El hijo de Dimar Torres: la esperanza y el desamparo

Por: José Guarnizo.

En la sala de partos, justo cuando vinieron las últimas contracciones, Alexandra Rodríguez volvió a pensar en Dimar, y se preguntó qué estaría sintiendo él si estuviera ahí parado detrás de la puerta que da a la sala de espera del hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

—Me acordé de él: que no hubiera conocido a su hijo, que el niño creciera sin él, lo pensé mucho en ese momento—dice.

La noche anterior, Alexandra había estado muy nerviosa. Se sentía sola. Cuando aparecieron los dolores y supo que había llegado la hora, fue a buscar a don Dionerge Rodríguez, su papá, para pedirle lo del pasaje y la bendición. Él la mandó para el hospital del pueblo, ahí en Convención, Norte de Santander, donde Alexandra vive con su hermana Yulianis. Ambas son unas jovencitas que apenas están cursando el bachillerato. 

El médico que la vio le dijo que la tenían que remitir a Ocaña en ambulancia. Yulianis se devolvió corriendo para la casa a buscar una cobija y una muda de ropa. Un frío de esos que aparecen de madrugada en tierra caliente se sintió a lo largo de una hora de recorrido. El cielo no dejaba ver ninguna estrella. Faltaba poco para que el niño naciera.

A las 11:30 de la mañana del siguiente día, esto es, del 16 de noviembre de 2019, a Alexandra se le apagó toda la tristeza que llevaba adentro. El primer llanto del bebé retumbó a esa hora por la sala. Fue como si una descarga eléctrica la hubiese devuelto a la vida.

Dilan, así lo llamó Alexandra, pesó casi 4 kilos. Midió 45 centímetros. La enfermera que atendió el alumbramiento y cortó el cordón umbilical no cabía de la emoción. No sabía cómo mimarlo más. En el hospital hubo revuelo, gritos, felicitaciones. Había nacido una esperanza y al menos en ese instante no quedaba espacio para la melancolía.

Puede leer la primera parte de este reportaje: Dimar, el crimen al que quisieron echarle tierra

La guerra no cesa

Convención es un municipio quebrado por montañas que a veces parecen muros de escalar. El 80 por ciento de la topografía es inclinada. A 20 minutos del pueblo aparece un caserío que deja ver lo que ocurre tras bambalinas en toda esta zona que sirve de entrada a la reserva forestal de Los Motilones. Unas veinte casas —por no decir casi todas— fueron recientemente pintadas con aerosol rojo encendido. “EPL presente”, dicen los letreros que cubren las fachadas.

Esta es una organización paramilitar que se disputa con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el control de todas las actividades ilegales del territorio. La pelea se da en los diez municipios que componen la región del Catatumbo. Detrás de estas viviendas pintoreteadas de rojo, se aprecian grandes extensiones de cultivos de café, plátano y cacao.

Pero ocultas, mucho más hacia la frontera con Venezuela, están las plantaciones de coca: la mata que impulsa la guerra. El Catatumbo es la segunda región del país con más hectáreas sembradas: en 2018 había 28.244 hectáreas en el departamento, según el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos que hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Por los reportes que las organizaciones de Derechos Humanos vienen recogiendo en los últimos meses se entiende que el conflicto está lejos de acabarse en El Catatumbo.

Esto dicen las reseñas del mes de noviembre: tres ataques a objetivos militares atribuidos al Eln en el municipio de Tibú. Dos desplazamientos forzados. El primero de ellos afectó a 80 familias de La Playa y el segundo a 120 personas en Ábrego. Se presume que fue por amenazas a raíz de las disputas entre el ELN y EPL. “De esto también se conocen casos de asesinatos selectivos que no han salido en prensa y que fueron alertados por la comunidad. Las amenazas y combates persisten”, declara un investigadora consultada por SEMANA.

Se refiere, entre otros, al homicidio de dos jóvenes en Tibú en este mismo mes. Se sabe que fueron asesinados en una carretera. En este periodo también se presentó un accidente con una mina antipersonal en El Tarra. En el hecho salieron heridos dos menores de edad, de 6 y 15 años. Por esos días, en La Playa le hicieron un atentado al líder Nelson Arévalo de la organización Corpored. Y secuestraron  a una funcionaria del ICBF que ya fue liberada. Este último delito lo cometió presuntamente el ELN. Una lideresa de El Carmen, a su vez, fue amenazada y le atacaron  su esquema de seguridad.

