Esta es la verdad detrás del cultivo de arroz en Colombia y el debate en torno a los incentivos para los cultivadores

Por esta época del año, hay una discusión entre el gobierno y los arroceros, (agricultores e industriales), acerca del incentivo (subsidio) al almacenamiento de arroz, para enfrentar el taco de sobreproducción temporal (julio/septiembre) que se debe almacenar en los molinos de los industriales, que luego en la primera parte del año siguiente sale a cubrir la demanda nacional, pues Colombia no exporta ni un grano del cereal y las importaciones cuando se dan, son marginales. Y luego, en el mayo siguiente, vuelve y juega, como ha ocurrido hace casi tres décadas.

El argumento es y ha sido que, si no se da una compensación a los cultivadores, los industriales reducen el precio que pagan al productor pues deben asumir un lucro cesante de unas 250.000 a 300.000 toneladas, entre el momento de la compra de la cosecha y el momento de la venta al consumidor, unos seis meses en promedio, buena parte cubierto con crédito, habiendo pagado de contado a los cultivadores.

El cacareo oficial de hoy sobre el incentivo al almacenamiento es el mismo de antes: “Luego de estudios autorizados, se demostró que, durante casi 30 años, no sirvió como instrumento para planificar las siembras y organizar los niveles de producción del grano...la discusión no puede darse en términos del incentivo sino que debe avanzar hacia la construcción de una política pública del sector arrocero que beneficie fundamentalmente a los productores”, lo acaba de decir, una vez más, el Ministerio de Agricultura, con mucha razón.

Enseguida, hoy y antes, los cultivadores protestan, su gremios, Fedearroz y Dignidad Arrocera, envían una carta al ministro de turno y en el tire y afloje, se amenaza con bloqueos viales en Tolima, Huila y el Llano, regiones que responden por 77% de la producción nacional. La presión llega al Palacio de Nariño y se le “ordena” al ministro de Hacienda que ponga la plata. Regresa la calma, se recoge la cosecha al precio impuesto a los molineros y a esperar el siguiente y similar round. Nadie alega, por ejemplo, que fijar precios artificiales en un mercado es una señal contra la competencia pues finalmente es el consumidor quien carga con ese sobreprecio.

Y la amenaza de las acciones de hecho ahí: “Lo que menos le conviene al país es que haya un paro arrocero”, dice Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz.

Hoy, ayer y siempre

El pasado 27 de junio, en el centro de Bogotá, cerca al edificio Pedro A López, sede el Ministerio de Agricultura, unas 70 personas, (nada parecido a una “toma”) se supone cultivadores que viajaron desde zonas productoras, protestaron con pancartas por la amenaza del gobierno de Petro de no mantener el mecanismo del incentivo, pues la ministra Jhenifer Mujica, ha planteado su desmonte definitivo dado que el año pasado costó 25.000 millones de pesos y 80.000 millones en 2020-2021, para un total de 100.000 millones de pesos en los últimos tres años aportados por el presupuesto nacional.

Para este 2023, la oferta primera del Gobierno solo ascendió a 8.000 millones, lo cual pareció un “chiste malo” para los productores, pero todo indica que se transaría por unos 20.000 millones, pero la radicalización del equipo del ministerio ha sido muy alta en esta oportunidad y el año próximo será aún más difícil obtener esa aprobación.

Y hay razones para pensar que el modelo de incentivo está llegando a su fin, así no se conozca una salida distinta a las afirmaciones macro que se hacen cada año.

La controversia sobre la conveniencia como instrumento de política de comercialización no parece clara luego de tres décadas de vigencia, comenzando porque se ha convertido en un mecanismo “cómodo” de presión pues para muchos no se entiende el por qué deben pagarlo los contribuyentes, vía presupuesto público, cuando se supone que el precio al productor debe salir del libre juego de la oferta y la demanda para más de 3 millones de toneladas de arroz verde que se ofertan, sembradas en más de 500.000 mil hectáreas, concentradas tres cuartas partes en el centro (Tolima y Huila) y Llanos Orientales.

Dado que el arroz es alimento clave en la canasta de los hogares y su demanda es mayor en los niveles más pobres y vulnerables de la población, el sentido común indicaría que los recursos públicos destinados al almacenamiento deberían favorecer a esos estratos, vía precio que pagan a diario. Las cifras parecen no confirmar esa idea.

De acuerdo con el Dane, entidad que registra los datos de costo vida, en 2022 el precio del arroz al consumidor se incrementó en un 54,05%, casi cuatro veces la inflación en el país, en tanto que el precio que recibieron los agricultores por parte de los molineros aumentó en 65% entre diciembre de 2021 y finales del 2022, sin contar el subsidio del gobierno de cerca de 31.000 pesos por toneladas de verde que recibieron por el incentivo. Los costos de producción (datos de Fedearroz) subieron 30% el año pasado, básicamente por efecto de los fertilizantes, pero muy por debajo del precio al cual vendieron. El precio de compra/tonelada subió en 106% entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022, cifra para nada despreciable.

Sin prevención alguna y con esos datos a la mano, se puede afirmar que 2022 fue de jugosa ganancia para los cultivadores de arroz en Colombia y también para los industriales que procesan el verde que compran cash a los cultivadores, gracias a los consumidores. Esta “bonanza” estimula las siembras, que se espera suban considerablemente en 2023 Y que se calculan muy altas en Casanare, Meta, incluso en La Mojana y por primera vez en Arauca, cosecha que comenzará a recogerse desde finales de este julio. Es extraño que ni gobierno, ni gremio, ni industria conozcan a la fecha las cifras del área sembrada hace cuatro meses.

