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| Foto: Andrés Mejía Vergnaud *

Política monetaria y libertad económica (I)

Andrés Mejía Vergnaud *
28 de septiembre de 2007

Habrán oído los lectores de dos índices que se publican anualmente y que miden la libertad económica en varios países del mundo, realizados y publicados de manera independiente por el Fraser Institute de Canadá y por la Heritage Foundation de Estados Unidos. El propósito de dichos estudios es el de calificar numéricamente el grado de libertad económica de cada país, para luego ordenar los países en lista descendente, y mostrar correlaciones con otros indicadores, como corrupción, desarrollo humano, ingreso per cápita, etc.

Estos esfuerzos merecen un reconocimiento, pues la libertad económica es un valor de suma importancia.

Creo sin embargo que el esfuerzo de construcción de estos indicadores es vulnerable a una crítica conceptual. En particular, considero que estos índices enfrentan desde el principio un problema relacionado con el concepto de libertad económica que utilizan para su metodología, pues al menos en una primera aproximación, es posible encontrar que tanto en el discurso académico como en el político se manejan varios conceptos de libertad económica, no necesariamente armónicos entre sí. En mi opinión, y siguiendo de cierto modo la línea trazada por Isaiah Berlin, creo que estos conceptos diversos pueden agruparse en dos.

El primero concibe a la libertad como ausencia de coerción. Es, por así decirlo, el concepto más usual e intuitivo de libertad. Si otra persona, u otras personas, o el Estado a través de su autoridad, me impiden hacer algo, entonces no soy libre para hacer tal cosa. El concepto de libertad económica significaría, desde este punto de vista, que el nivel de coerción en materias económicas es muy bajo. Y digo muy bajo, porque la ausencia total de coerción no existe sino en los sueños. Si las reglamentaciones me impiden o me dificultan abrir un negocio; si los aranceles o las barreras dificultan mis transacciones comerciales con extranjeros; si la ley limita de manera significativa mi autonomía contractual, puede decirse entonces que mi libertad económica está seriamente disminuida.

De acuerdo con el otro concepto, la ausencia de coerción no es un criterio suficiente para afirmar que existe libertad económica. Porque, se dice dentro de esta visión, de nada vale que no haya coerción, si los individuos carecen de los medios materiales necesarios para ejercer su libertad. Un representante de la primera visión diría, por ejemplo, que si no existen controles de precios en el mercado de alimentos, en ese mercado hay libertad económica. Pero el representante de la segunda visión objetaría, y diría que hay personas que carecen del dinero necesario para comprar alimentos, luego, por más que no haya controles, estas personas no son libres en ese aspecto. Y generalmente este concepto se presenta de un modo más global, y no meramente con relación a un mercado específico: se dice que la pobreza implica también carencia de libertad económica, pues aunque haya opciones no hay manera de ejercerlas.

Tenemos entonces dos conceptos contrapuestos: uno que concibe la libertad económica como ausencia de coerción, y otro que la concibe como disponibilidad de los elementos materiales necesarios para poder ejercer las opciones que el sistema permite.

¿Cuál es el reto que esto plantea para los índices antes mencionados? Estos tienen una clara orientación liberal en sus bases conceptuales, es decir, muestran en general una inclinación hacia el primero de los conceptos de libertad económica.

El problema radica en que ambos índices incorporan también variables que no corresponden a este concepto, y que, en mi opinión pertenecen a la segunda visión. Es decir, son variables que no miden la ausencia de coerción, sino la existencia de condiciones para ejercer efectivamente la libertad. Pero no incluyen otras que también emergerían de ese segundo concepto, luego la elección parece arbitraria.

El ejemplo que tomaré para ilustrar este argumento es el de la política monetaria: en ambos estudios se considera que una política monetaria sana, es decir, una que controle la inflación, es un elemento de la libertad económica. Pero podría alguien objetar: el nivel de inflación y la salud de la moneda no tienen nada que ver con la coerción o la ausencia de esta. La inflación no ejerce coerción, pero sí implica que las condiciones materiales para la autonomía económica disminuyen. ¿Y si se admite entonces esta variable, por qué no admitir otras que tienen un efecto similar, como la pobreza? Al igual que la inflación, dirá quien objeta, la pobreza impide a las personas ejercer con plenitud sus opciones económicas.

En la próxima columna, intentaré analizar el caso particular de la política monetaria, no sin antes advertir que, en mi opinión, no es la única variable de estos índices que los hace vulnerables a la objeción propuesta.

*Instituto Libertad y Progreso
info@libertadyprogreso.net