En cuanto a diciembre el reporte habla de cuatro jóvenes asesinados. Los crímenes ocurrieron en Tibú, San Calixto, Teorama y Ábrego. También dos casos más de minas antipersonal se presentaron en Hacarí. Uno de estos artefactos hirió a un joven. La otra mina fue activada en contra de soldados. Dos situaciones más preocupan a las organizaciones que hacen veeduría en la región. El primero es el secuestro del líder Celiar Martínez en San Pablo, municipio de Teorama. Al sol de hoy no se tienen noticias de él. El segundo es el hostigamiento del cual ha sido víctima el líder Jhony Abril, de la organización Ascamcat. El Ejército lo ha detenido y amenazado en varias oportunidades. Sus denuncias se las ha llevado el viento.

La llegada de Dilan

La pequeña casa en la que ahora Alexandra vive con el recién nacido Dilan está puesta sobre una colinita. Afuera, en un andén cercano, alguien puso a secar pepitas de cacao. Un campesino pasa arriando una bestia. En el pueblo dicen que allí las lomas son tan empinadas, que quien no tenga una moto está condenado a vivir encerrado.

En la entrada de la vivienda está la cocina a medio construir, con los ladrillos y el cemento al descubierto. Los pisos no tienen baldosas. En la primera habitación está el bebé, que aún no ha abierto los ojitos desde que llegó al mundo. El día en que regresó del hospital lloró casi toda la noche. De tan chiquito que era todavía, habrá sentido el peso del viaje.

El resto del tiempo, sin embargo, Dilan ha dormido como un lirón. Alexandra dice que el niño es la fotocopia de Dimar. Y tiene razón. Son igualitos: el rostro redondo y unos ojos achinados inconfundibles.

No muchas personas lo han ido a visitar. Cualquiera que pregunte en Convención por el hijo de Dimar se encuentra con silencios. “¿Cómo así? ¿Ya nació el bebé del muchacho que mataron?”, se pregunta una mujer que camina cerca de un coliseo que está bajada.

Una de las cuñadas de Alexandra llamada Soraida fue a llevarle a la mamá convaleciente unas ramas de Yanten y Cardo Santo para que se hiciera baños. En Ocaña hubo algunas personas que se acercaron al hospital a dejarle al bebé un paquete de pañales, un coche y alguna ropita nueva. Doña Diosaminta Rodríguez, tía de Alexandra, no sale del asombro por el gesto. No es normal —y nunca lo ha sido—, que cuando nace un niño en la familia lleguen detalles inesperados.

Alexandra es tímida, le cuesta expresarse con fluidez. Aún así —y de la nada— deja salir de vez en cuando una sonrisa grande, sobre todo cuando Dilan la llama con su llanto. Cuando volvió con el bebé del hospital se encontró con la habitación decorada con fotos de Dimar y del recién nacido. También había bombas y un ‘te amo’ y un ‘bienvenidos’ en letreros pegados en una de las ventanas. Un mosquitero que antes no estaba se descolgaba ahora del techo para proteger al niño de los zancudos. Todo eso lo preparó Yulianis.  

Puede leer la segunda parte de este reportaje: "Mi coronel, ya lo maté", el grupo de Whastapp que crearon para asesinar a Dimar

Dilaciones y desmanes 

Al día de hoy, solo un miembro del Ejército ha sido condenado por el crimen de Dimar Torres. El cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo fue sentenciado a 20 años de prisión como autor material. Sin embargo, cuatro militares más siguen sin responder. La Fiscalía presume que el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita y los soldados William Andrés Alarcón, Jorman Buriticá y Cristian Casilimas fueron al parecer coatores de la ejecución extrajudicial, teoría que reveló SEMANA por primera vez el mes pasado en el capitulo anterior de este especial. Ver capítulos 1 y 2 de esta historia de Dimar.

El jueves de esta semana ninguno de ellos se presentó a la audiencia en la que les iban a imputar cargos por los presuntos delitos de homicidio y concierto para delinquir. El abogado de uno de los militares salió con una evasiva difícil de digerir: dijo que no podía participar de la diligencia por tener una sanción en su contra. Y como no puede haber imputación sin defensor, la cita fue reprogramada para finales de enero. Diego Martínez, abogado de la familia de Dimar considera dicha excusa como una forma de dilatar el proceso para que se venzan los términos.

