¿Por qué es tan ‘camelludo’ hacer cambios en el mercado laboral?

El presidente Gustavo Petro anunció que el año entrante llevará ante el Congreso su reforma laboral y aunque aún no se conocen los puntos específicos, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha dado algunas luces sobre sus componentes, dentro de los cuales hay varios que, según expertos, podrían aumentar los niveles de informalidad y de desempleo en el país. La ministra Ramírez confirmó que la reforma que se encuentra en construcción y que tendrá en cuenta propuestas de lo que han denominado ‘diálogo social’ y de la comisión de concertación laboral, tendrá varios puntos importantes. El primero estará relacionado con el regreso de las horas nocturnas tal y como se manejaban hace 20 años, iniciando a las 6 de la tarde y terminando a las 6 de la mañana del día siguiente. El segundo tiene que ver con la eliminación paulatina de algunos tipos de contratos que estarían usando para violar la regulación, como sucede en muchos casos con los contratos de prestación de servicios. También ha manifestado la necesidad de acabar con la tercerización y con las llamadas temporales.

Frente al primer punto, Tatiana Garcés, socia del área laboral de Baker McKenzie, explicó que esta propuesta será un reto para los empleadores, quienes verán un incremento en el costo de nómina. “Ya diferentes gremios han advertido de esta situación, como Fenalco y Acopi. Es relevante mencionar el impacto negativo de esta propuesta en sectores como turismo, gastronomía y entretenimiento, donde el trabajo nocturno es necesario”, advierte.

Para Charles Chapman, socio de Chapman & Asociados, esta propuesta va en contravía de lo que hoy requieren las empresas y desconoce las verdaderas necesidades del país en materia laboral. “Considero que el Gobierno no está entendiendo cuáles son las prioridades. Estas son generación de empleo y disminuir la informalidad, y para ello lo que se necesita es implementar medidas que hagan que el país sea más competitivo para atraer inversión y así generar mayor empleo formal”, explicó.

Sin duda, el impacto de esta medida en sectores específicos se debe evaluar con cuidado. Carlos Mario Sandoval, socio líder People Advisory Services de EY Colombia, dijo que espera que cuando el Congreso legisle sobre este tema no olvide que “las micro, pequeñas y medianas empresas son más del 90 por ciento del tejido empresarial y generan más del 70 por ciento del empleo, por lo que hay que ser muy cuidadosos con las medidas que se adopten en el marco laboral, ya que estas empresas conviven en un entorno económico muy frágil”.

Otro de los puntos que tendrá un gran impacto en el mercado laboral es el de la eliminación paulatina de los contratos de prestación de servicios, sobre todo en el sector público. En este sentido Saida Quintero socia de Quintero y Quintero, explicó que esta no es una propuesta nueva y que siempre ha enfrentado dos grandes obstáculos: “El primero en el Ministerio de Hacienda, pues si se vincula a esas personas formalmente con el Estado su costo se incrementa 50 por ciento si devengan la misma suma que hoy ganan. El segundo es el uso político que les dan a esos contratos los diferentes sectores que gobiernan, que suelen usarlos para pagar favores”.

Y es que, aunque la propuesta también busca acabar con el mal uso de esta figura, sobre todo entre empresas y entidades estatales que la utilizan violando derechos laborales, al hacer, por ejemplo, que los contratistas cumplan horarios de trabajo y sean sometidos a subordinación, no se puede desconocer que hay profesionales que prestan un servicio autónomo a los que les sirve la flexibilidad de estos contratos.

Evelyn Romero, socia del área laboral de Baker McKenzie, considera que “la fuerza de trabajo moderna, exige modelos alternos de contratación diferentes a los tradicionales y aunque es una realidad que los contratos de prestación de servicios se han utilizado, en algunos casos de manera incorrecta, el Gobierno podría incrementar su fiscalización e incluso las multas para quienes los utilicen para violar derechos laborales mínimos”.

Otro de los puntos que preocupa a los laboralistas es la propuesta de restringir la contratación indirecta. Esta decisión, según explica Saida Quintero, desconoce una realidad económica mundial y la necesidad de las empresas de dedicarse al core de su negocio. Esto implica poder subcontratar compañías especializadas. Y en relación con las denominadas empresas de servicios temporales, considera que “lo que se requiere es hacer cumplir las regulaciones existentes y evitar los abusos que se presentan en casos puntuales”.

Otra preocupación frente a este tema es que este tipo de medidas se pueden interpretar como una violación a la autonomía empresarial. Juan Pablo López, socio de López & Asociados, explicó que las acciones encaminadas a regular modelos de la llamada tercerización laboral pueden violentar reglas de la libertad de empresa. “Darle claridad por parte del Gobierno al país sobre el alcance de una reforma laboral es muy importante. La ausencia de propuestas claras ya comienza a generar zozobra entre distintos actores del mundo laboral”, indicó.

Entonces, ¿cómo debería ser la reforma? Todos los laboralistas consultados por Dinero coinciden en que los anuncios que ha hecho la ministra Ramírez se encuentran desconectados de la realidad y se podrían convertir en un tiro en el pie, pues podrían aumentar el desempleo y la informalidad, que hoy ya supera el 58 por ciento. Tatiana Garcés considera que “más que una reforma laboral, se necesitan empresas sólidas que puedan competir en mercados nacionales e internacionales, así como generar crecimiento y empleo, contratando talento calificado” y agrega que el enfoque debe ser en dar mayor flexibilidad e incrementar los niveles de educación en las habilidades que realmente se están demandando.

No obstante, muchos asesores legales consideran que la reforma laboral sí es necesaria sobre todo porque el Código Sustantivo del Trabajo fue expedido a mediados del siglo XX. “La reforma laboral no es solamente necesaria, sino que es mandatoria. A lo largo de las últimas décadas, las sentencias de la Corte Constitucional, los múltiples cambios normativos y la desaparición de los hechos que la norma buscaba regular, han convertido al Código Sustantivo en una colcha de retazos muy difícil de aplicar para la resolución de conflictos y la garantía de los derechos mínimos”, destaca Carlos Mario Sandoval.

En lo que sí coinciden los abogados consultados es en la necesidad de abaratar los costos laborales, sin que esto signifique precarizar las condiciones de los trabajadores actuales. “La pregunta que debemos hacernos es si el incremento de costos en el empleo formal facilita o no el proceso de laboralización de los trabajadores por cuenta propia o de los microempresarios. ¿Qué opinará el tendero o el dueño de un pequeño negocio si le decimos que le vamos a subir el gasto de contratar empleados?”, resaltó Juan Pablo López. Queda claro que esta reforma será uno de los principales retos del Gobierno Petro. Pero no se puede olvidar que no podrá estar enfocada solo en quienes cuentan con un empleo, ya que esto puede disminuir las oportunidades a miles de colombianos para superar el desempleo y la informalidad.

El reto ahora será encontrar un balance en donde los costos laborales permitan que las empresas sean competitivas y que, al mismo tiempo, los trabajadores puedan contar con un sistema sólido de protección social.