| 11/22/2017 3:31:00 PM

Acopi presenta las “cargas” fiscales y laborales que explican el bajo desempeño de las pymes

El desempeño diario de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en materia fiscal y laboral explica sus bajos niveles de competitividad, lo cual se agudiza con una gran delegación administrativa por parte de institucionalidad pública.

Así lo explicó este miércoles la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Acopi) en una investigación sobre la ‘Simplificación Normativa y Políticas Diferenciales para las Pymes”.

“En los reportes de información exógena además de la información tributaria se exige a las empresas información de uso estadístico que requiere de la dedicación de tiempo y personal”, dice el reporte.

Según Acopi, el Registro Nacional de Base de Datos y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, complejizan la ya dura realidad de las mipymes del país.

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“De hecho, el segundo impacta negativamente a las microempresas y a pesar de que solicitamos unos estándares mínimos aún creemos que se necesita un mayor ajuste para adaptarlos al tamaño y a las capacidades de estas”, explica.

Como parte de la investigación  se pudo identificar una serie de situaciones que son parte del ciclo de operación de las empresas y que por efecto de la regulación o la forma en la que está aplicada, representan “una carga excesiva” para los empresarios.

Algunas de estas obligaciones, según Acopi, son consideradas por los empresarios como desproporcionadas o más gravosas de lo necesario.

Una de estas "situaciones" identificadas por Acopi es, por ejemplo, la retención en la fuente por IVA de 15% a empresas grandes y la responsabilidad que tienen las pymes de pagar el 85% restante.

Foto: La presidenta de Acopi, Rosmery Quintero.

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También señalaron otros factores como la limitación al uso de efectivo para pagos deducibles de impuestos, así como el trámite de presentación de información exógena (medios magnéticos) ante la Dian.

Desde el campo laboral, Acopi solicita reformas en lo que tiene que ver con la diversidad de plazos y trámites para el pago de incapacidades médicas.

También ven como problemática la no existencia de un preaviso a la terminación de contrato por parte de los trabajadores de las pymes.

Incluso, algunos empresarios han cuestionado la obligatoriedad de la vinculación de aprendices del Sena o tener que esperar la terminación del plazo de período de prueba de 2 meses para finalizar el contrato.

Así mismo se analizan algunos factores críticos como los distintos trámites de documentos ante las Cámaras de Comercio, así como la implementación de la norma de protección de datos personales y las diligencias para la autorización de actividades promocionales con base en juegos de suerte y azar.

El análisis de Acopi se centró en tres situaciones específicas. La diversidad de plazos, los trámites para el pago de incapacidades y el impacto de los largos períodos de pago de las facturas en el flujo de caja de las mipymes.

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De acuerdo a los cálculos de la agremiación, la diversidad de plazos y trámites para el pago de incapacidades afecta al 51% de las mipymes encuestadas. Este deber es calificado como difícil o muy difícil por el 57% de los empresarios.

Además, el 89% de esas empresas califica estas obligaciones como uno de sus principales costos laborales, dado que estas actividades demandan “uso excesivo” de tiempo del personal, especialmente en el área de recursos humanos aunque en empresas pequeñas puede requerir incluso de los directivos.  

La presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, dijo a Dinero que el objetivo de este análisis es definir una hoja de ruta para mejorar las condiciones de las empresas.

Así mismo, esa organización busca fomentar la adopción de buenas prácticas como la Ley de Prórrogas en el pago del IVA para las pymes en Perú o el ágil sistema de facturas para proveedores en Chile. Dicho programa establece que si al cabo de 30 días después de recibida la mercancía y si el cliente incurre en mora, éste debe indemnizar a sus proveedores por los costos causados.

El dictamen

Acopi realizó en el año 2015 el primer estudio sobre el impacto de los costos no salariales en la nómina de las empresas, obteniendo como resultado que éstos pueden llegar a representar el 49% del valor de la misma.

Así mismo mostró que para el caso de las pymes que deben incurrir en sobrecostos por la contratación de asesorías y consultorías para cumplir con los cambios regulatorios, dicha inversión equivale hasta el 56,4% de la nómina de las micro, 53,3% en las pequeñas y 52,9% en las medianas empresas. 

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