“No soy ningún zar de la chatarrización”: empresario Rafael Naranjo desmiente la existencia de un cartel

Hace algunos días se conoció una denuncia pública realizada por Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías de Colombia, quien reveló la existencia de un supuesto cartel de la chatarrización de carros por más de 700 mil millones de pesos en la ciudad de Medellín.

Bustos aseguró que en dicho cartel estaría involucrada la Unión Temporal RYM que, según su denuncia, no tendría los requisitos legales para la desintegración física de vehículos.

El director explicó que la empresa mencionada no tendría personería jurídica, un requisito mínimo para este tipo de procesos. Sin embargo, pese a esto se han pagado supuestamente de manera irregular incentivos por chatarrización de más de 720 mil millones de pesos, por cerca de 6.500 vehículos chatarrizados, cada uno con un incentivo promedio de $100 millones de pesos, con fundamento en las certificaciones de desintegración expedidas por la Unión Temporal RYM SAS, según menciona Bustos.

Ante esta grave denuncia, SEMANA habló con Rafael Naranjo, dueño de la firma Unión Temporal RYM SAS, para conocer su versión ante esta situación que tiene a la empresa en la mira de los órganos de control.

Desde el principio, Naranjo fue tajante al asegurar que no existe ningún cartel de la chatarrización y que todo es completamente falso. “Lo que hay son unas empresas prestando el servicio de desintegración para el reconocimiento y modernización de la flota de camiones de carga en el país”, señaló.

Según explicó el empresario, durante toda su vida ha trabajado con chatarra, pero la situación comenzó después de que decidiera entrar al negocio de la desintegración de vehículos de carga, pues desde un principio hizo un gran cambio que, de acuerdo con su testimonio, generó malestar en las empresas de este sector.

Naranjo señaló que los camioneros no recibían ningún pago por la desintegración de los camiones, por lo que desde un inicio él decidió pagar por cada vehículo que desintegraba, afectando el negocio que tenían otras compañía para “taparse de dinero”.

“Antes de que yo entrara, a todas las entidades, empresas y secretarías de Movilidad les tocaba pagar a las empresas desintegradoras. Cuando yo entro, empiezo a ofrecer dinero por cada kilo de chatarra que generaba la desintegración de los vehículos (...) Me metí en un negocio y todo mundo me empezó a entregar vehículos porque tenían un reconocimiento por el valor de la chatarra”, explicó.

Este servicio empezó a atraer las miradas de diferentes entidades como la DIAN y la SAE, que le entregaban los vehículos a Naranjo para que los desintegrara y, a cambio, él les pagaba por cada kilo, algo que posteriormente se extendió a las empresas privadas de camiones. Según su versión, esto generó un gran malestar a las empresas desintegradoras, pues prácticamente la Unión Temporal RYM SAS se empezó a llevar la mayoría de los clientes.

Naranjo fue más preciso y habló de un caso específico, mencionó a la Unión Temporal Sct Merl de Barranquilla, que también se dedica a la desintegración de vehículos y que incluso, de acuerdo con su versión, se llevaba en su momento el 80% de los camiones de carga y de los vehículos de diferentes entidades, todo esto sin pagar ningún dinero.

“Cuando yo empiezo a ofrecer bonos y pago por kilos, esta empresa empieza a desacreditarme y a sacar noticias falsas, a decir que estoy mal habilitado, que no tengo personaría jurídica”, manifestó, al tiempo que denunció que esta compañía se habilitó con documentos falsos, razón por la que interpuso una denuncia en su contra.

“Hay otras empresas, pero esta empresa es la que ha sido más agresiva en estos temas. Ellos han puesto todas estas denuncias haciendo como una cortina de humo para tapar los delitos, porque son delitos penales, donde se falsificaron todos los documentos para habilitarse. Yo tengo todas las pruebas”, puntualizó.

Sobre la información dada por la Red de Veedurías de Colombia que señala que la Unión Temporal RYM SAS no tiene personería jurídica y por lo mismo no puede realizar este tipo de procedimientos, Naranjo explicó que para la desintegración de vehículos de pasajeros él se habilitó con la empresa de Recuperaciones Naranjo, y para la desintegración de vehículos de carga decidió hacer una Unión Temporal con una empresa de la India, la cual aportó, según él, todos los documentos requeridos por la ley, por lo que las empresas que componen esta UT tienen la respectiva personería jurídica.

“Yo estoy habilitado en todas las ciudades donde se presta el servicio de carga y legalmente ante el Ministerio de Transporte. La Superintendencia nos investigó y nos exoneró (...) Tengo todos los documentos de que estoy habilitado legalmente en todas las resoluciones”, indicó.

Frente al llamado cartel de la chatarrización en el que se le acusa de estar involucrado, el empresario comentó que este tipo de situaciones empiezan a sonar cada vez que hay una licitación muy grande ante una entidad.

En ese sentido, Naranjo le hizo un llamado a los diferentes órganos de control para que se agilicen las investigaciones y sanciones que tendría la Unión Temporal Sct Merl. Igualmente, aseveró que él no es el nuevo ‘zar’ de la chatarrización en el país, como se le ha llegado a denominar.

Sobre la licitación en Medellín, señaló que su empresa se la ganó de manera limpia y esto generó malestar en la otra compañía, lo que finalmente derivó en el escándalo que hoy lo tiene en el ojo del huracán ante la opinión pública.

“Las empresas mías fueron investigadas y esculcadas por todas partes. La persecución de Sct Merl lleva seis años y yo apenas llevo seis meses informando ante las autoridades las falsedades de esta empresa y ya han tomado medidas, los frenaron en Medellín y Bogotá”, agregó.

Finalmente, Naranjo recalcó que hasta la fecha su empresa nunca ha cometido ninguna irregularidad, tal y como se está planteando en el llamado cartel de la chatarrización. “Al principio me dio muy duro, pero ya me acostumbre porque ya me volví famoso en las redes por las calumnias de estas personas, que de hecho ya se les puso una denuncia penal por injuria y por calumnia”, ultimó, al tiempo que le hizo nuevamente un llamado a los organismos de control para que se agilicen los proceso.