El crimen de Dimar se volvió un caso emblemático del periodo del posconflicto en Colombia, es decir, desde cuando se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc en diciembre de 2006. Es simbólico por varias razones. Se trata de la primera ejecución extrajudicial en contra de un desmovilizado que sale a la luz con todas sus pruebas gracias a la pronta reacción de los campesinos que salieron a grabar con sus celulares apenas el Ejército cometió el crimen. El caso es particular también por todas las estrategias que han intentado usar los militares para esconder el asesinato: excavar una fosa con el propósito de desaparecer el cuerpo, dar declaraciones contradictorias, negar el delito, culpar a la víctima, utilizar estrategias para dilatar las investigaciones, entre otras.  

Uno de los funcionarios que dijo varias mentiras alrededor del asesinato de Dimar fue Guillermo Botero, ministro de defensa para la época en que ocurrieron los hechos. Así puede leerse en los capítulos anteriores de este reportaje. El 5 de noviembre, Botero fue citado a un nuevo debate de moción de censura, figura que nunca ha prosperado en Colombia.

Parado detrás del atril principal del Capitolio Nacional, el senador Roy Barreras habló de tres casos que pusieron en entredicho al ministro. Uno de ellos, el de Dimar:

—Tristemente tengo que contarles que hemos vuelto a la época de los falsos positivos (como suelen llamar a las ejecuciones extrajudiciales en Colombia). Conocemos con estupor el caso de Dimar Torres. Ahí estuvimos en El Catatumbo viendo con la comunidad la fosa común donde pretendían desaparecer el cadáver y todos ustedes, colombianos y colombianas, oyeron al ministro diciendo que esa muerte había sido producto de un forcejeo, ahora lo sabemos, ahora vimos en grandes titulares la frase: “Mi coronel, ya lo maté” (refiriéndose al reportaje de SEMANA). Era claramente un crimen de Estado que el ministro no vio, que el ministro quiso esconder, que el ministro además con una de sus celebres frases dijo que Dimar algo estaría haciendo. ‘Por algo sería que lo mataron’. Sí, porque recibió una orden de una política de exterminio equivocada, que pretende destruir la paz, una política en que los campesinos son los enemigos—dijo Barreras a voz en cuello.

El senador trajo a la memoria el artículo 28 del Estatuto de Roma, que habla de las responsabilidades de los agentes políticos:  

—Usted no puede decir que fue apenas una equivocación, que fue que sus hombres le informaron que era un forcejeo. Esto dice el artículo del estatuto: “el que no hubiere adoptado todas las medidas necesarias para poner el asunto en conocimiento de todas las autoridades competentes es responsable frente a la Corte Penal Internacional”—continuó.

El senador también hizo referencia a dos casos muy graves de violaciones a los Derechos Humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública. En ambas situaciones la información que proporcionó Botero no correspondía con lo que fueron arrojando las investigaciones posteriormente. Uno de estos hechos fue la presunta ejecución extrajudicial del indígena  Flower Trompeta a manos de soldados del Batallón de Alta Montaña No. 8 en Corinto, Cauca. Esto pasó el 29 de octubre pasado.

El ministro Botero informó que Trompeta había muerto en un combate entre el Ejército y los llamados disidentes, es decir, grupos armados que no se sometieron al proceso de paz. Aseguró que al muerto le aparecía en los registros de la Fiscalía un antecedente por el delito de receptación, también dijo que Flower tenía un fusil m16 y un lanza granadas artesanal al momento de la supuesta acción armada. Sin embargo, hay varios indicios que hacen que el reporte oficial no goce de credibilidad. Los indígenas contaron que Flower había sido retenido por el Ejército y que luego había aparecido muerto cerca de la casa de su abuela materna, una mujer llamada Estefanía. Tenía cuatro disparos en su cuerpo. En esa parcela familiar quedaron tirados los casquillos de las balas que lo mataron.

En el protocolo de necropsia quedó consignado que dos de los disparos que recibió Flower fueron por la espalda.  Uno más lo impactó en la parte posterior del cuello. Y otro en un brazo. El estudio preliminar de los orificios en el cuerpo llevaron a Barreras, que es médico de formación, a pensar que lo de este joven indígena fue una ejecución extrajudicial y que se trató de un fusilamiento por la espalda. Pareciera ser que el muchacho fue alcanzado por las balas cuando corría para salvarse. Una vez muerto, a Flower debieron practicarle los protocolos para determinar si existían rastros de pólvora en sus manos y así despejar o no la duda de si había usado un arma. Pese a que este procedimiento fue solicitado en su momento por los mismos indígenas, esto no se había surtido seis días después de la muerte.