¿Y entonces por qué los agricultores se quejan, protestan en las calles y buscan que el Gobierno sustente su precio?

Así como el consumo de arroz es importante en la dieta de los más pobres en Colombia y menos relevante a medida que se sube en la escala social (promedio 42 kilos/año por habitante), el argumento de que hay una importante generación de empleo en las zonas productoras no es muy válido. En el país, hay alrededor de 16.000 cultivadores en un área de 500.000 hectáreas. Los datos más confiables es que dada la mecanización del cultivo, hay 1,3 empleos directos por cada diez hectáreas cultivadas, lo cual da un total de 65.000 empleos, escasamente un 2% de la ocupación del sector agropecuario, que es de poco más de 3 millones de personas. De cualquier forma, aunque no hay datos concretos cuantificables, no se puede desconocer su importancia económica en alrededor de 200 municipios en los que se cultiva en distinta proporción de su área.

Un futuro incierto

El problema parece estar en otra argumentación más seria que además prende las alarmas para los próximos años, en el entendido de que, por ejemplo, el arancel para importar arroz de Estados Unidos será cero por ciento a partir del año 2030 como quedó establecido en el TLC firmado en 2012, el cual dispuso 17 años de “gabela” arancelaria que incluye un mecanismo de subasta, cuyo esquema ha permitido al gremio arrocero recibir alrededor de 200 millones de dólares, más de 8 billones de pesos, con el fin de promover la competitividad interna, esto es, mayor productividad por hectárea, mejores prácticas agrícolas y menores costos de producción. Los datos muestran que los avances han sido bastante limitados, pese al esfuerzo gremial para lograrlo. Un dato lo dice todo: la mayor proporción de cultivadores no usa semillas certificadas y cuando se les “obligó” a hacerlo, hicieron paro.

La productividad (ton/ha) es determinante no solo en la renta de agricultor sino frente a la competencia externa, ya sea como exportador o importador. Hay países como Egipto y Australia que producen entre 11 y 12 toneladas por hectárea, pero cuya comparación no tiene sentido con el trópico.

En los primeros 7 años de este siglo, en Colombia la productividad (ton/ha) fue en promedio de 5,02 toneladas, con un aumento de 1,4%, luego entre 2008 y 2011 cayó en 5,7% y se recuperó en algo entre 2012 y 2020 a 4,69 ton/ha, según la Federación de Arroceros. Este fue uno de los propósitos planteados y pregonados por Gobierno y agricultores luego de la firma del TLC con Estados Unidos hace diez años.

De nuevo los resultados han sido limitados. El promedio nacional de rendimiento por hectárea alcanzó en 2021 a 5,7 toneladas, cifra igual a la de 2016. En Tolima y Huila las cifras fueron 7,3 y 7,2 toneladas, respectivamente. Esto es, sin variación en un lustro. En el caso del Llano pasó de 5,0 toneladas a 5,2. Nada importante.

La diferencia de producción entre las dos zonas se debe a que en el Llano solo hay una siembra que se recoge entre julio y octubre, en tanto que en Tolima-Huila, el riego permite dos cosechas con recolección todo el año. Sin embargo, la región oriental del país produce el 45% del total, en tanto que el centro alcanza un 32% y cada año es más evidente esa propensión en favor de la región de los Llanos. Y todo indica que el Llano puede doblar o triplicar su área, mientras Tolima y Huila están en el límite.

Los datos de otros países vecinos son desfavorables para Colombia. Siendo Perú y Ecuador competidores directos, su productividad es de 8,6 ton/ha, cerca de 50% superior a la nuestra. En el caso de Estados Unidos la desventaja es aún mayor.

La realidad es que el avance de productividad en nuestro país va muy lento y la amenaza es evidente no solo por el arancel cero con Estados Unidos en 2030, sino la de importar libremente de los mercados vecinos, que increíblemente tienen una mayor productividad.

El país podría tener una ventaja competitiva alternativa en los costos de producción, pero la realidad es que tampoco es así y mientras eso no ocurra el futuro de los arroceros no es claro y el camino de los subsidios del Estado no parece el mejor por ser insostenible fiscal, social y políticamente.

De acuerdo con datos de Fedearroz, los costos por hectárea en Colombia son de 9 millones de pesos /Ha en el arroz de riego (Tolima y Huila) y de 6,4 millones en el secano del Llano, diferencia sustancial por regiones, pero que, aunque el rendimiento productivo en el centro es mayor que en el oriente, la realidad es que en términos netos al Llano le va mejor que al Tolima porque tiene unos gastos mucho menores, casi del 50%. Ello explica el por qué se está dando un desplazamiento de área cultivada hacia Meta y Casanare y ya se habla de lo importante que puede ser Arauca.

Y hay datos muy preocupantes cuando se desagregan las cifras en particular contra el centro del país. Mientras el canon de arriendo de la tierra en el Llano es 6% de los costos, en el Tolima es de 15%. El valor de arriendo de una hectárea en Casanare cuesta alrededor de 400.000 pesos y en el Tolima vale más de 1,2 millones.

*Economista y periodista. Fue director de la Cámara de arroz de la Andi, director de Procolombia en España y presidente de la Cámara de Comercio de Ibagué. Editor económico de El Tiempo y de Portafolio