Centro Democrático resta importancia a la demanda contra congresistas que donaron a la vaca por las 4G de Antioquia

Ante el Consejo de Estado fue presentada una demanda de pérdida de investidura contra los congresistas que han hecho públicos sus aportes a la colecta de fondos encabezada por la Gobernación de Antioquia.

El proceso fue presentado este lunes de Pascua contra los senadores Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra y María Fernanda Cabal, además de los representantes a la Cámara Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrío y Julián Peinado.

La mayoría de los congresistas demandados pertenecen a la bancada antioqueña o al Centro Democrático, salvo el representante Peinado que es del Partido Liberal, pero ha sido uno de los críticos de las posturas del Gobierno Petro sobre el departamento.

Por esa razón, a través de sus cuentas oficiales, el Centro Democrático respondió a esa ofensiva jurídica y le restó importancia. “Los enemigos del civismo y la ‘vaca’ por las vías atacan de nuevo, ahora lo hacen contra la generosidad y solidaridad de nuestros congresistas. La demanda no tiene asidero jurídico. Primero, porque en la donación no hay ninguna conducta ética o moralmente reprochable; y en segundo término, porque la donación es unilateral y gratuita y no representa beneficio alguno para quienes decidieron apoyar de forma desinteresada esta causa por Antioquia y el país”.

Quedó claro que la postura de esta colectividad es seguir apoyando la vaca por las 4G de Antioquia y que la demanda presentada no impedirá que se siga promocionando la recolecta que se está haciendo.

El abogado demandante, Carlos Mario Patiño, sostuvo que “según el decreto de la Gobernación para reglamentar la vaca, esta se hace mediante donaciones y las donaciones son, típicamente, un contrato cuya parte pasiva es la Gobernación, que es una entidad pública. Ellos están haciendo a título personal una donación a una entidad pública, lo que sería un contrato estatal”.

La demanda fue presentada ante la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado bajo el argumento de que los legisladores demandados habrían violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que les establece la Constitución Política.