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Las razones por las que el padre no le entrega sus hijos a su exesposa María Paula Azcuénaga

Tras la disputa legal por la custodia de los dos menores de edad, Mariano Díaz rompe el silencio y en un comunicado explica por qué los mantiene a su lado, pese a que una orden judicial lo obliga devolvédselos a la mama .

19 de marzo de 2021

El pasado 4 de marzo, una juez de Barranquilla suspendió todos los derechos legales y parentales a Mariano Díaz y le dio la custodia total de sus hijos a su exesposa María Paula Azcuénaga . A partir de esa fecha, ella ha denunciado que Diaz los mantiene retenidos y que se rehúsa a entregarlos. Ahora, el padre responde.

Ante las declaraciones que hizo Azcuénaga en un video en Twitter y difusión su masiva, Díaz optó por pronunciarse y desmentir muchas de las acusaciones en su contra, así como revelar su versión de los hechos.

“Decidimos inicialmente no pronunciarnos en medios de comunicación, ni en redes sociales, sobre este asunto para proteger a los niños A y S de la exposición mediática; y respetar la reserva de los procesos, así como la imparcialidad de los funcionarios a cargo de ellos. Pero dada la figuración pública desplegada por la Sra. Azcuénaga, y especialmente la forma masiva, falaz, acomodaticia y parcial con que ha presentado los hechos, manifestamos este comunicado”, afirmó Díaz.

En el documento, Díaz Arenas expone que su único propósito ha sido el amor, el cuidado y la defensa de sus hijos ante lo que para él es un nuevo maltrato de la madre, en complicidad de la juez Séptima de Familia de Barranquilla. Además, afirma que desde un principio “el origen de estos hechos es el maltrato crónico y severo por negligencia emocional, psicológico y físico” de María Paula sobre sus hijos. De hecho, comenta que por ella uno de ellos ha sido hospitalizado y el otro sufre de depresión.

En el video difundido por María Paula, y en las declaraciones sus entregadas a SEMANA afirma que “hace tres años él (Mariano) se los llevó de la ciudad en la que vivíamos y, desde entonces, no me permite tener ningún contacto con ellos”. Ante esto Díaz arremete y se defiende diciendo que el 31 de marzo de 2018 se suspendieron las visitas (entonces provisionales) de Azcuénaga por una medida de protección hacia los menores dada por la Comisaría de Familia 10 de Engativá. Aquella medida se sostuvo hasta el 12 de septiembre del 2019 cuando el Juzgado 18 de Familia de Bogotá levantó la suspensión. Pero, 43 días después, una nueva medida de protección, ejecutada por el Juzgado 2º de Familia de Barranquilla, se estableció de nuevo y estuvo vigente hasta el último fallo a favor de María Paula.

Pero, en ese lapso de tiempo, según Díaz, “la progenitora nunca pidió ver a sus hijos”, y afirma, junto a sus representantes, que por esa suspensión continuada de las visitas es que nunca ha violado ninguna norma al no entregar a sus hijos. De igual forma presenta una queja debido a que a la audiencia no asistió ningún delegado del ICBF, ni de la Procuraduría.

Pero aún así, el pasado 4 de marzo, después de una larga disputa legal, una juez de Barranquilla le otorgó, finalmente, la custodia a María Paula, y suspendió todos los derechos legales y parentales de Mariano sobre los menores, aparentemente porque bajo su custodia existía maltrato psicológico paternal. No obstante, Díaz también rechazó la acusación y decidió poner a flote el historial que, soportado por Medicina Legal y otros entes, hablan acerca de Azcuénaga y sus deficiencias como madre, así como presuntos problemas de personalidad.

“Esto es consistente con lo que pasa ahora. No asume las consecuencias de sus propios actos en la ruptura con sus hijos, y reincide en presentar a Mariano como un padre instrumentalizador de ellos, de sus médicos y de las seis clínicas que los han atendido en sus reiteradas crisis por causa exclusiva de actos maternos”, comentaron los representantes legales de Díaz.

Además, de forma abierta, Díaz, denunció que María Paula “calla diversos actos de su manipulación y maltrato”, como pedir en una demanda de divorcio treinta millones de pesos mensuales como cuota alimentaria para sus hijos. Afirma que eso es “hacer de sus hijos, literalmente, botines de guerra”.

Finalmente, la controversia de este proceso se centra en que el padre de los menores se rehúsa a entregar a sus hijos luego del fallo de la jueza. El pasado 5 de marzo, Díaz Arenas tenía que llevar a los menores de edad al ICBF, pero no acudió a la cita. Luego, esa misma noche, las autoridades fueron a su casa a pedirle que los entregara voluntariamente, pero él no accedió. Por lo tanto, lo citaron de nuevo y volvió a faltar por lo que ahora está siendo buscado por evadir la decisión del fallo.

En su comunicado da dos razones por las que se rehúsa a entregar a sus hijos. Entre ellas argumenta que, “es imposible entregarlos como lo ordena la juez, de modo inmediato e incondicional, sin arriesgar a mayores daños psíquicos a los niños, y aun a su muerte o al menos la de ADA”, afirma Díaz.

A su vez, difiere con la decisión jurídica: “es falso que una mamá, sólo por ser mamá, tenga siempre derecho al acceso a sus hijos. Cuando ese acceso es el marco y la ocasión de su abuso y maltrato”. El padre de los menores solicita una revisión del caso por otro Juez de Familia que tenga en cuenta el material probatorio de orden científico, proveniente de reconocidos profesionales de medicina, pediatría y psiquiatría.

Asimismo, sus representantes comentan que van tomar medidas penales contra la juez por prevaricato por acción. Por ahora, la batalla entre ambos padres sigue vigente, cada uno lucha, expone argumentos, y testifican el uno en contra del otro.