Tampoco es claro en lo de Flower cómo se dio el supuesto combate. De haber ocurrido tampoco habría sido proporcional que un batallón y un helicóptero se enfrentaran a una sola persona. Lo del fusil y el lanzagranadas en la casa de su abuela para los indígenas resulta absurdo. Ellos aseguran que ninguno de estos elementos estaba en manos de Flower cuando le dispararon.

En medio del debate de moción de censura al ministro Botero, el senador Barreras hizo una revelación que tal vez nadie esperaba, un descubrimiento que causó escalofríos. El 2 de septiembre de 2019, tanto el ministro como el presidente Iván Duque y la cúpula militar le informaron al país que las fuerzas armadas habían dado de baja a catorce delincuentes en el departamento de Caquetá, al sur del país. Los muertos fueron mostrados en bolsas plásticas. La operación fue catalogada como un éxito. Se trató de un bombardeo ejecutado, principalmente, por la Fuerza de Tarea Omega del Ejército en zona rural de San Vicente del Caguán, el 29 de agosto. El mismo Duque dijo que el operativo había sido “impecable” y “meticuloso”. Sin embargo, este supuesto logro de la fuerza pública  escondía un hecho muy grave que el gobierno no le había contado al país.

Al menos nueve de esos muertos que fueron presentados como delincuentes tras el bombardeo eran menores de edad. Ni Botero ni el presidente ni los generales que dieron parte del operativo “exitoso” contaron que allí habían caído víctimas de reclutamiento forzado. “Usted le escondió a Colombia que ese día bombardeó siete niños (después se sabría que pudieron ser nueve), y que quizá son más”, dijo Barreras.

Vale la pena dejar constancia de los nombres y de las edades de los niños y jovencitos que murieron en el bombardeo del Ejército: Edith Rueda Payanane, 16 años. Wilmer Alfredo Castro Acuña, 17 años. Diana Medina Garzón, de 16 años. José Rojas Andrade, de 15 años. Jhon Édison Pinzón Saldaña, de 17 años. Ángela María Gaitán Pérez, de 12 años. Sandra Patricia Vargas Cuellar, de 16 años. Abimiller Morales, de 16 años

Botero no aguantó la revelación del senador Barreras y renunció a su cargo al día siguiente del debate de moción de censura. Lejos de condenar la información errada que habían entregado sus hombres alrededor del bombardeo, el presidente Duque terminó elogiando la labor de Botero: “Me permito informar que he aceptado la renuncia de Guillermo Botero. En nombre de los colombianos y equipo de gobierno quiero agradecerle por su compromiso, sacrificio y liderazgo en el sector. Gracias a su gestión logramos excelentes resultados en estos 15 meses”. Duque no se refirió a los menores muertos en el bombardeo.

¿Qué sigue para Dilan?

Alexandra no ha seguido esas noticias. Su sueño y en lo que ahora piensa es en terminar el bachillerato. Calcula que si se pone las pilas en un año largo podría sacar el título con una validación. Y luego, si Dios lo permite, dice, quisiera inscribirse en el SENA, y aprender peluquería. Valerse por sí misma. Y no esperar nada de nadie. Pero mientras tanto, ¿de qué van a vivir? Por ahora no se sabe.

Que el bebé se llame Dilan pareciera un símbolo descarnado de la Colombia de los últimos meses. Así se llamaba el joven de 17 años que, a 576 kilómetros de donde duerme este bebé, murió por un disparo que le descargó un policía del Esmad. El joven estaba marchando en contra del gobierno y reclamando por la educación. Dimar, asesinado por un cabo del Ejército, y Dilan, cuyo homicidio cometió un miembro de la Fuerza Pública, se convirtieron en símbolos de dos tragedias que nunca debieron ocurrir.

Recostada en la cama del cuarto, Alexandra confiesa que no le puso a su bebé Dilan por el joven que marchaba en Bogotá, así suene simbólico, así muchas personas quieran darle esa connotación. Ella simplemente vio el nombre en la televisión y le gustó. Dilan se parece a Dimar. Y ya está. Lo que a ella le preocupa es que el bebé no pueda llevar el apellido de su padre.

Le han dicho que para registrar al niño primero debe acreditar que el hombre que le dio la vida fue asesinado y que además padre e hijo llevan la misma sangre. Lo que se viene es un proceso largo y tedioso. En el aire queda qué ocurrirá con el bebé mientras tanto. No hay nadie que responda por él, salvo lo que prodigue el abuelo y algunos vecinos. En realidad Alexandra está sola. Sola con un bebé. Dilan abrirá dentro de poco los ojos y ante ellos se extenderá el espacio vacío para una cuna y las fotos de su padre esparcidas por el cuarto.