Retórica ecológica

En su columna, el lector Bernardo Reina aborda la incoherencia con la se aplican las regulaciones ambientales, al igual que la ambiguedad de las organizaciones ambientales.

16 de marzo de 2006

Me da mucha pena, como diría el dominical doctor Santos, pero muchos colombianos hemos observado atónitos que la situación de los parques naturales colombianos es mucho más desoladora de lo que las autoridades habían querido admitir con la Unidad de Parques Naturales a la cabeza. De paras, guerrilla, coca y amapola hemos pasado a evidenciar campos de minas antipersona, puentes, carreteras, cocinas, cristalizaderos de cocaína, campamentos, armerillos, pistas de aterrizaje y otras intervenciones construidas durante años al amparo de las autoridades ambientales, las que parecen estar dispuestas a poner sus más agudos censores en la actividad lícita de los colombianos y de las empresas de bien, mediante la exigencia de un cartapacio de estudios, documentos y permisos para la obtención y renovación de una licencia ambiental, mientras que se han hecho las de la vista gorda con las obras de infraestructura construidas al interior de nuestros santuarios ecológicos, como el Parque Nacional de La Macarena, necesarias para el mejor desarrollo de las actividades ilícitas de los grupos ilegales que allí operan.

Pero bueno, el silencio oficial de tantos lustros no sorprende en un país de descalabros sociales, políticos y por supuesto éticos.

En cambio, han brillado por su ausencia, por su silencio, en detrimento de su acostumbrado protagonismo y agitación, los cientos de organizaciones ecológicas, ambientales, sociales, indígenas, comunitarias, etc, nacionales y foráneas, que permanentemente cuestionan y obstaculizan la actividad legítima del Estado cuando al amparo de nuestro ordenamiento social y jurídico trata de reprimir la actividad ilegal de los cultivos de coca empleados para producir cocaína (será ilegal hasta que como sociedad tomemos otra decisión).

Más de la ferocidad con que las FARC tratan de defender su territorio en La Macarena, asesinando a los erradicadores manuales y a los oficiales de la fuerza pública que les brindan protección, no puede uno imaginarse que con igual radicalidad las obras allí construidas se realizaron bajo parámetros que previamente determinaran los impactos sobre el medio ambiente, las aguas superficiales y subterráneas, el suelo, el medio biótico, el hábitat, el medio ambiente cultural, histórico y arqueológico.

Tal vez este juzgando mal y condenando anticipadamente a estos "actores del conflicto", como hacen los organismos de control cuando notifican a los implicados de sus decisiones a través de los medios de comunicación; tal vez los estudios de impacto ambiental están preservados en alguna caleta en medio de la selva, al igual que los conceptos favorables de la Unidad de Parques y del Ministerio del Medio Ambiente, debidamente foliados y plastificados, para protegerlos del moho y los hongos.

Pero hasta que ello se sepa, me atrevería a decir que lamentablemente lo que hemos escuchado de los ecólogos, ambientalistas, periodistas erigidos en científicos y demás, ha sido pura retórica.

Buscando en internet para tratar de documentarme como un destacado columnista de esta revista, encontré que la combinación "coca + macarena" arroja en el buscador Google cerca de 182.000 resultados, muchos dignos del mejor joyero. ¿Qué me dicen los lectores de esta perla publicada en la página web del Centro de Medios Independientes?: " (.) además, de ninguna manera aceptamos el atentado al patrimonio natural que están causando los bombardeos al pulmón de la Macarena, preservado por décadas con el esfuerzo de distintas personas, organizaciones e instituciones. Estas acciones militares violan el Tratado de Diversidad Biológica suscrito en 1992."

Que Dios nos libre de las acciones de preservación de estas raras organizaciones, como la señora Line Barfoed del partido danés Red-Green Alliance, quienes tratan de tapar el sol con un dedo y aseveran que las FARC son inocentes luchadores de la paz y abanderados de las causas ecológicas.

Siendo testigos de la brutalidad con que los grupos ilegales tratan de defender sus santuarios y el inconcebible silencio de las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, no cabe duda que seguimos viviendo en la tierra de la patria boba ecológica.

Por BERNARDO REINA MANOSALVA. Abogado, Especialista en Gobierno y Políticas Públicas.

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