Alberto Aroch Mugrabi tendrá nueva cita con la justicia

Tras varios meses de estar congelado su proceso, el empresario Alberto Aroch Mugrabi tiene una nueva cita con la justicia, y será el próximo 6 de marzo en la que tendrá que responder por enriquecimiento ilícito de particulares en la modalidad dolosa y en calidad de autor.

En el caso de Aroch Mugrabi, la fiscalía ha hecho seguimientos en apoyo con la Uiaf (Unidad de Investigación y Análisis Financiero) de las transacciones realizadas para determinar las personas y empresas relacionadas, esto con base en la combinación de las metodologías de análisis de redes y seguimiento de flujos, pudo identificarse la cabeza visible de un esquema que, en apariencia, se dedicaba a actividades de importación y comercialización de textiles, y simultáneamente, a la inversión de recursos en el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

En total son trece denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación contra Aroch Mugrabi quien, en diciembre de 2015, aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, al tiempo que se declaró inocente frente a los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir.

El nombre del empresario Israelí estuvo vinculado al escándalo del multimillonario contrato de arrendamiento del edificio del centro comercial Gran Estación a la Contraloría General durante la administración de Sandra Morelli.

En la investigación contra Aroch Mugrabi, la Fiscalía realizó análisis societario, patrimonial, financiero, y cambiario con el que habrían encontrado el uso de empresas legítimas y fachada, la simulación de operaciones de comercio exterior para justificar recursos de origen desconocido y el aprovechamiento del diferencial cambiario pagado por operaciones comerciales inexistentes.

Así mismo, informaron desde la Fiscalía, se estableció el modus operandi de la organización. Puntualmente, esta hacía uso de una red de empresas del sector textil que realizaba exportaciones ficticias hacia Venezuela y recibía pagos en dicho territorio a través de la comisión de administración de divisas (CADIVI).

Estos hallazgos de lograron a través de la Policía Judicial Económica Financiera (PEF), que determinó que presuntamente los recursos obtenidos mediante transacciones fraudulentas eran incorporados a la economía formal por la vía de la realización de inversiones inmobiliarias en una empresa de construcción oscila entre los 400 mil millones y 700 mil millones de pesos en 14 años.