Cómo Puerto Rico busca evitar la catástrofe fiscal

El gobierno ha dicho que busca un alivio, por sus acreedores, de parte del total adeudado de US$72.000 millones.

El plan revelado el miércoles plantea un extenso proceso de reducción del gasto público.

Entre otras cosas, hace más difícil acudir a ciertos beneficios de seguridad social y pide privatizar algunos activos estatales. También plantea el cierre de algunas escuelas y una reducción en la financiación a la estatal Universidad de Puerto Rico.

El gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, dijo que era una responsabilidad histórica buscar la recuperación económica de Puerto Rico.

En medio de una crisis fiscal profunda, la isla experimenta una difícil situación que ha llevado a cientos de miles de sus habitantes a mudarse al territorio continental de Estados Unidos, aprovechando la condición de ciudadanos estadounidenses que tienen automáticamente todos los puertorriqueños.

El gobierno ha dicho que no puede honrar todas sus obligaciones actuales.

La propuesta revelada el miércoles será puesta a consideración de la legislatura de la isla.

Reglas distintas

A diferencia de otros gobiernos regionales y municipales en Estados Unidos, Puerto Rico no tiene el derecho legal a acogerse al régimen de bancarrota que le brindaría protección frente a sus acreedores.

Esto por no ser uno de los estados de la Unión.

Puerto Rico es considerado un estado libre asociado.

La crisis fiscal de Puerto Rico ha empeorado a medida que muchas empresas han partido de la isla, quejándose de su falta de competitividad, altos costos laborales y de energía.

Opositores también se quejan de la ineficiencia de las autoridades puertorriqueñas.

Varios analistas han advertido que si Puerto Rico actúa unilateralmente para cambiar las condiciones de pago de los bonos de deuda pública, podría enfrentar pleitos legales por sus acreedores.

La isla ha buscado apoyo entre congresistas federales en Washington para buscar una reforma legal que le permita al gobierno acogerse al régimen de bancarrotas, tal como lo han hecho en años recientes autoridades como el gobierno de la ciudad de Detroit al enfrentar problemas fiscales similares.