‘Mermelada tóxica’: Corte no encontró mérito para seguir investigando a 117 congresistas

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de continuar la investigación en contra de 117 congresistas denunciados por presuntos hechos de corrupción en lo que se denominó la “mermelada tóxica política”.

La investigación se había iniciado tras denuncias de supuestos actos de corrupción de entrega de dádivas, burocracia, cupos indicativos y contratación a miembros del Congreso para el trámite de la ley que reglamentó lo relacionado con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado, entre 2013-2014.

Según la Corte, no existe mérito para seguir con la investigación.

“La Corte se inhibe de continuar con esta investigación debido a que no encontró nada que indicara que se hubieran recibido ese tipo de dádivas ni beneficios. También encontró que las actividades desarrolladas estuvieron amparadas por la inviolabilidad parlamentaria”, aseguró el Alto Tribunal.

En la misma decisión, la Sala Especial de Instrucción ratificó que no es competente para conocer el proceso contra Óscar Mauricio Lizcano, Luis Fernando Velazco Chávez y Armando Benedetti por este caso. Esto, teniendo en cuenta que los dos primeros son ministros de despacho y el último es embajador, por lo cual se compulsaron copias para que sea la Fiscalía quien determine el curso de la investigación contra ellos.

El caso

Pocos presidentes en la historia han tenido el control casi absoluto del Congreso como Juan Manuel Santos. Cuando llegó a la presidencia en el 2010 conformó una coalición política que correspondía al 87 % del parlamento.

En su momento se denunció que la relación de los partidos políticos y el entonces presidente iba más allá del liderazgo ejercido por el mandatario. Si la clase política estuvo de su lado, no fue porque la principal apuesta de su gobierno, la paz con las Farc, los sedujera a todos por igual. La relación de Santos con el Capitolio tenía otros cimientos: la mermelada.

Ese fue el nombre con el que se hizo referencia a los cupos indicativos esa partida presupuestal que el Gobierno, presuntamente, distribuía entre los congresistas para que adelantaran inversiones en sus respectivas regiones y que se venían repartiendo desde los tiempos del gobierno de Andrés Pastrana, pero que con Santos alcanzaron su máximo esplendor: 37 billones que fueron repartidos entre los congresistas de la Unidad Nacional, entre otras como moneda de cambio para que se votaran en el Congreso los proyectos del Gobierno.

Eso quedó en evidencia cuando el uribismo filtró el contenido del computador de palacio, donde estaba consignada la relación de cupos indicativos por congresista, las cuotas burocráticas que habían recibido en entidades del Estado y la forma como estos habían votado iniciativas como el marco jurídico para la paz, el que le dio vía libre a las negociaciones con las Farc.

La mermelada provocó una denuncia penal contra el presidente por la forma como se repartieron 23 entidades a cambio de votos en el Congreso. Esa investigación no prosperó entre otras porque los cupos indicativos son legales, otra cosa es que se hayan degenerado en foco de clientelismo y corrupción, como en el pasado lo habían sido los auxilios parlamentarios.

Sin embargo, hoy la Corte Suprema de justicia afirma que no hay evidencia de que los congresistas investigados hubieran recibido ese tipo de dádivas ni beneficios y llama la atención sobre el hecho de que dichas denuncias se hicieron ante los medios de comunicación, pero que la Corte no tuvo ninguna prueba de esas afirmaciones, incluso, la Corte menciona que el expresidente Álvaro Uribe no hizo ninguna mención al respecto cuando entregó su testimonio.

La gobernabilidad que Santos puso como ejemplo ante el mundo estuvo determinada por la mermelada y condicionó la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Prueba de su impacto es que en el último año de gobierno, Santos no pudo mantener la gobernabilidad en el Congreso y, por ejemplo, quedó ‘colgado de la brocha’ con la mitad de los proyectos de implementación del acuerdo de paz.