Bancos, ¡a responderle a sus usuarios!

Seguimos contribuyendo a generar equilibrio entre el sector bancario y los usuarios. La semana pasada surtió en el Congreso su cuarto y último debate la ley de costos financieros de nuestra autoría que será una realidad para los colombianos en los próximos meses cuando sea sancionada por el Presidente de la República. Esta ley obligará a los bancos a reconocer intereses en todas las cuentas de ahorro, independientemente de su nivel de depósito;  los colombianos podrán disponer de todos sus ahorros sin tener que dejar saldos mínimos; y acabará con los cobros retroactivos después de 60 días de inactividad.

La obligación para que las instituciones financieras reconozcan intereses en todas las cuentas de ahorro no es un tema menor como lo han querido hacer ver los representantes del sector bancario, tras la aprobación de la ley. Esta, a pesar de que algunos no lo quieran reconocer, beneficiará a millones de cuentahabientes. Para la muestra, un botón: a marzo de este año siete entidades bancarias no reconocían intereses en sus cuentas de ahorro con saldos promedio entre cero y un millón de pesos.

La ley, además, acaba la figura del saldo promedio que es un ‘mico’ que el sector bancario usa para no pagar intereses a todos los usuarios a que deberían. En Colombia, la mayoría de los bancos reconocen intereses según el promedio que tengan las cuentas de ahorro y no según sus niveles de depósito.

¿Cuántos colombianos pueden mantener saldos promedio lo suficientemente abultados para que sus cuentas generen rentabilidad? A febrero de 2016 el 94,7% de las cuentas de ahorro del país tenían depósitos hasta por cinco salarios mínimos mensuales. Sin embargo, el saldo promedio de estas cuentas era de apenas 143 mil pesos. Esto implica que en el mejor de los escenarios estas cuentas recibirán menos de dos mil pesos de intereses anuales y en muchos casos recibirán cero pesos por rendimientos. Dichos recursos no son suficientes ni para pagar una cuota de manejo mensual de una tarjeta débito, que para marzo de 2016 llegó a costar hasta 10.600 pesos.

Además, que los bancos reconozcan intereses en sus cuentas de ahorro es tan sólo una parte en la tarea de generar equilibrio entre la banca y los usuarios. Nadie entiende cómo el margen de intermediación del sector bancario puede ser del 6,87% mientras que a la mayoría de colombianos no se les reconocen intereses por sus depósitos en cuentas de ahorro. Si hilamos más delgado y usamos para desagregar el margen de intermediación que aplica a los colombianos de menores ingresos, no el DTF y el promedio ponderado de tasas de créditos comerciales y de consumo, sino el cero por ciento con el que se capta en muchas cuentas de ahorro y la tasa promedio de microcrédito, que en 2015 fue del 31,65%; es fácilmente visible el trato desigual que la banca le da a sus usuarios más pobres.   

De otra parte, prohibir que las entidades financieras retengan saldos mínimos en las cuentas de ahorro y que hagan cobros retroactivos por seis meses sobre cuentas inactivas también tendrá un impacto enorme para los colombianos de menores ingresos. Los estudiantes, quienes están sin trabajo o están vinculados a la economía informal serán claros beneficiarios de la ley. Estos colombianos son los más perjudicados cuando reciben dinero en su cuenta y lo primero que constatan es que el banco ha bloqueado un saldo mínimo que no puede ser retirado e incluso les ha practicado cobros retroactivos hasta por seis meses.

Las reformas adoptadas en nuestra ley de costos financieros contribuirán a restablecer el equilibro entre la banca y sus usuarios y, además, generarán un cambio muy importante en la percepción de los colombianos, quienes sienten que hacer uso y ahorrar a través de los canales bancarios es muy costoso. Mientras existan prácticas abusivas como las que motivaron la creación de esta ley, será muy difícil que en el país exista verdadera inclusión financiera y bancarización. En el actual  estado de cosas, nuestra ley es un incentivo real para que los colombianos de a pie sustituyan el manejo de dinero en efectivo por el uso de canales bancarios y para la formalización de actores económicos que hoy permanecen en la informalidad.