Contraloría lanzó grave alerta sobre la administración de Claudia López por mala ejecución de millones de pesos

La Contraloría de Bogotá, tras culminar de 60 ejercicios de control fiscal: 20 actuaciones especiales de fiscalización, 20 auditorías de desempeño y 20 auditorías financieras, configuró 40 hallazgos con presunta incidencia fiscal en los Fondos de Desarrollo Local (FDL) en las 20 alcaldías por un valor de $11.200 millones.

Los cuarenta hallazgos tienen que ver, principalmente, con irregularidades en el manejo y ejecución de recursos públicos, incluyendo pagos excesivos, reconocimientos indebidos y sobrecostos en la contratación de bienes y servicios, además de deficiencias en la justificación técnica y financiera de adiciones presupuestales y reconocimientos de mayores valores pagados.

Adicionalmente, dentro de los hallazgos en los 20 Fondos de Desarrollo Local, la Contraloría estableció entre otras situaciones:

• Pagos indebidos en convenios interadministrativos y contratos de obra, sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes.

• Deficiencias en la planificación y supervisión de obras, resultando en la no terminación o puesta en funcionamiento de infraestructuras ejecutadas.
• Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas, manifestadas en patologías y problemas estructurales que comprometen la durabilidad y funcionalidad de la infraestructura pública.
• Incumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de calidad en la prestación de servicios contratados

El director de la Oficina de Apoyo al Despacho del Contralor de Bogotá, Juan Carlos Gualdrón, informó que “fundamentalmente se están encontrando problemas en la planeación de obras de infraestructura, puede ser de malla vial, los andenes y las vías terciarias que están dentro de los barrios por donde caminamos todos los ciudadanos”.

Y agregó que se observaron otros asuntos relacionados con los temas del adulto mayor, y con el acompañamiento o desarrollo de las minipymes.

“Los hallazgos ya fueron remitidos a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, donde empieza el Proceso de Responsabilidad Fiscal, y esperamos que sea lo más expedito posible, ahora comienzan las versiones libres de las personas que fueron o están relacionadas con los hallazgos, por supuesto de los alcaldes locales y los contratistas”, explicó el director de la Oficina de Apoyo al Despacho del contralor de Bogotá.

De acuerdo con Gualdrón, estos ejercicios de control fiscal se adelantaron entre junio y diciembre de 2023.

Así mismo, en las 20 localidades la Dirección de Participación Ciudadana y de Desarrollo Local de la Contraloría mediante su estrategia ‘Localidades al Tablero’ vigiló durante 2023 la ejecución de 70 obras públicas, y gracias a sus acciones de vigilancia y control permitió que hoy la ciudad cuente con 44 obras terminadas y entregadas a la comunidad, donde la ciudad invirtió más de $143 mil millones.

Hallazgos en intervención de la malla vial local

Los hallazgos de la Contraloría se suman a los que encontró la Personería de Bogotá, también a las alcaldías locales de la ciudad, bajo la administración de la exalcaldesa Claudia López.

Un total de 110 hallazgos, 53 con presunta incidencia disciplinaria, 17 con presunta incidencia fiscal, 3 con presunta incidencia penal y 37 administrativos encontró la Personería de Bogotá en la intervención de la malla vial local realizada en 2021 y 2022, que tuvo un presupuesto, en este periodo de 350 mil millones de pesos.

El Ministerio Público Distrital evidenció posible falta de planeación en los procesos contractuales en la mayoría de las localidades, lo que generó grandes retrasos en las obras, suspensiones, adiciones, prórrogas, exclusión o inclusión de segmentos viales a intervenir, mayores costos, cobro de sectores sin terminar y deficiente calidad en varios tramos entregados, entre otras.

La Personería realizó una muestra aleatoria visitando cerca de 255 segmentos viales, de los 1.803 contratados, encontrando graves retrasos en su ejecución en especial en las localidades de Antonio Nariño, Chapinero, Puente Aranda y Kennedy. También fisuras, empozamientos, mal estado o deterioro de algunos sectores intervenidos, como se observó en Barrios Unidos, Engativá y Rafael Uribe, entre otros, que dieron lugar a hallazgos disciplinarios y fiscales.

La mayoría de contratos no tenían claridad ni precisión de las vías y el tipo de intervención, lo que dio lugar a constantes modificaciones con el fin de excluir, incluir y adicionar segmentos viales, por falta de planeación y de estudios técnicos.

En Usaquén se excluyeron el 67 % de los segmentos viales contratados para su intervención. En Kennedy 50 tramos planeados no se intervinieron, sin que se conozcan los motivos.

En Barrios Unidos, Teusaquillo y Tunjuelito se incluyeron segmentos que debía llevar a cabo el Instituto de Desarrollo Urbano. En Ciudad Bolívar y Usme se quitaron varios sectores porque ya habían sido intervenidos en años anteriores, denotando falta de planeación. Casos cercanos ocurrieron en Rafael Uribe donde se descartaron tramos viales debido a que se encontraban en buen estado.