¿Sirvió la Política de Seguridad Democrática de Uribe?

La investigación de Gerson Javier Pérez Valbuena, del Banco de la República, “Primera versión de la Política de Seguridad Democrática: ¿Se cumplieron los objetivos?” se enfoca en los resultados de este esquema en Colombia.

De esta manera, indica que la política de seguridad por ser de alcance nacional se enfocó principalmente en las mayores organizaciones criminales, las cuales operan en su mayoría en las áreas rurales y no en los pequeños grupos criminales de las ciudades.

Como se sabe, el esquema fue introducido e implementado desde el primer gobierno del ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, en agosto de 2002.

En ese año, el ex mandatario recibió un país con los más altos niveles de violencia y criminalidad en su historia, con más de 1.600 acciones terroristas, 2.500 extorsiones, 29.000 homicidios y 3.000 secuestros sólo en 2002.

“Fundamentalmente, lo que hizo la diferencia en la obtención de resultados positivos, con respecto a intentos anteriores, fue golpear no solo militar, sino económicamente a las organizaciones al margen de la ley”, señala el informe.

Con el fin de establecer en qué medida la reducción en los niveles de criminalidad pueden ser atribuidos a la política de seguridad, el investigador hizo uso de una base de datos que contiene información de los bienes administrados por la DNE.

“Los resultados obtenidos muestran cómo la nueva política de seguridad está conectada con la mayoría de reducciones en las tasas de criminalidad en el país”, manifiesta el estudio.

Según el informe, se registraron reducciones en la tasa de secuestros de cerca de 110 puntos porcentuales durante el período de post-política. “De hecho, el número de víctimas se redujo de cerca de 4.000 por año a niveles de 678 víctimas cuatros años después”, señaló.

Así mismo, explica que históricamente los grupos guerrilleros han sido los que tienen la más alta contribución al número de secuestros en el país. Por ejemplo, 50% de los 3.713 secuestros en el 2000 fueron llevados a cabo por las guerrillas, principalmente las Farc y el ELN, mientras que el 7% se le atribuyen a los grupos de paramilitares.

“Hubo reducciones de alrededor del 150 puntos porcentuales para los secuestros llevados a cabo por las Farc. De manera similar, pero con efectos menores, los secuestros cometidos por el ELN se redujeron sustancialmente en cerca de 70 puntos porcentuales durante el período 2003 a 2006 en aquellos departamentos con altos incrementos en las incautaciones con respecto a los de bajos-incrementos”, afirmó.

El informe advierte que estas disminuciones no indican que el país tiene niveles de violencia lo suficientemente bajos. “Pero sin ninguna duda, es claro que la política de seguridad trajo consigo un cambio estructural que partió en dos la historia de la criminalidad en Colombia”, recalca.

Finalmente, señala que “el nuevo reto para los próximos gobiernos es el de complementar y armonizar la seguridad nacional y las políticas sociales con los gobiernos locales, especialmente en los principales municipios y áreas metropolitanas, en donde han empezado a ser evidentes los preocupantes aumentos en la criminalidad”.