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Renuncia Alberto Gonzales, secretario de Justicia de EE.UU.

Un funcionario del Departamento de Justicia dijo que Gonzales probablemente será reemplazado interinamente por el procurador general Paul Clement, hasta que se encuentre un reemplazo permanente.

27 de agosto de 2007

Crawford, Texas, EE.UU.- El secretario de Justicia Alberto Gonzales, envuelto en una controversia por la destitución de varios fiscales federales, ha renunciado, dijeron el lunes fuentes oficiales.

Otro funcionario, que también pidió permanecer anónimo, dijo que Gonzales entregó su carta de renuncia el viernes.

El Departamento de Justicia proyectaba una conferencia de prensa para las 10:30 de la mañana (1430 GMT) en Washington. Se espera que el presidente George W. Bush discuta la partida de Gonzales en su vivienda de Crawford, Texas, antes de partir en una gira por estados occidentales.

El secretario de Justicia es un amigo de Bush de larga data. En una ocasión se estudió su designación como juez de la Corte Suprema. Es el cuarto miembro del gobierno en abandonar su cargo desde noviembre del 2006, tras la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas que les permitió recuperar el control del Congreso. Donald H. Rumsfeld, un arquitecto de la guerra en Irak, renunció como secretario de Defensa un día después de las elecciones. Paul Wolfowitz, previamente subsecretario de Defensa, aceptó en mayo abandonar el cargo de presidente del Banco Mundial tras una investigación en que se determinó que había subido el sueldo a su novia, funcionaria de la institución. Y el principal estratega de Bush, Karl Rove, anunció a comienzos de mes que se disponía a abandonar el cargo en septiembre.

Legisladores de oposición, así como influyentes senadores republicanos, cuestionaron la credibilidad de Gonzales en relación al despido de ocho fiscales federales y a la manera en que lidió con el espionaje electrónico de ciudadanos sin autorización judicial.

En enero del 2002, siendo asesor legal de la Casa Blanca, Gonzales redactó un memorándum explicando que la Convención de Ginebra sobre tratamiento a prisioneros de guerra no se aplicaba a los talibanes y miembros de al-Qaida capturados durante la invasión a Afganistán. Según la comunicación de Gonzales, el lenguaje de la Convención de Ginebra, que prohibía someter a los prisioneros a tratamientos "inhumanos", pues representaban un "ultraje a la dignidad personal", era "impreciso" y "curioso".

En sus dos cargos en el gobierno, Gonzales siempre intentó ampliar los poderes presidenciales, incluida la autorización de espiar a los ciudadanos. Además, intentó limitar los derechos legales de los detenidos en la prisión militar norteamericana de Guantánamo.

 

 

AP