Ayuda a grandes empresas para financiar su recuperación de la COVID-19

Y es que, precisamente, el sector productivo ha sido uno de los más duramente golpeados con la crisis originada por la propagación de la enfermedad. No solo las pequeñas y medianas empresas se han visto afectadas, sino también las grandes debido a las restricciones, el confinamiento y el cese de muchas actividades comerciales.

Mateo Mendoza, socio de Mendoza Abogados, firma que ha sido recientemente reconocida por The Legal 500 y otras publicaciones internacionales por su experiencia en transacciones financieras complejas y del mercado de capitales en Colombia y bajo leyes extranjeras, y quien a su vez ha sido distinguido como abogado líder en el país en derecho financiero y bancario, asegura que las nuevas líneas de garantías enmarcadas dentro del Programa de Garantías “Unidos por Colombia” del Fondo Nacional de Garantías (FNG), constituyen el mejor apoyo para que el sector productivo opere y se mantengan los empleos, siguiendo la tendencia de los países desarrollados que se han apalancado en el sector financiero para llevar la liquidez al sector productivo.

“Las circulares 038 y 039 de 2020 del FNG permiten a los Intermediarios Financieros acceder al programa de garantías para otorgar créditos a las grandes empresas más afectadas por el Covid-19 por un valor por crédito, que se destine a capital de trabajo, de hasta $36.000 millones de pesos en el caso de la circular 038, o de hasta $100.000 millones de pesos en el caso de la circular 039. Es un programa bien estructurado, pues el gobierno nacional evitó otorgar de manera directa los créditos a las empresas afectadas y, en su lugar, decidió crear un instrumento que le permite apalancarse en el conocimiento y las habilidades del sector financiero para la originación de los créditos. Además, como la garantía del FNG no cubre el 100% del crédito, se obliga a los Intermediarios Financieros a actuar con precaución en la originación y monitoreo de los créditos porque asumen una porción del riesgo en caso de incumplimiento”, explica.

Sin embargo, la firma Mendoza señala que hay ciertas condiciones que merecen una revisión para permitir la recuperación de las grandes empresas sin incertidumbre jurídica, pues, por una parte, las circulares permiten a las empresas beneficiarias realizar pagos a sus afiliadas por servicios requeridos en el giro ordinario de sus negocios y en condiciones de mercado, pero otra parte se prohíbe realizar pagos de cualquier clase que haga la empresa a sus accionistas o a sus Afiliadas que conlleve una erogación de caja.

“Las restricciones de pagos a accionistas son usuales cuando se limitan al pago de dividendos, readquisición de acciones o actos similares para evitar que los financiadores, en este caso el Estado, queden subordinados a los accionistas de los deudores. Sin embargo, restringir cualquier pago a los accionistas y sus afiliadas que conlleve una erogación de caja puede ser contraproducente, particularmente para las concesionarias de infraestructura del país, muchas de las cuales tienen que contratar los servicios de sus accionistas y afiliadas, o adquirir sus bienes, para construir y operar la infraestructura del país, o a otras empresas que arriendan inmuebles a sus afiliadas, como es el caso de algunas grandes superficies”, explica.

Para la firma legal, la implementación de los esquemas de ayuda financiera en el país va por buen camino y recomienda seguir adoptando las prácticas de otros países con mercados financieros desarrollados. También recomienda revisar la viabilidad de ampliar el uso de los recursos a la refinanciación de créditos que por sus condiciones son muy onerosos para las empresas más afectadas por la crisis.