Inmigrantes no tienen la entrada despejada

EE.UU. se define a sí mismo como un "país de inmigrantes", pero con 11 millones de "sin papeles" dentro de sus fronteras, en su mayoría de origen hispano, la cuestión migratoria está generando división y fuertes tensiones.

La situación es más crítica en el estado de Arizona, que se ha convertido en un verdadero campo de batalla donde se han ensayado las políticas más duras contra los indocumentados, especialmente desde la adopción de su polémica ley SB1070.

"La SB1070 vino a legalizar las acciones de la policía y de algunos aguaciles en Arizona; su impacto ha sido muy negativo, se está tratando de legislar algo que recae solamente bajo la jurisdicción del Gobierno Federal y que, por otra parte, es un obstáculo para la integración de la población ", dijo a Efe Raquel Goldsmith, profesora del Departamento de Estudios Mexicoamericanos y del Instituto Binacional de Migración de la Universidad de Arizona (UA).

La SB1070, la primera legislación de un estado de los EE.UU. en criminalizar la presencia de los indocumentados, se convirtió en ley en 2010, y desató de inmediato un enfrentamiento entre el Gobierno Federal y las autoridades estatales sobre el derecho que tienen los estados a aplicar leyes migratorias.

Tras dos años de lucha legal, el pasado junio el Tribunal Supremo falló en contra de la mayoría de las secciones de la SB1070, pero mantuvo con vida la controvertida sección 2(b), la cual autoriza a la policía local y estatal a preguntar por el estatus migratorio de las personas que "sospechen" que se encuentran de manera ilegal.

"Esta es una disposición racista; por más que nos digan que los policías serán entrenados, sabemos que no es así, ellos detendrán a todos aquellos que 'parezcan' extranjeros", aseguro Goldsmith.

El tema tiene más trascendencia si se tiene en cuenta que en Estados Unidos hay 50,5 millones de personas de origen latino, el 16 % de la población y principal minoría del país, según el Censo de 2010. Se calcula que hay unos 12 millones de inmigrantes indocumentados, en un país con una población estimada de 315 millones de habitantes.

Para solucionar este fenómeno, los candidatos a la presidencia ya tienen sus cartas sobre la mesa:

Por un lado, Obama está a favor de regularizar de forma permanente a los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores. Todavía defiende su promesa de una reforma migratoria integral, incumplida en su primer mandato. Apoya las deportaciones de ilegales, dando prioridad a personas con antecedentes penales.

Por su parte, Romney promete una reforma migratoria con consenso bipartidista y no deportar a los jóvenes indocumentados beneficiados en 2012 por la suspensión temporal de su deportación. A favor de planes para potenciar la inmigración legal. También habló de favorecer que los indocumentados abandonen el país por voluntad propia ("autodeportación").