Empresarios piden a Humala menos tributos

Algunos de los anuncios de campaña de Humala que generaron mayor resistencia fueron la creación de un cobro a las sobreganancias mineras, que afecta al sector económico que aporta el 5 % del producto interno bruto (PIB) del país, y cambios en los contratos de exportación del gas de Camisea para darle a los peruanos ese producto a precios más baratos.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) tiene lista una propuesta que plantea un impuesto sobre las utilidades (beneficios) y no sobre el volumen de ventas para ser presentada al equipo de Humala, una vez que esté sentado en el Palacio de Gobierno el 28 de julio.

El presidente de la minera Buenaventura, dueña de la mina aurífera Yanacocha, Roque Benavides, explicó, en declaraciones a los periodistas, que es un método similar al que funciona en Chile y que, a su entender, "es el sistema más sensato de todos". "Hoy en Perú se pagan más impuestos por minería que en Chile, Australia y Canadá", pero "tenemos que preocuparnos por la competitividad" porque ésta permite que se atraigan mayores inversiones, anotó.

El propietario de la mina de oro más grande de Suramérica agregó que "el Perú es mucho más que el Gobierno, pues la minería tiene muchísimo que dar, y por no querer la minería se puede perder una gran oportunidad".

A su turno, el presidente de la minera de cobre Southern, el mexicano Óscar González Rocha, indicó que el gremio está dispuesto a escuchar las propuestas que les haga la nueva administración "y de ahí a dialogar y llegar a la mejor decisión para ambas partes". "Los que estamos en el país vamos a seguir invirtiendo y vamos a seguir expandiendo nuestras operaciones porque aquí están las minas, pero (bajo otras condiciones) los nuevos inversionistas pueden ir a Chile o Argentina o a un país que pudiera tener mejores condiciones para atraerlos", afirmó González.

La minería en Perú tiene proyectados 5.000 millones de dólares anuales de inversiones en los próximos cinco años, tiempo en el que Humala gobernará, de los cuales un 70 % corresponden a proyectos de cobre y el resto de oro y plata, dijo González a Efe.

En opinión del empresario cuprífero, el "boom" minero que vive Perú seguirá "por lo menos durante tres años" porque los precios del oro y el cobre seguirán altos. La minería también se enfrenta a las protestas sociales que han forzado la suspensión de varios proyectos por la oposición de las comunidades a la contaminación en campos de cultivo y ríos aledaños. González dijo estar de acuerdo con "la inclusión para todos los peruanos, principalmente con los que viven sobre los 3.000 metros de altura" y, en tal sentido, recomendó al nuevo Gobierno tener "un diálogo previo y prudencia para resolver los problemas con las comunidades".

Otro sector económico que suele ser uno de los primeros afectados por las protestas sociales, el turístico, reclama un mayor control a la violencia que estas manifestaciones generan. "La violencia es lo que espanta a un turista de un destino" y "no un cambio de Gobierno, ni un Gobierno dictador o suave", declaró a Efe el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Canales.

El movimiento turístico en Perú genera anualmente ingresos por 10.000 millones de dólares y emplea a más de dos millones de habitantes, lo que representa un 3 % del producto interno bruto, según detalló Canales.

No obstante, este sector reclama al nuevo Gobierno una normatividad en el campo tributario e incentivos para la formalización que le permita crecer a niveles similares a los de Brasil o México.

El presidente de la Sociedad de Hoteles del Perú, José Koecklin, dijo a Efe que "hay una expectativa alta de los grupos sociales (menos favorecidos) con respecto a la creación de empleo en turismo porque es una fuente de trabajo rápido y que se ajusta a sus niveles de capacitación".

Koecklin, que representa a 20 cadenas de hoteles, señaló que, en varios casos de protestas, su sector ha actuado como "facilitador" del diálogo entre el Gobierno y las comunidades, y sugirió que la nueva administración entienda la necesidad de "darle la importancia debida al reclamo (social) de la gente".

EFE