Por pérdida de $1.388 millones de Bioenergy y Ecopetrol, Contraloría General emitió fallos con responsabilidad fiscal

Un nuevo fallo de responsabilidad fiscal contra directivos de Bioenergy, la planta de etanol que construyó Ecopetrol en el Meta, profirió la Contraloría General de la República en las últimas horas.

El primer fallo corresponde a la suma indexada de $1.029 millones de pesos por la pérdida de recursos públicos que se dio a raíz de irregularidades presentadas en la ejecución de ocho contratos de arrendamiento de predios, suscritos por Bioenergy S.A (hoy Bioenergy SAS) entre los años 2013 a 2015, sin que los terrenos fueran utilizados para el cultivo de caña de azúcar destinada para el suministro de la planta de producción de etanol “El Alcaraván”, que era el único fin de los negocios jurídicos.

Según la Contraloría, el daño patrimonial corresponde al pago de cánones de arrendamiento de los predios no utilizados.

La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que tomó esta decisión, encontró varias irregularidades, entre las que se encuentran la falta de planeación, lo que generó una demora injustificada en la entrega de los predios objeto de los contratos de arrendamiento a Riopaila.

También se encontró ausencia de procedimientos en la entrega de los predios objeto de los contratos de arrendamiento y la no utilización de los predios arrendados para el objeto contratado, que era la siembra de caña de azúcar.

Por estos hechos, la Contraloría declaró responsables fiscales a 7 directivos de Bioenergy S.A, entre los que se encuentran: Aleck Remberto Santamaria, en calidad de representante legal y gerente de Bioenergy S.A. (hoy Bioenergy SAS); Claudia Castellanos Rodríguez, en calidad de miembro principal de la Junta Directiva de Bioenergy S.A.; Maria Cristina Gloria Ines Cortes Arango, en calidad de miembro principal de la Junta Directiva de Bioenergy S.A.; Juan Felipe Munera Yepes, en calidad de miembro principal de la Junta Directiva de Bioenergy S.A ; Maria Helena Velasquez Restrepo (Q.E.P.D), en calidad de miembro principal de la Junta Directiva de Bioenergy S.A ; Myungho Lee, en calidad de miembro principal de la Junta Directiva de Bioenergy S.A; Andre Marques Valio, en calidad de Gerente Agrícola de Bioenergy S.A. y Ivan Dario Castro Leon, en calidad de supervisor en los contratos.

Otro fallo con responsabilidad fiscal

Y en otro proceso, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción profirió fallo con responsabilidad fiscal por algo más de 309 millones de pesos por la pérdida de recursos públicos, por las irregularidades presentadas en la planeación, suscripción, ejecución y terminación del contrato de arrendamiento No. 026-2012 del predio “El Corozalito”, suscrito por Bioenergy S.A (hoy SAS).

En este caso, se pagaron arrendamientos y cláusula penal por terminación injustificada del contrato, sin que los terrenos fueran utilizados para el cultivo de caña de azúcar, que era el único fin pretendido con el negocio jurídico.

Se verificó la ocurrencia de irregularidades como falta de planeación, que conllevó a que se contratara un predio no apto para el cultivo de caña de azúcar, lo mismo que ausencia de control y seguimiento durante la ejecución del contrato.

Fue así como se pagaron 3 años y 2 meses de cánones de arrendamiento y cláusula penal, por la terminación sin justa causa del contrato, por un predio en el que no se efectúo el cultivo y siembra de caña de azúcar, que era el único fin pretendido por el negocio.

Por estos hechos, fueron declarados responsables fiscales Miguel Angel Ramirez Herrera, representante legal de Bioenergy S.A., hoy Bioenergy SAS en liquidación, quien suscribió el contrato de arrendamiento No. 026 de 2012 ; Andre Marquez Valio, gerente Agrícola de Bioenergy S.A., hoy Bioenergy SAS en liquidación y Jesus Hernando Galvis Quintero, gestor y/o supervisor del contrato No. 026 de 2012. Así mismo, se falló sin responsabilidad fiscal en favor de Iván Darío Castro León.

En marzo pasado, la Superintendencia de Sociedades confirmó en audiencias públicas llevadas a cabo los días cuatro y nueve de marzo de 2022, los acuerdos de adjudicación y de reorganización de las sociedades Bioenergy y Bioenergy Zona Franca, logrando de esta forma preservar la empresa y el empleo.

El acuerdo de adjudicación implica que un inversionista, en este caso Agrícola Llanos, asumirá las operaciones que desarrollaban Bioenergy y Bioenergy Zona Franca, que permite la preservación de 715 puestos de trabajo directos y 3.500 indirectos.

Entre tanto, el acuerdo de reorganización permite la reestructuración de deudas por la suma de más de 100.000 millones de pesos en pasivo preconcurso y establece que en un término de cinco años las sociedades atiendan los créditos sujetos al acuerdo, mientras continúan su operación normal.

De acuerdo con la Supersociedades, los procesos de insolvencia tienen como objetivo la preservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, preservar empresas viables, normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o de pasivos y la protección del crédito.

Hay que recordar que, en septiembre de 2021, la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal en la suma de 920.646 millones de pesos por la pérdida de recursos públicos de Bioenergy, Bioenergy Zona Franca y Ecopetrol, por las inversiones realizadas para terminar el componente industrial de la planta de producción de etanol El Alcaraván, ubicada en el municipio de Puerto López, Meta.