevar el Estado a todos los lugares, también desde el que sea demandado por las empresas que tengan necesidades de crecimiento a medida que haya una mayor expansión económica, pero principalmente desde las oportunidades que puedan generarse en el agro, especialmente en la agricultura familiar, dado que la mayor parte de los excombatientes son de ascendencia campesina y querrán permanecer o regresar a los territorios donde viven.

Las Farc han dicho a sus miembros que todos estarán incluidos en su movimiento político porque de lo que se trata es de cambiar los fusiles por argumentos y votos, no de desarticular su organización y tendrán que seguir trabajando en la política, ya no en la lucha armada. Entonces es fácil intuir que vivirán, trabajarán y desarrollarán actividades productivas en esos territorios

En relación al agro, el Gobierno ya ha dado pasos en firme hacia su transformación, los resultados entregados el pasado diciembre por la Misión Rural dirigida por José Antonio Ocampo y coordinada por el DNP, buscan mejorar el desarrollo territorial; proveer bienes públicos al campo teniendo en cuenta sus pobladores como actores principales; lograr una remuneración justa en la agricultura familiar a través de la inclusión productiva de los campesinos a las cadenas de valor; mejorar la competitividad del agro garantizando un ambiente macroeconómico y financiero adecuado; conservar el agua de los suelos, los bosques y la biodiversidad; y por último la transformación institucional del sector para permitir una participación plural de los pobladores del campo en el diseño de la política pública relacionada al agro.

En la economía del posconflicto el protagonista será el agro. Las principales oportunidades de crecimiento se darán ahí, pero las externalidades positivas se darán en la demanda de servicios especializados e infraestructura de todo tipo.