El papa reduce el personal que decide sobre inversiones y compras del Vaticano

Con esta medida, el Vaticano busca evitar maniobras de intermediarios financieros que puedan causar más escándalos, como la compra de un lujoso edificio en Londres que habría provocado un agujero en las cuentas entre US$89 millones y US$202 millones.

El pontífice aprobó un Motu Proprio (documento de la Iglesia católica que sale directamente del papa y surge de su iniciativa) que les otorga categoría legal a sus órdenes, en este caso de eliminar los fondos propios de la Secretaría de Estado del Vaticano.

Tras la salida del texto, a partir del 4 de febrero de 2021, dichos recursos pasarán a ser gestionados por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (A.P.S.A.), con lo cual se reduce el número de personas con capacidad de decisión en los asuntos financieros.

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Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, "la decisión llega antes del 1 enero para que se implemente en los presupuestos de 2021". Además, "esta nueva ley va a reducir el número de responsables económicos, así como a concentrar la administración, la gestión y las decisiones económicas y financieras en los dicasterios que responden a este objetivo", ha explicado en un comunicado de prensa el Vaticano.

Se trata de un nuevo paso en la reforma económica emprendida por Benedicto XVI con la creación del AIF (Autoridad Información Financiera) para vigilar las operaciones sospechosas en las cuentas bancarias del Vaticano. Francisco está completando así un proceso de unificación de las compras e inversiones del Vaticano en un solo ente para mejorar la organización de la Curia Romana.

El Motu Proprio también establece un "mayor control" y "mayor visibilidad" (según el Vaticano) del Óbolo de San Pedro, el fondo que recoge las donaciones de los fieles para las obras de caridad del papa. "Además se refuerzan controles específicos en algunos entes relacionados con la Santa Sede que gestionan cuentas y fondos provenientes de donaciones", se lee en el comunicado.

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Los fondos de la Secretaría de Estado han protagonizado en el pasado ciertas polémicas que han puesto en duda su vigilancia y transparencia, como el caso que acabó con la dimisión forzada del exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Giovanni Angelo Becciu.

Según los medios locales, Becciu, que también fue obligado a renunciar a sus derechos inherentes al cardenalato, está siendo investigado por el Tribunal de la Santa Sede por haber -supuestamente- malversado parte de estas reservas económicas de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, cuando era sustituto y podía gestionar su cartera sin rendirle cuentas a nadie.

Para hacer frente a estos escándalos financieros, el papa también aprobó una nueva ley de transparencia para regular las contrataciones públicas en el Vaticano.

La nueva normativa hace suyos los principios de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 e impide la participación en los concursos públicos del Vaticano de las empresas condenadas por fraude o corrupción, aquellas que tengan sede en paraísos fiscales o evadan impuestos y también las que no respeten el medioambiente.

Europa Press