| 7/4/2012 6:00:00 PM

El “umpire” no bateó

El fallo de la Corte Suprema de EE.UU. sobre la constitucionalidad de la ley de reforma al régimen de salud es una lección de respeto a la división de poderes.

En Colombia estamos acostumbrados a que los periodistas sean los primeros en conocer las decisiones judiciales importantes y a que sean divulgados en los medios antes de que los fallos estén redactados. Por eso, a los colombianos nos debería sorprender que los periodistas solo conocieron el importantísimo fallo que profirió la Corte Suprema de los Estados Unidos el pasado 28 de junio sobre la constitucionalidad de la ley de reforma al régimen de salud de ese país, cuando este fue leído en una audiencia que se hizo el mismo día en que su texto quedó a disposición del público.

Pero las lecciones no paran ahí. La decisión que tomó esa Corte de declarar la exequibilidad de las partes esenciales de la ley de reforma a la salud –llamada “Ley de Atención al Paciente y Cuidado Médico Asequible” y apodada “Obamacare”– sirvió para que los americanos pudieran separar el debate jurídico que le corresponde definir a la Corte sobre la constitucionalidad de la ley, del agudo debate político sobre las bondades y los errores de la misma que se viene dando en el marco de la actual campaña electoral para la presidencia.

Lo anterior no era fácil por la polarización entre el candidato demócrata, Barack Obama, quien aspira a ser reelegido, y Mitt Romney, su contendor republicano, quien sostenía que si la Corte declaraba la inconstitucionalidad de esa ley, Obama habría perdido el tiempo durante los primeros tres años y medio de su gobierno.

Este logro se atribuye a un jurista conservador que fue elegido presidente de la Corte tras ser nominado por George W. Bush, el “Chief Justice” John Roberts quien, resistiendo la tentación que seguramente sentiría de declarar la inconstitucionalidad de la ley por razones ideológicas, se unió con los cuatro magistrados liberales para zanjar con su voto la división entre la mayoría y la minoría de la Corte, con base en una tesis que dejó a salvo los artículos más importantes de la ley sin favorecer políticamente ni a Obama ni a Romney.

Roberts enfrentó una –muy americana– disputa sobre la constitucionalidad de una norma vital para el funcionamiento de Obamacare, mediante la cual el Congreso estableció una multa contra quienes no se aseguren, adhiriendo en principio a la posición de los magistrados conservadores que afirman que el Congreso no tiene el poder para obligar a las personas a hacer lo que ellas no deciden hacer por sí mismas; pero al mismo tiempo aceptando un argumento secundario de los liberales, según el cual, la multa puede ser entendida como un impuesto que el Congreso sí puede imponer a cargo de quienes no se aseguren. El quid de la tesis de Roberts consiste en reconocer que el Congreso sí podía establecer esta multa, pero no en uso de su poder para regular el comercio interestatal –como sostenía Obama– sino en uso de su poder para fijar impuestos, lo que salva la ley aunque es políticamente incómodo para Obama.

Cuando Roberts compareció ante el Senado en la audiencia confirmatoria de su elección como magistrado, dijo que actuaría como un umpire (árbitro) en un partido de béisbol –aplicando las reglas pero no haciéndolas– y que jamás batearía. Y cumplió su promesa porque, teniendo la oportunidad de influir de forma tal vez definitiva en la campaña presidencial de los Estados Unidos, optó por no batear y, aunque demócratas y republicanos tratan de capitalizar políticamente el fallo, nadie duda de la imparcialidad de esta decisión de la Corte que ha sido interpretada por la mayor parte de los comentaristas como una magistral lección de respeto a la división de poderes.

En estos días en que vimos cómo muchos de los que se metieron en la redacción del fracasado proyecto de reforma a la justicia en Colombia fueron poderosos funcionarios que estaban invadiendo competencias ajenas, cabe reflexionar sobre las siguientes palabras del reciente fallo del Chief Justice Roberts: “no corresponde a la Corte la prerrogativa de tomar decisiones sobre política. Estas decisiones fueron encomendadas a los líderes que la Nación elige, quienes pueden ser reemplazados por el pueblo si no está de acuerdo con ellas. No es nuestro trabajo proteger al pueblo de las consecuencias de sus escogencias políticas”.

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